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UPL expondrá ante el ministro Ángel Víctor Torres su demanda de una Comunidad Autónoma para León, Zamora y Salamanca

La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, durante una rueda de prensa.
La formación leonesista defenderá en Madrid el derecho constitucional de la Región Leonesa a constituirse como autonomía propia por razones históricas, sociales y económicas

Unión del Pueblo Leonés (UPL) defenderá este martes, ante el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, su histórica reclamación de crear la Comunidad Autónoma de la Región Leonesa, integrada por León, Zamora y Salamanca.

La cita tendrá lugar en la sede del ministerio en Madrid y reunirá a una delegación leonesista formada por la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, el vicesecretario Luis Mariano Santos, y el presidente del partido, Carlos Javier Salgado.

Argumentos constitucionales: “un derecho que nos sigue siendo negado”

Desde UPL defenderán que esta iniciativa está respaldada por la propia Constitución Española, en concreto por los artículos 2 y 143, donde se reconoce el derecho de las regiones a acceder a la autonomía. “El derecho a la autonomía de la Región Leonesa es un derecho constitucional que se nos sigue robando”, denuncian desde la formación.

Recuerdan que en el momento de la aprobación de la Constitución, la Región Leonesa ya estaba reconocida oficialmente como tal, lo que refuerza la legitimidad de su demanda. A juicio de los leonesistas, el artículo 2 de la Carta Magna “reconoce el derecho de las regiones a constituirse como comunidades autónomas, y en ese marco se inscribe plenamente León”.

Asimismo, argumentan que la propuesta cumple con los requisitos establecidos en el artículo 143, que exige que las comunidades estén conformadas por provincias limítrofes con vínculos históricos, culturales y económicos comunes, un criterio que, según UPL, “se cumple de manera evidente entre León, Zamora y Salamanca”.

Desequilibrio territorial y pérdida demográfica

La formación leonesista también pondrá sobre la mesa ante el ministro los graves desequilibrios socioeconómicos que, aseguran, han sufrido estas tres provincias desde su integración en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 1983.

“Desde su inserción en Castilla y León, la Región Leonesa ha perdido más de 180.000 habitantes”, denuncian. UPL sostiene que esta realidad es reflejo de la “peor evolución socioeconómica de una región en periodo autonómico en toda Europa”.

Entre los indicadores que citan figuran la tasa de juventud, el índice de envejecimiento, la actividad económica, el crecimiento vegetativo y la renta per cápita, todos ellos con una evolución “muy por debajo de la media nacional” desde la creación de la actual comunidad autónoma.

El artículo 138 y la necesidad de un nuevo marco político

Otro de los puntos que UPL destacará en su encuentro con Torres es la necesidad de cumplir con el artículo 138 de la Constitución, que exige a las instituciones del Estado garantizar un equilibrio económico justo entre los territorios.

“La Región Leonesa no puede decidir su propio desarrollo, ni gestionar inversiones desde sus propios intereses, y eso la condena al retroceso”, afirman. Desde UPL consideran que solo con una autonomía propia será posible revertir la actual situación de estancamiento y diseñar políticas adaptadas a la realidad leonesa.

Reivindicación histórica con respaldo social

UPL mantiene desde hace décadas esta reivindicación autonómica, y defiende que cuenta con un respaldo creciente en la sociedad leonesa. En este sentido, destacan que no se trata únicamente de una demanda partidista, sino de una propuesta “arraigada en la historia, el sentimiento de identidad y la necesidad de supervivencia económica” de las tres provincias que formaban la antigua Región Leonesa.

Con este encuentro institucional en Madrid, la formación pretende abrir un nuevo canal de diálogo con el Gobierno central y reclamar la apertura de un proceso que permita, si hay voluntad ciudadana y respaldo político, avanzar hacia la creación de una decimoctava comunidad autónoma en el Estado español.

“No pedimos privilegios, sino justicia territorial”, concluyen desde UPL.