Los vecinos de La Lastra y Puente Castro redoblan su rechazo a la planta de biomasa y denuncian su "imposición"
Los vecinos de los barrios leoneses de La Lastra y Puente Castro volvieron este miércoles a salir a la calle para expresar su rechazo al proyecto de la planta de biomasa que abastecerá la Red de Calor de León. Convocados por sus respectivas asociaciones vecinales, los participantes recorrieron las calles desde ambos barrios hasta la plaza de San Marcelo, donde reivindicaron la paralización de una infraestructura que consideran perjudicial para la ciudad.
La movilización se produce en un momento clave, mientras las asociaciones esperan que el Juzgado se pronuncie sobre el recurso contencioso-administrativo presentado conjuntamente por ambas entidades vecinales y Ecologistas en Acción contra la licencia municipal concedida para ampliar la red de tuberías vinculada al proyecto.
Durante la concentración, los asistentes insistieron en que la macroplanta supone una amenaza para el entorno y para la calidad de vida de los ciudadanos. Según denunciaron, la instalación “contamina el aire, el agua y el futuro”, además de “destruir los ríos, árboles y patrimonio”, haciendo referencia de forma expresa al yacimiento arqueológico Ad Legiomen.
Críticas a la Junta y al Ayuntamiento
La portavoz de la Asociación de Vecinos de La Lastra, Ruth Sanz Prieto, fue especialmente crítica con las administraciones implicadas en el proyecto. A su juicio, tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de León están impulsando una infraestructura que “quieren imponer” a los ciudadanos sin contar con el respaldo social necesario.
Sanz Prieto recordó además una circunstancia que considera especialmente llamativa. Según señaló, “un día después de que se iniciaran las obras sin las licencias pertinentes”, el entonces consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “dijo públicamente que non se preocuparan porque el lunes tendría la documentación y el permiso necesarios”.
Para la portavoz vecinal, aquella situación constituye “una tomadura de pelo” para cualquier ciudadano o emprendedor que necesita cumplir todos los trámites administrativos antes de poner en marcha cualquier actividad económica.
“Cualquier persona que quiere montar un negocio tiene que esperar meses para conseguir todos los permisos”, subrayó durante la protesta.
Acusan al alcalde de cambiar de postura
Las críticas también se dirigieron al alcalde de León, José Antonio Diez, cuya actitud respecto al proyecto fue cuestionada por las asociaciones vecinales.
Ruth Sanz Prieto recordó que el actual regidor participó en protestas vecinales contra la planta de biomasa proyectada en Cantamilanos cuando se encontraba en la oposición municipal. “Fue el primero en ir a protestar con los vecinos de Cantamilanos cuando estaba en la oposición y decía que le parecían mal este tipo de plantas”, afirmó.
La portavoz destacó además que la instalación actualmente prevista presenta unas dimensiones muy superiores a aquel proyecto anterior. “Este proyecto es siete veces mayor”, sostuvo, lamentando que, pese a ello, el alcalde “no ha tenido la decencia de hablar en ningún momento con los vecinos”.
En este sentido, aseguró que el Ayuntamiento no ha mantenido ningún contacto con los colectivos afectados ni ha atendido sus demandas de información. “No ha contactado ni con nosotros ni ha escuchado a la calle, a pesar de que cuando estaba en la oposición exigía a los gobernantes que dieran la cara e hicieran lo posible por explicar lo que se iba a hacer”, manifestó.
Falta de transparencia y recursos públicos
Las asociaciones sostienen que el proyecto se ha desarrollado con una importante falta de transparencia y denuncian dificultades para acceder a documentación relacionada con la iniciativa.
Asimismo, cuestionan el uso de fondos públicos y ayudas europeas destinadas a la construcción de la infraestructura. Durante la manifestación se escucharon críticas al supuesto “despilfarro de dinero público y subvenciones europeas”, así como acusaciones de que el proyecto “atropella a los vecinos y a toda la ciudad”.
Para Sanz Prieto, la responsabilidad política recae principalmente sobre el Ayuntamiento. La portavoz considera que José Antonio Diez es el “máximo responsable del atropello”, ya que, según afirmó, “si él no hubiera cedido la parcela a la empresa a la que él llamaba ‘La caja B’ de la Junta cuando no era alcalde, y no hubiera dado licencias de obra, nada de esto sería posible”.
Confianza en la vía judicial
A pesar de que las obras continúan avanzando, los colectivos vecinales mantienen la esperanza de que la vía judicial termine respaldando sus reivindicaciones.
“Confiamos” en que “tarde o temprano” pueda demostrarse que detrás del proyecto existe “un negocio oscuro” y que las administraciones implicadas han actuado con falta de transparencia ante las solicitudes de información formuladas por los vecinos.
Aunque reconocen que la construcción podría continuar salvo que exista una resolución judicial inmediata, los opositores al proyecto mantienen su intención de seguir movilizándose y agotando todas las vías legales disponibles.
“No responde al bien común”
En el tramo final de la protesta, Ruth Sanz Prieto reiteró su convencimiento de que el tiempo acabará esclareciendo lo ocurrido con esta iniciativa energética.
“En un futuro, igual que vimos ‘Trama Eólica’, esto saltará por los aires porque se demostrará que era algo opaco, orquestado y que responde solo a los intereses de ciertas personas y no a un bien común como quieren hacer creer”, concluyó la portavoz vecinal.
Las asociaciones anunciaron que continuarán impulsando acciones informativas y de protesta mientras esperan la decisión de los tribunales sobre un proyecto que sigue generando una fuerte controversia social en la capital leonesa.