Caso mascarillas: arranca el juicio que sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama
Este martes da inicio en el Tribunal Supremo el juicio correspondiente al 'caso mascarillas', proceso en el que el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan en el banquillo acusados de integrar una presunta red corrupta relacionada con la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de 24 años de prisión para Ábalos, quien también fue secretario de Organización del PSOE, y pide 19 años y medio para su asesor. Se les imputan delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación, derivados de su supuesta implicación en la obtención de sobornos a cambio de contratos públicos, a través de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.
Ambos acusados han comenzado este procedimiento judicial en prisión preventiva en Soto del Real desde noviembre pasado. La Fiscalía también reclama multas que podrían alcanzar los 3,9 millones de euros, indemnizaciones para las empresas públicas Ineco y Tragsatec, así como la confiscación de las ganancias obtenidas presuntamente por el cohecho, valoradas en al menos 430.298 euros.
Por otra parte, Anticorrupción solicita únicamente siete años de cárcel para el empresario Víctor de Aldama, en compensación por su cooperación para esclarecer los hechos. La acusación popular, encabezada por el Partido Popular, eleva la demanda máxima a treinta años de prisión para Ábalos y García, manteniendo para Aldama la solicitud de siete años.
El caso mascarillas
El caso mascarillas se enmarca en el denominado caso Koldo y focaliza su investigación en contratos irregulares con un valor aproximado de 53 millones de euros, concedidos a distintas administraciones públicas.
El juicio abordará el presunto negocio ilícito desarrollado en torno a contratos para suministrar mascarillas a Adif y Puertos del Estado en marzo de 2020. Además, se investigan contratos similares con los gobiernos de Canarias y Baleares, así como con el Ministerio del Interior.
De acuerdo con la Fiscalía, Víctor de Aldama actuaba como presunto intermediario de la red, utilizando la empresa Soluciones de Gestión SL para importar material sanitario que, en muchos casos, resultó defectuoso o directamente inexistente. Koldo García, asesor de Ábalos, habría desempeñado un papel fundamental como enlace, valiéndole el acceso directo al exministro para presionar a altos cargos públicos y agilizar la adjudicación de los contratos.
En este entramado, Ábalos sería el supuesto líder, encargado de brindar respaldo político y facilitar decisiones que permitieran el pago anticipado de los contratos, a la vez que supuestamente recibía sobresueldos en efectivo.
El fiscal añade además acusaciones relativas a Ábalos por haber "promovido la contratación" de Jéssica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, a pesar de que ella "nunca desempeñó tarea alguna" entre 2019 y 2021 y cobró 43.978 euros durante ese período. También menciona a otra persona vinculada a Ábalos, Claudia Montes, en la empresa Logirail.
Ábalos y Koldo, una defensa 'coordinada'
Se ha descartado cualquier tipo de confrontación entre José Luis Ábalos y Koldo García, ya que recientemente sus letrados solicitaron al tribunal autorización para mantener reuniones conjuntas con sus defendidos y preparar una línea unificada de defensa.
Leticia de la Hoz, abogada de Koldo, pidió de manera excepcional y proporcional que se permitieran "comunicaciones y visitas conjuntas" en Soto del Real, prisión donde ambos se encuentran desde noviembre en prisión provisional.
Además, la petición remarca que la defensa conjunta exigirá comunicaciones directas entre los acusados y sus abogados, así como el uso de ordenador portátil y dispositivos de almacenamiento para estudiar el caso en una sala sin barreras físicas.
Más de 70 testigos, entre ellos Armengol y Torres
El tribunal, conformado por siete magistrados, fijó el calendario del juicio que se desarrollará durante jornadas matutinas y vespertinas en las fechas 7, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de abril. Está previsto que comparezcan más de setenta testigos.
Entre los testigos citados figuran la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, quienes eran presidentes autonómicos de Baleares y Canarias en el momento de los hechos. Ambos han solicitado declarar mediante escrito, y el tribunal ha admitido esta modalidad.
Sin embargo, las defensas de Ábalos y García rechazan este formato porque consideran que no facilita la realización de preguntas complementarias ni permite evaluar el "lenguaje no verbal" de los testigos. Para anticiparse a la posible declaración por escrito de ambos, la defensa de García solicitó un periodo extraordinario para interrogarles sin revelar anticipadamente su estrategia procesal.