Cristóbal Montoro, imputado por presunto uso corrupto de Hacienda para beneficiar a empresas privadas
Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018), ha sido formalmente imputado por un juzgado de Tarragona por presuntas prácticas corruptas al frente de su ministerio. El magistrado instructor del caso le atribuye delitos de tráfico de influencias, cohecho continuado, prevaricación, fraude contra la administración pública, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad documental.
El auto judicial sostiene que Montoro habría utilizado su posición institucional para favorecer a clientes del despacho Equipo Económico —consultora fiscal fundada por él antes de entrar en el Gobierno— mediante reformas legales y reglamentarias diseñadas a medida. Según el juez, “existía una estructura organizada desde el seno del Gobierno” destinada a obtener beneficios económicos para determinadas empresas privadas, en perjuicio del interés público.
Una red de poder dentro del Ministerio de Hacienda
El magistrado imputa también a toda la cúpula del Ministerio de Hacienda durante los años de Montoro al frente. Entre los implicados figuran nombres como Miguel Ferré (secretario de Estado), Pilar Platero (presupuestos), Felipe Martínez Rico (subsecretario de Hacienda), Santiago Menéndez (exdirector de la Agencia Tributaria), así como varios directores generales y asesores de alto nivel.
En total, la investigación involucra a 28 personas físicas y 5 entidades jurídicas, incluyendo a empresas beneficiadas como Air Liquide, Messer, Abelló Linde, Praxair y Carburos Metálicos, todas ellas del sector gasista e industrial.
El juez detalla que desde 2012 hasta 2018, se habría operado un mecanismo institucional para redactar leyes conforme a los intereses de empresas privadas que, a cambio, realizaban pagos significativos a la red. Estas reformas habrían sido elaboradas o modificadas con conocimiento de causa para garantizar ventajas económicas concretas a las compañías que contrataban los servicios del antiguo despacho del ministro.
“Un camino de doble dirección entre lo público y lo privado”
El auto subraya que Montoro nombró como altos cargos a personas con vínculos directos con Equipo Económico, creando así una vía de comunicación fluida entre el ámbito privado y el aparato legislativo del Estado. Las reformas fiscales y presupuestarias habrían sido objeto de negociación directa con clientes corporativos, vulnerando los principios de imparcialidad y legalidad de la función pública.
Este esquema, según el juez, representa un uso deliberado del poder institucional para enriquecer a terceros y al entorno del exministro. “No se trata de casos aislados o decisiones cuestionables, sino de una organización dentro del ministerio que respondía a intereses particulares a cambio de contraprestaciones económicas”, señala el instructor.
Reacciones políticas e incertidumbre judicial
Hasta el momento, el Partido Popular no ha emitido una valoración oficial sobre el caso, aunque fuentes internas admiten que se trata de una investigación “de especial gravedad”. Desde otros sectores políticos, como Sumar o el PSOE, ya se ha exigido la comparecencia del expresidente Rajoy para aclarar si estaba al tanto de las prácticas que supuestamente se extendieron durante sus dos legislaturas.
Montoro, que dejó la primera línea política tras la moción de censura de 2018, aún no ha hecho declaraciones públicas tras conocerse la imputación. En el pasado, siempre defendió que sus vínculos con Equipo Económico se rompieron al asumir el cargo ministerial, aunque en comparecencias en el Congreso fue cuestionado por posibles conflictos de intereses.
El caso sigue bajo secreto parcial y se prevén nuevas diligencias
La instrucción, dirigida desde Tarragona, continúa bajo secreto parcial y podría ampliarse en los próximos meses si se confirma el alcance de la red. El juez ha solicitado ya a la Agencia Tributaria y al Tribunal de Cuentas documentación adicional sobre contratos, modificaciones normativas y comunicaciones internas del Ministerio de Hacienda durante el periodo investigado.
El caso promete convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción institucional vinculados a la tecnocracia del Estado en los últimos años, por la magnitud del número de altos cargos implicados y la trascendencia de las decisiones presuntamente manipuladas. La imagen de neutralidad técnica y autonomía del Ministerio de Hacienda ha quedado fuertemente sacudida.
La justicia ahora deberá determinar si lo que ocurrió entre 2012 y 2018 fue un episodio aislado o un modelo deliberado de privatización encubierta del poder público.