El fiscal general Álvaro García Ortiz se aferra al cargo pese a su procesamiento por revelación de secretos
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado su decisión de no dimitir tras ser procesado por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado por un presunto delito de revelación de secretos. Se trata de una situación sin precedentes en la historia democrática española: por primera vez podría ser juzgado un fiscal general en ejercicio.
El auto firmado por el instructor propone enviar al banquillo a García Ortiz por supuestamente filtrar el contenido de un correo electrónico confidencial que implicaba al abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía y Moncloa respaldan su continuidad
Pese a las acusaciones, fuentes del entorno del fiscal aseguran que este "reitera su inocencia sobre los hechos que son objeto de imputación" y mantiene su compromiso con la institución. La Fiscalía General del Estado ha respaldado su permanencia al frente del organismo y ha reiterado su intención de defender la integridad del Ministerio Fiscal.
Desde el Gobierno, también se ha cerrado filas en torno a García Ortiz. Fuentes de Moncloa han reafirmado su “máximo apoyo” al fiscal general, rechazando las exigencias de dimisión formuladas por la oposición, en especial desde el Partido Popular.
Qué se le imputa: una presunta filtración por interés político
Según el magistrado Hurtado, García Ortiz habría actuado con el propósito de influir en la opinión pública para contrarrestar a la Comunidad de Madrid. La acusación concreta es la filtración de un correo entre el abogado Carlos Neira y el fiscal Julián Salto, en el que se reconocían dos delitos de fraude fiscal cometidos por la pareja de la presidenta regional. El instructor sostiene que esta actuación se produjo "por indicaciones" de Presidencia del Gobierno.
El delito por el que se le procesa está tipificado con penas de uno a cuatro años de prisión, así como inhabilitación o suspensión de cargo público por varios años.
Diferencias legales con otros fiscales
El auto también afecta a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que se enfrenta al mismo proceso. Sin embargo, a diferencia de García Ortiz, ella será suspendida de empleo y sueldo, tal como establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para los fiscales procesados.
En cambio, al estar en situación de servicios especiales, el fiscal general no está obligado a dejar el cargo, lo que genera un debate jurídico y político sobre su continuidad.
La respuesta institucional
Desde la Fiscalía General se insiste en que García Ortiz actuó dentro de los márgenes legales y que seguirá al frente de la institución para garantizar su independencia y transparencia. La resolución final dependerá de si la Sala de lo Penal del Supremo confirma el procesamiento y da luz verde a un juicio histórico. Mientras tanto, el fiscal general permanece en su puesto, decidido a afrontar el proceso desde la responsabilidad institucional.