El Gobierno defiende la legalidad del rescate a Plus Ultra en pleno debate judicial
El Ejecutivo central ha defendido la legalidad del rescate concedido a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas durante la pandemia, valorado en 53 millones de euros, después de que una investigación judicial haya puesto el foco en posibles irregularidades y en su posible relación indirecta con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Según el Gobierno, la operación se ajustó a los criterios establecidos para las ayudas a empresas estratégicas en el contexto de la crisis sanitaria, y fue aprobada dentro de un procedimiento administrativo basado en informes técnicos.
Un rescate bajo revisión judicial y política
El expediente de Plus Ultra fue autorizado a través del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dentro del marco de apoyo a empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.
Fuentes del Ejecutivo sostienen que la concesión del préstamo fue avalada por distintos análisis internos y externos, incluyendo informes técnicos, revisiones jurídicas y controles posteriores de organismos nacionales y europeos.
Entre los órganos que han supervisado el caso se citan la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea, que no habría apreciado irregularidades en el esquema general de ayudas públicas.
Aplazamientos y funcionamiento automático de la Seguridad Social
En paralelo al debate sobre el rescate, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha respondido a las informaciones que apuntan a un posible incumplimiento de requisitos de la aerolínea en materia de cotizaciones.
El departamento sostiene que los aplazamientos de deuda durante la pandemia se tramitaron de forma masiva y reglada, con más de 137.000 operaciones concedidas en ese periodo, y que los certificados de estar al corriente se emitían mediante sistemas automatizados sin intervención directa de funcionarios en cada caso.
Requisitos y procedimiento administrativo
Desde el Ministerio se insiste en que los aplazamientos concedidos a empresas como Plus Ultra se realizaron conforme a la normativa vigente, bajo criterios técnicos y con exigencias de viabilidad económica y garantías de pago.
Asimismo, subrayan que todas las operaciones aprobadas en aquel contexto excepcional fueron finalmente liquidadas conforme a los plazos establecidos, en un marco de actuación extraordinario por la crisis sanitaria.
Contexto judicial y repercusión política
El caso se encuentra actualmente bajo análisis judicial, mientras distintas formaciones políticas han solicitado explicaciones en el Congreso y en el Senado sobre el proceso de concesión de ayudas públicas a empresas durante la pandemia.
El debate se centra en la aplicación de los criterios de acceso a las ayudas y en la supervisión de los mecanismos de control utilizados en su adjudicación, en un contexto de revisión general de los rescates empresariales activados entre 2020 y 2022.