Hacienda inspecciona a Zapatero, su familia y empresas ligadas al caso Plus Ultra
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha inspecciones fiscales que alcanzan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa María Sonsoles Espinosa, a sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, al empresario Julio Martínez Martínez y a varias sociedades mercantiles vinculadas al entorno investigado en el caso Plus Ultra. La apertura de estas actuaciones ha sido comunicada al titular del Juzgado Central de Instrucción que dirige la causa en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, a quien Hacienda ha solicitado orientación sobre si debe mantener o paralizar los expedientes mientras siga abierta la investigación judicial.
La iniciativa de la Agencia Tributaria se produce en un momento de máxima sensibilidad procesal, ya que coincide con la instrucción que analiza la presunta operativa vinculada al rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en marzo de 2021. En ese procedimiento, el magistrado atribuye de forma indiciaria al expresidente posibles delitos de tráfico de influencias, integración en organización criminal y falsedad documental, a los que se han sumado después sospechas de carácter fiscal y de contrabando por otra línea separada de investigación.
Madrid y Valencia notifican inspecciones abiertas desde junio
La comunicación remitida al juez procede de las delegaciones de la Agencia Tributaria en Madrid y en la Comunidad Valenciana. En esos escritos, Hacienda informa de que las comprobaciones inspectoras se encuentran abiertas desde junio y plantea al órgano judicial si corresponde suspenderlas por la existencia de una causa penal en marcha.
El punto clave de la consulta reside en el encaje entre la investigación tributaria y la penal. La Agencia Tributaria advierte de que una eventual suspensión solo puede acordarse por prejudicialidad penal si así lo ordena el órgano jurisdiccional competente. Al mismo tiempo, pone de relieve que la paralización afectaría al cómputo de los plazos de prescripción para la eventual determinación de deudas tributarias, una circunstancia que obliga a definir con precisión el marco procesal de estas actuaciones.
Tras recibir esa petición, el juez Calama ha optado por dar traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si procede o no detener la actividad inspectora mientras continúa la instrucción del caso.
IRPF, IVA, patrimonio y grandes fortunas: el alcance de las comprobaciones
La actuación de Hacienda no se limita a una revisión genérica, sino que detalla los conceptos y ejercicios fiscales sometidos a examen. En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, la inspección se centra en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al periodo 2021-2024, el IVA comprendido entre el segundo trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2024, así como el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Sobre María Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente y no investigada en la causa principal, la Agencia Tributaria ha abierto comprobaciones sobre el IRPF de 2021 a 2024, el Impuesto sobre el Patrimonio de esos mismos ejercicios y también el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Las inspecciones alcanzan igualmente a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, respecto de las cuales se revisa el IRPF de 2021 a 2024, y a la sociedad Whathefav, la empresa vinculada a ambas, sometida a examen por el Impuesto sobre Sociedades entre 2021 y 2024 y por el IVA desde el segundo trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2024.
Julio Martínez y varias mercantiles, también bajo revisión
La ofensiva inspectora se amplía además al empresario Julio Martínez Martínez, señalado en la investigación como amigo del expresidente y presunto testaferro, y a un conjunto de sociedades mercantiles relacionadas con la causa. Entre ellas figuran compañías que ya están en el radar del juez por su posible papel en la operativa investigada en torno al rescate de Plus Ultra.
La Agencia Tributaria ha puesto igualmente bajo comprobación las declaraciones de IVA e Impuesto sobre Sociedades de más de una decena de empresas en el periodo 2021-2025. En ese grupo se encuentra Idella Consulenza, sociedad vinculada a Julio Martínez y que suscribió con Plus Ultra un contrato de asesoramiento por el que debía percibir una remuneración equivalente al 1% más IVA del importe de la ayuda pública concedida a la aerolínea.
La documentación trasladada al juzgado explica que estas actuaciones se iniciaron una vez se tuvo conocimiento de la existencia de una causa penal abierta contra Julio Martínez y contra José Luis Rodríguez Zapatero, y precisa que todas ellas tienen alcance general sobre los obligados tributarios afectados.
El registro de mayo abrió una nueva fase en la causa
La apertura de estas inspecciones fiscales se produce después de una de las actuaciones más relevantes del procedimiento. El pasado 19 de mayo, agentes policiales registraron el despacho profesional del expresidente, así como otras dependencias relacionadas con el entorno investigado, entre ellas la empresa Whathefav S.L., dedicada al marketing y vinculada a sus hijas.
Aquella operación, acordada por el juez Calama, se enmarcó en la investigación sobre la presunta operativa derivada del rescate de Plus Ultra. El magistrado sostiene de forma indiciaria que el expresidente habría podido participar en maniobras susceptibles de relevancia penal vinculadas al cobro de esa ayuda pública de 53 millones de euros.
Durante esos registros apareció además un elemento que ha abierto una línea propia de investigación: un conjunto de joyas localizadas en una caja fuerte y valoradas posteriormente en 1,3 millones de euros. La procedencia de esas piezas y su eventual encaje fiscal y aduanero han derivado en otra causa por presunto fraude tributario y contrabando.
Las joyas, origen de una pieza separada por fraude fiscal y contrabando
La localización del centenar de joyas durante el registro ha añadido una nueva dimensión a la situación procesal del expresidente. A raíz de ese hallazgo, el juez abrió una investigación específica para determinar el origen de los bienes y si su tenencia o eventual introducción en España pudo dar lugar a infracciones penales de naturaleza tributaria o aduanera.
En esa pieza separada se ha personado la Agencia Tributaria a través de la Abogacía del Estado, una vez que el magistrado le ofreció la posibilidad de actuar como acusación. El avance de esa línea de investigación se ha cruzado ahora con la apertura de las inspecciones fiscales, que buscan revisar de manera completa la situación tributaria de los afectados en los últimos ejercicios.
Rodríguez Zapatero compareció como investigado ante la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio, pero en esa declaración no ofreció explicaciones de fondo sobre las joyas intervenidas y solicitó tiempo para pronunciarse sobre esa cuestión. Hasta el momento, según la información incorporada a la causa, esa aclaración no se ha producido.
Calama limita a la UDEF a la información estrictamente vinculada al procedimiento
En paralelo a la dimensión fiscal del caso, el juez José Luis Calama ha adoptado otra decisión con impacto directo en la instrucción. El magistrado ha atendido una petición formulada por la defensa del expresidente y ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que acote sus informes a la información relevante para la causa, evitando incorporar anexos o datos ajenos al objeto de la investigación.
La decisión llega después de la difusión de documentos y comunicaciones privadas, entre ellas agendas correspondientes a 2024 y 2025 y mensajes intercambiados por WhatsApp con su secretaria, Gertrudis Alcázar, también investigada en el procedimiento. Esa documentación dio pie a publicaciones que excedían el marco estrictamente judicial y alcanzaban aspectos de la esfera personal del expresidente.
Con esta providencia, el instructor trata de fijar un perímetro más estricto para la actuación policial y para el contenido de los atestados, limitando la incorporación de materiales que no tengan relevancia directa en la causa penal.
Gestha subraya el carácter inédito de la actuación de Hacienda
La activación de inspecciones tributarias en este contexto ha sido interpretada por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) como una actuación sin precedentes en este tipo de procedimientos. En un comunicado difundido tras conocerse la decisión, la organización ha destacado que se trata de la primera ocasión en la que la Agencia Tributaria abre inspecciones sobre personas que ya están siendo investigadas por delitos fiscales en sede judicial.
Gestha pone el acento, además, en la rapidez con la que Hacienda ha pedido al juez aclaraciones sobre una posible suspensión de los expedientes, incluso en una fase muy inicial de las actuaciones inspectoras. Ese elemento añade complejidad al encaje entre la investigación administrativa y la judicial, en una causa que combina la instrucción penal por el rescate de Plus Ultra, la revisión de las obligaciones tributarias del entorno del expresidente y la pieza separada abierta por las joyas halladas en el registro.
Una doble vía de investigación con consecuencias aún abiertas
El caso entra así en una nueva fase en la que conviven dos frentes de especial relevancia. Por un lado, la instrucción penal que dirige José Luis Calama sobre la presunta trama vinculada al rescate de Plus Ultra y sobre el patrimonio hallado en los registros. Por otro, las actuaciones de la Agencia Tributaria para revisar la situación fiscal de Zapatero, de su entorno familiar y de varias empresas conectadas con la investigación.
La respuesta que adopte ahora la Fiscalía sobre la consulta planteada por Hacienda será clave para determinar si ambas vías avanzan en paralelo o si la inspección administrativa debe quedar congelada hasta que el procedimiento penal aclare el alcance de los hechos investigados. Mientras tanto, el caso suma un nuevo vector de presión sobre el expresidente y su entorno, con la inspección tributaria convertida ya en una pieza central del tablero judicial y fiscal.