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El hermano de Pedro Sánchez, inhabilitado nueve años por prevaricación administrativa

David Sánchez, en una imagen de archivo.
La Audiencia de Badajoz ha anunciado este martes la sentencia contra David Sánchez y el expresidente de la Diputación y ex líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, también inhabilitado para cargo público

La Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto una pena de inhabilitación especial por nueve años a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta sanción incluye la prohibición para ocupar cargos públicos y el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

Según la sentencia hecha pública el martes, Sánchez Pérez-Castejón ha sido declarado culpable de un delito de prevaricación administrativa en calidad de cooperador necesario.

Condena a Miguel Ángel Gallardo

Por otro lado, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE en Extremadura, también ha sido sentenciado. La corte lo encontró responsable de dos delitos de prevaricación administrativa, imponiéndole una inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo por nueve años.

Esta decisión se da en el contexto de una investigación sobre irregularidades en las contrataciones dentro de la Diputación de Badajoz, que han tenido una gran repercusión política.

Proceso judicial y acusaciones populares

El juicio tuvo lugar entre el 28 de mayo y el 9 de junio, finalizando con la presentación de los informes finales de todas las defensas de los once acusados. Tanto la Fiscalía como las defensas solicitaron la absolución, mientras que las acusaciones calificaron lo sucedido como una "farsa" en el proceso de contratación.

La causa se originó tras meses de indagaciones sobre la contratación irregular de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, inicialmente como coordinador de Actividades de los Conservatorios y más adelante en puestos relacionados con Artes Escénicas. Su nombramiento ocurrió en julio de 2017 y presentó la dimisión en febrero de 2025. Durante el juicio, estuvo acusado de prevaricación y tráfico de influencias.

En este procedimiento judicial se enfrentaron once acusados y siete acusaciones populares. Entre estas figuraron la organización ultraconservadora Manos Limpias, la asociación de extrema derecha Hazte Oír, los partidos políticos PP, Vox e Iustitia Europa, la Asociación Liberum y la Fundación de Abogados Cristianos.