El Supremo envía a juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz y le impone una fianza de 150.000 euros
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dictado la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un procedimiento que no admite recurso y que le llevará directamente al banquillo. El juez considera que existen indicios sólidos de un delito de revelación de secretos, tras la filtración de un correo electrónico confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Fuentes jurídicas apuntan a que la Sala de lo Penal podría fijar la vista este mismo otoño, con el objetivo de que la sentencia se conozca antes de final de año.
Las acusaciones y la defensa
El fiscal general se enfrenta a una posible condena de hasta seis años y medio de prisión, como reclama una de las acusaciones populares. La Fiscalía, en cambio, ha solicitado el sobreseimiento del caso y no ejerce acusación contra él.
En su auto, Hurtado recuerda que García Ortiz, “indiciariamente, reveló, en su condición de fiscal general, secretos de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo”. Según la resolución, al difundir esa información “se vulneró el deber de discreción y se puso en entredicho el prestigio de la institución”.
Rechazo a suspenderle del cargo
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) había pedido que se le apartara cautelarmente de sus funciones, pero el magistrado lo ha rechazado. En su lugar, ha remitido el auto a la Inspección Fiscal, para que valore si procede algún tipo de actuación administrativa.
García Ortiz, por su parte, ha reiterado públicamente su intención de continuar al frente de la Fiscalía General del Estado: “Seguir en el cargo es la mejor manera de defender la institución, porque soy inocente”, ha defendido.
Fianza y próximos pasos
El juez fija una fianza de 150.000 euros para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias. Si no la deposita en cinco días, se procederá al embargo de sus bienes. Además, concede un plazo de diez días a su abogado para presentar el escrito de defensa.
La causa ya fue depurada por la Sala de Apelación del Supremo, que archivó el procedimiento contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, pero avaló la solidez indiciaria contra García Ortiz.