El Supremo inhabilita dos años al fiscal general por revelar información reservada
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha impuesto una pena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerarlo responsable de un delito de revelación de secretos. La resolución concluye que el responsable del Ministerio Público facilitó la difusión de un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el letrado de Alberto González Amador, investigado por un supuesto fraude fiscal de 350.000 euros mediante el uso de facturas falsas.
La comunicación, fechada el 2 de febrero, formaba parte de los contactos previos a una posible conformidad en la causa tributaria. El contenido acabó trascendiendo el 13 de marzo de 2024, horas después de que se publicara una versión distorsionada sobre esas negociaciones atribuida al entorno de la presidenta madrileña.
Un proceso con 40 testigos y múltiples versiones
El fallo llega tras un juicio celebrado entre el 3 y el 13 de noviembre, en el que declararon 40 testigos. Entre ellos comparecieron el propio González Amador, el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el exdirigente socialista Juan Lobato; y una docena de periodistas de distintos medios.
Durante el proceso, varios comunicadores afirmaron que conocían que el empresario había asumido responsabilidades penales con anterioridad al envío del correo a la Fiscalía, e incluso aportaron conversaciones de WhatsApp que lo acreditaban. Tres periodistas reconocieron haber tenido acceso al email, pero negaron que procediera del fiscal general, amparándose todos ellos en el secreto profesional para no revelar el origen de la filtración.
Tensiones entre defensas y acusaciones
Las acusaciones cuestionaron la sobriedad de los testimonios periodísticos, alegando que el derecho a no desvelar las fuentes permitiría ocultar información relevante. El abogado de González Amador llegó a sugerir que algunos comunicadores “podrían estar preservando contactos dentro del Ministerio Fiscal”, lo que a su juicio comprometería la credibilidad de sus declaraciones.
Pese a estas divergencias, la Sala concluyó que García Ortiz tuvo responsabilidad directa en la divulgación del contenido del correo. La sentencia sienta un precedente inédito al afectar a la máxima autoridad del Ministerio Fiscal y deja a la institución en un escenario excepcional a la espera de que se materialicen los efectos de la inhabilitación.
Respeto institucional con desacuerdo político
Fuentes del Gobierno señalaron tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo que el Ejecutivo “respeta el fallo, pero no lo comparte”, a la espera de disponer del contenido íntegro de la sentencia. El pronunciamiento judicial cuestiona la continuidad de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, lo que obliga a activar el relevo en la institución.
Inicio del proceso para nombrar un nuevo fiscal general
El Gobierno confirmó que en los próximos días se abrirá el procedimiento para el nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado. Según trasladaron las mismas fuentes, la persona elegida será de “máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho”, con el objetivo de garantizar estabilidad y solvencia institucional en un cargo clave en el sistema de justicia.
Reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz
Desde el Ejecutivo quisieron expresar su reconocimiento a Álvaro García Ortiz, destacando su papel “en defensa de la ley y la verdad” durante su etapa como fiscal general. El Gobierno subraya que su trabajo ha contribuido al funcionamiento ordinario de la Fiscalía y agradece el compromiso mostrado durante su mandato.