2025 en Castilla y León: Pacto Social de Familias y nueva historia social única
El año 2025 se estrenó en Castilla y León con el Pacto Social de las Familias para avanzar en una sociedad más justa, inclusiva y solidaria y no dejar a “nadie atrás”, con medidas en materia de educación, empleo, vivienda y servicios sociales. Y acabó con la puesta en marcha de la historia social única, tras aunar 50 bases de datos de diferentes administraciones para la consulta de 4.000 profesionales del ámbito de los Servicios Sociales pero también para los 1,5 millones de personas que han recibido diferentes ayudas y prestaciones, participado en itinerarios y cursos y solicitado recursos. También concluyó con la decisión de la Junta de retirar de las Cortes el proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género, tras constatar el rechazo del Partido Socialista.
El Pacto Social de las Familias, firmado en enero entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y 45 entidades del Tercer Sector, brinda la oportunidad de proteger a las personas más vulnerables y ayudar a las familias en situaciones de crisis sobrevenidas.
Medidas
En concreto, el documento contiene 56 medidas como avanzar en un nuevo modelo de Renta Garantizada de Ciudadanía (vincula la ayuda a la búsqueda activa de empleo y la escolarización de los menores), la consolidación de la educación gratuita de 0 a 3 años, las ayudas para la atención de necesidades básicas en situaciones de emergencia social y ampliación del umbral de ingresos, el servicio de apoyo a la integración sociolaboral de jóvenes procedentes del Sistema de Protección a la Infancia, garantizar las ayudas al alquiler a todas las familias con ingresos entre 0,5 y tres veces el Iprem y la gratuidad de libros de texto, comedor escolar y Programa Madrugadores para las familias vulnerables. El impacto económico anual rondará los 75 millones de euros.
El Pacto también recoge la implantación de la denominada historia social única, junto al Portal Profesional y el Portal del Ciudadano, que implica la total integración de las actuaciones de los profesionales de los 190 CEAS (Centros de Acción Social) de la Comunidad, que prestan servicio en las nueve gerencias territoriales de Servicios Sociales y en los servicios centrales de la Consejería.
A partir de ahora, según la información recogida por la Agencia Ical, todas las personas que lo deseen podrán consultar tanto su propia información como realizar búsquedas generales a través del Portal del ciudadano. Algo que ahora es una realidad tras los avances realizados como la configuración de grandes plataformas digitales como Catdiss -catálogo de Servicios Sociales al alcance de profesionales y ciudadanos, con 4.400 entidades, 2.100 centros y 5.700 servicios geolocalizados y accesibles- y el sistema Repriss, con el que se ha digitalizado y automatizado el flujo de información entre todos los actores que participan en la gestión de los Servicios Sociales para reducir la carga burocrática y que todos los datos estén permanentemente actualizados.
Retirada del proyecto de ley de violencia de género
La cara en los Servicios Sociales llegó en diciembre, cuando la Junta anunció por sorpresa la retirada del proyecto de ley de violencia de género, que se tramitaba en las Cortes, después de que el Grupo Parlamentario Socialista rechazara el texto. Una decisión que llegaba unas horas de la reunión de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades que iba a debatir y votar las enmiendas parciales y el texto final que debía remitirse al Pleno de la Cámara.
Era la primera vez que el Ejecutivo ordenaba la retirada de un proyecto de ley, aunque la disposición es recuperarlo en la próxima legislatura, tras las elecciones de marzo. La Junta defendió que la ley era “buena” pero contaba con el bloqueo del PSOE, que ya advirtió que sin enmiendas no saldría adelante. En este sentido, dejaron claro que tenían “líneas rojas” en materias como la interrupción voluntaria del embarazo, los centros de emergencia o la discapacidad.
El anteproyecto, aprobado en enero por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico y que tenía previsto modificar la actual norma de 2010, tipificaba nuevas formas de agresión como la digital y la tecnológica, la vicaria o la de segundo orden y completaba la red de atención y protección con los centros de crisis Atiendo.
La violencia de género también fue motivo de reproches entre PP y PSOE, sobre todo a raíz de los fallos en las pulseras antimaltrato, hasta el punto que la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró que se trataba de una "chapuza más" del Gobierno de Pedro Sánchez, que se define como el más feminista pero ha sido el que más ha desprotegido a las mujeres de la Comunidad y España. "Dice que es el Ejecutivo que más apuesta por la igualdad pero la realidad es que es que recorta derechos de igualdad", aseveró.
Menores extranjeros no acompañados
Otra polémica fue a raíz del traslado de menores extranjeros no acompañados, tras el anuncio del Consejo de Ministros de fijar la capacidad ordinaria del sistema de Castilla y León en 783 personas. La Junta recurrió el reglamento tras señalar que el sistema de protección de la Comunidad estaba “al límite” para los menores no acompañados y destacó que Castilla y León es y ha sido “siempre” una tierra de acogida.
El año también estuvo marcado por dos informes de gran relevancia como el de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN) y el de Exclusión y Desarrollo Social de Foessa de Cáritas. El primero recogía que cuatro de cada diez castellanos y leoneses tenía dificultades para llegar a final de mes y la carencia material y severa alcanzaba al 6,5 por ciento de la población, lo que suponía 1,4 puntos más que el año anterior. El análisis de la organización vinculada a la Iglesia destacó que la exclusión social afecta a 14.900 hogares y a 352.000 castellanos y leoneses, 28.000 más que en 2018, por el empleo precario y, sobre todo, por la vivienda inaccesible. Supone casi el 15 por ciento de la ciudadanía, un punto y medio más que hace seis años, aunque los datos más preocupantes son los 59.000 hogares y las 130.000 personas que sufren una exclusión severa -5,5 por ciento del total-, aunque en este caso son 16.000 menos que la fecha anterior de referencia.
13% jóvenes emancipados
Otro informe que tampoco deja en buen lugar a Castilla y León es el del Observatorio de Emancipación, elaborado por el Consejo de la Juventud. No en vano, los precios del alquiler y de la compraventa de vivienda, que se han incrementado en un 10,9 por ciento y un 4,1 por ciento, respectivamente, hacen que el esfuerzo económico para que un joven se independice continúe por encima de los “umbrales de asequibilidad”, hasta llegar a una tasa de emancipación en el 13,8 por ciento en el segundo semestre de 2024 en Castilla y León, que son dos puntos menos que hace un año y es la más baja desde 2006. Todo ello genera que se emancipen con una media de 30,4 años, una edad en la que dejan de ser oficialmente jóvenes.
No en vano, el alquiler de una vivienda en solitario supone el 61,2 por ciento del salario neto mensual de un menor de 29 años asalariado. Además, el acceso a una casa en propiedad con hipoteca requiere 8,3 años de salario neto de un joven.
A la cabeza en dependencia
La Comunidad continuó a la cabeza en la atención a la dependencia. El Observatorio de la Dependencia dio a Castilla y León la mejor calificación en la gestión de la dependencia, con un 8,3, junto a Castilla-La Mancha. Además, el Informe DEC, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, otorgó a la Comunidad una nota cercana a 8 sobre 10 y es el territorio que no tiene lista de espera, apenas un 0,1 por ciento frente al 6,6 por ciento en el conjunto del país. También, destacó por el plazo de resolución de la dependencia, que es de 113 días frente a los 350 en el resto de España o de reconocimiento de la prestación, que es de dos meses mientras que aumenta hasta seis en España.
Además, la Comunidad logró la mejor puntuación en el desarrollo de Servicios Sociales, con un Índice DEC de 7,73 sobre 10, tras adelantar a País Vasco y Navarra. Suponía obtener la mejor nota de su historia después de, según la asociación, contar con un sistema “muy equilibrado” y ofrecer una de las mejores ratios entre cobertura y gasto. Es decir, una gran eficiencia del sistema, gracias a la colaboración y el protagonismo de las entidades locales en la gestión de las prestaciones y los servicios y el papel de la entidades del Tercer Sector.
La Comunidad estrenó este año una nueva ayuda destinada a la conciliación de la vida familiar y laboral, que bonifica con hasta 200 euros a 80.000 familias para contribuir a sufragar las actividades extraescolares, ya sean educativas, formativas, culturales o deportivos, de los menores de entre cuatro y doce años. Para acceder a esta subvención, ambos progenitores deben estar trabajando y contar con ingresos conjuntos inferiores a 55.000 euros anuales (o la mitad en caso de familias monoparentales). Además, el Bono Concilia ha llegado en 2025 más familias tras ampliarse el nivel de renta máximo para recibirlo (hasta 55.000 euros). Se trata de una ayuda de 750 euros para facilitar la conciliación de las familias con hijos de entre 0 y 3 años y que cubre costes relacionados con el cuidado de los niños (gastos de guardería o cuidador).
Steam Talent Girl
La Junta puso en marcha este año un nuevo programa para impulsar la integración de las jóvenes en ramas científicas y técnicas de los ciclos formativos de Formación Profesional (FP), de la mano de la Fundación Empresa Familiar. Una iniciativa que llega después del “éxito” logrado por el programa Steam Talent Girl, dirigido a alumnas de Secundaria y la universidad, que ha formado a más de 8.000 jóvenes en sus nueve ediciones.
Gracias al convenio FP Steam Mujer, se desarrollarán talleres, sesiones de orientación e información, encuentros con referentes femeninos y visitas empresas para promover vocaciones y visibilizar el talento femenino. Las áreas Steam, que incluyen ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, son las que tienen más oportunidades laborales, mayor proyección de futuro y gran potencial de crecimiento. Es una formación requerida en los sectores productivos, que cuentan con una alta empleabilidad y unos salarios competitivos.
El Centro de Menores Zambrana de Valladolid fue noticia por las denuncias de los profesionales ante la falta de seguridad y las agresiones al personal. La Junta aprobó en abril la licitación del nuevo contrato de vigilancia y seguridad para los próximos dos años que lleva aparejado un notable incremento del 28 por ciento respecto de la licitación anterior. El coste total de partida de este servicio es de 3,5 millones euros, 800.000 euros más que cuando se licitó el contrato previo.
Mediante esta contratación, se actualiza la seguridad del centro de menores mediante la incorporación de un vigilante más en los turnos de mañana, tarde y noche. A ello hay que sumar un nuevo coordinador de servicio en el turno de tarde. A lo largo de los últimos meses, según la Consejería de Familia, la plantilla ha pasado de 56 a 84 trabajadores (70 de manera permanente y 14 de apoyo para cubrir las bajas laborales).