65 trabajadores de Iberdrola en León están llamados a la huelga estatal del 6 de junio
65 trabajadores y trabajadoras de los tres centro de trabajo de Iberdrola en la provincia de León están llamados a la huelga el próximo 6 de junio por la "negativa permanente de la empresa a la negociación colectiva", según informaron este jueves los sindicatos convocantes UGT, CCOO y ELA en un comunicado conjunto.
La huelga, que tendrá carácter estatal, se enmarca en las movilizaciones emprendidas ante "la injustificable posición de Iberdrola en la negociación del Convenio Colectivo". "Después del enésimo récord de beneficios, récord de dividendo y de la máxima remuneración a la alta dirección junto a bonus millonarios, la empresa propone para sus trabajadores en España una 'fórmula de incremento salarial' basada en parámetros empresariales y en el grado de cumplimiento sobre la previsión marcada unilateralmente por la alta dirección de la compañía EBITDA España", explicaron los sindicatos para añadir que "la negociación abierta desde mediados de enero no ha dado muestra de avance con propuestas empresariales que en ningún caso garantizan el poder adquisitivo de los trabajadores".
Además, los trabajadores y trabajadoras, "en los últimos 4 años acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 15,30 por ciento, la propuesta de la empresa es una vergüenza para la primera eléctrica de Europa y una de las principales empresas del IBEX".
Salarios alejados de "la propaganda" de la empresa
Según los sindicatos, "los salarios en Iberdrola están alejadísimos de la propaganda difundida por la propia empresa cuando habla de retribuciones de la plantilla de más de 88.000€ de media e incrementos de más de 5.000 euros anuales, cifras fuera de la realidad y que buscan exponer a los trabajadores/as de Iberdrola frente a la opinión pública como modo de justificación por la enorme evolución de las retribuciones de la alta dirección y enmascarar una política retributiva con sus trabajadores/as absolutamente injustificable para una Compañía con el desarrollo y la dimensión económica de Iberdrola".
La compañía, según los convocantes, "lleva años batiendo récords de beneficio", significando que "en los últimos 4 años que ha estado vigente el convenio el beneficio neto se ha incrementado un 16,84 por ciento pasando de 4803 millones a 5612, acumulando en 4 años un beneficio neto total de 18.639 millones". Además, en ese tiempo, "el presidente de la Compañía ha incrementado su remuneración en un 6,45 por ciento pasando de 13,2 a 14,11 millones, acumulando en 4 años una remuneración total de 54,21 millones".
Igualmente, denunciaron que el negocio de España ha aportado en 2024 el 52,49 por ciento del beneficio neto y el 37,20 por ciento del Ebitda a nivel mundial, suponiendo la plantilla de España el 23 por ciento del total a nivel mundial. Por su parte, la plantilla de Iberdrola en España ha tenido un incremento salarial en los últimos 4 años del 2,8 por ciento, siendo el IPC en el mismo periodo del 18,10 por ciento y acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 15,30 por ciento.
Convocatoria estatal
CCOO, UGT y ELA ante la situación de la negociación del convenio, han llamado a la huelga a los más de 9500 trabajadores/as de la eléctrica. La propuesta económica de la dirección de Iberdrola a sus trabajadores/as "supone asumir la pérdida de poder adquisitivo en cualquiera de los supuestos", según indicaron. El resto de las cuestiones del Convenio "la empresa propone ajustes superfluos con avances mínimos o directamente retrocesos como poder monetizar las aportaciones al plan de pensiones y al seguro medico o bajar un 10% el complemento por Incapacidad Temporal".
ELA, CCOO y UGT exigen "un convenio justo que reconozca la aportación de la plantilla a los resultados de la empresa, garantice el poder adquisitivo de los trabajadores/as en una empresa con más de 5600 millones de beneficio y que presume de ser un líder del sector energético a nivel mundial".
Alta conflictividad
La actitud de Iberdrola en su relación con sus trabajadoras/es ha generado una conflictividad sin precedentes que la ha llevado ante la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional ha condenado en los últimos dos últimos años a Iberdrola en cuatro ocasiones, obligándola a revalorizar las prestaciones de riesgo del Plan de Pensiones en base al IPC, declarando ilícito la implantación del voto telemático en las elecciones sindicales, anulando la subida de más del 25% pactada con SIE, ATYPE y USO en la cuota de uno de los beneficios sociales de los trabajadores/as y obligando la Audiencia Nacional a subir un 10% el sueldo a los nuevos ingresos por declararse ilegal la doble escala salarial implantada en convenio de 2021 firmado por SIE, ATYPE y USO, según explican los sindicatos.
A estos juicios se suman otros tantos acuerdos prejudiciales de ámbito nacional en distintas materias: penalización absentismos, permisos de hospitalización, restricciones a la tarifa empleado y un buen número de demandas a nivel local con asuntos de diversa índole.
Ambiente laboral
La crispación laboral "es muy elevada en la plantilla ya que RRHH no reconoce la pérdida de poder adquisitivo de los últimos cuatro años". Además, "se está erigiendo como un nuevo sindicato ya que se atribuye funciones que corresponden a la representación legal de las personas trabajadoras. Informa a la plantilla sesgadamente de los avances de la negociación del convenio".
"Lejos de abordar las necesidades de su plantilla ha iniciado una huida hacia adelante bombardeando continuamente a través de los canales de comunicación internos de la compañía con mensajes en contra de las posiciones sindicales, negando el deterioro de las condiciones mediante certificados privados de acreditación de relaciones laborales de escaso valor, en un intento de desacreditar situación que está viviendo la plantilla y que los representantes legales de los trabajadores/as de Iberdrola no se cansan de denunciar. La empresa pretende generar una corriente de opinión favorable hacia los postulados de la corporación y que, ante el evidente choque con la realidad, están contribuyendo a aumentar el malestar de una plantilla que es plenamente consciente de la pérdida de poder adquisitivo y de la degradación de sus condiciones laborales", apostillaron.