Asturias rechaza anticipar indemnizaciones por los cinco fallecidos en Cerredo
El Gobierno del Principado de Asturias ha descartado adelantar compensaciones económicas a los familiares de los cinco trabajadores fallecidos en el accidente minero de Cerredo, al entender que la legislación vigente no permite esa vía sin un procedimiento previo.
El portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, subrayó este jueves que “no existe posibilidad jurídica” para efectuar esos pagos de manera anticipada, en respuesta a la propuesta incluida en el borrador de dictamen de la comisión parlamentaria.
Procedimiento “reglado por ley”
Peláez recalcó que las familias cuentan con el respaldo del Gobierno para reclamar las indemnizaciones “que procedan”, pero insistió en que deben hacerlo por los cauces establecidos. “Respaldamos que las familias soliciten las indemnizaciones que procedan ante la administración. Ahora bien, hay un procedimiento administrativo reglado por ley donde se tiene que demostrar una causalidad entre el proceder de la Administración y la fatalidad. Es entonces cuando procede el pago de las indemnizaciones, si así se determina”, explicó.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico mantiene que no se ha acreditado una relación directa entre la actuación administrativa y la explosión de grisú que provocó la tragedia. Según Peláez, “no hay una relación de causalidad entre decisiones, procedimientos y la estructura administrativa y la explosión de grisú”, por lo que considera prematuro depurar responsabilidades individuales o técnicas.
Críticas al informe y foco en la empresa
El portavoz también aludió a las críticas surgidas desde distintos sectores por la difusión del informe de la comisión parlamentaria sin haber sido previamente presentado a los grupos políticos.
Asimismo, volvió a situar el origen del siniestro en la empresa explotadora, a la que acusó de desarrollar una “actividad ilegal y clandestina”, ocultada “deliberadamente” a la Administración y con trabajadores en “condiciones deplorables”.
Reformas en seguridad minera
Por otro lado, Peláez señaló que el informe de la Inspección General de Servicios servirá como base para introducir cambios en el sistema de control. “El informe de la Inspección General de Servicios nos está permitiendo desarrollar mejoras y la regeneración del Servicio de Minas. Asumimos las once recomendaciones y vamos más allá con la puesta en marcha del servicio de seguridad minera”, afirmó.
El accidente de Cerredo, que costó la vida a cinco mineros, ha abierto un intenso debate político y social sobre la seguridad en el sector y las responsabilidades derivadas del suceso.