Aucalsa no baja el peaje ni un céntimo
El enfrentamiento entre el Gobierno del Principado de Asturias y la concesionaria Aucalsa por la gestión de la autopista del Huerna (AP-66), clave en la conexión entre León y el Principado, se intensifica tras la negativa de la empresa a modificar las tarifas. La Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Ordenación del Territorio, había exigido explicaciones ante el creciente número de quejas de conductores.
Las inspecciones realizadas entre enero y febrero detectaron múltiples problemas en la vía, como restricciones de velocidad, presencia simultánea de obras, retenciones frecuentes y deficiencias en la señalización, factores que afectan tanto a la seguridad como a la fluidez del tráfico.
Un peaje en máximos históricos
A pesar de estas circunstancias, el coste por atravesar la autopista se mantiene en 16,20 euros, el precio más elevado registrado hasta ahora. Esta situación se produce en un contexto marcado por el argayo ocurrido en noviembre de 2024 en el concejo de Lena, que sigue condicionando la circulación, y por las actuaciones en los túneles, que prolongan las molestias a los usuarios.
Desde el Ejecutivo autonómico consideran que el mantenimiento de la tarifa completa no se corresponde con el servicio que se está prestando en la actualidad.
Zapico endurece el discurso
El consejero de Ordenación del Territorio del Principado, Ovidio Zapico, ha sido especialmente contundente al valorar la respuesta de la concesionaria: “Aucalsa nos pide que cerremos el expediente y nuestra respuesta es no”. Además, añadió que “lo que pasa en torno al peaje, además de la ampliación de la concesión, con la situación del argayo, las obras y los carriles, es una vergüenza”.
El Principado ha decidido emitir un nuevo requerimiento a la empresa, con un plazo adicional para que aporte información más detallada sobre la situación de la infraestructura y la justificación de los precios.
Posibles devoluciones a los usuarios
El Ejecutivo asturiano no descarta ir más allá y aplicar compensaciones económicas a los conductores afectados. Para ello, se apoya en una reciente sentencia del Tribunal Supremo relacionada con la autopista AP-9 en Galicia, donde se obligó a la concesionaria a reintegrar parte de los peajes por incidencias en el servicio.
Según los cálculos del Principado, cerca de 1,8 millones de vehículos se habrían visto perjudicados desde el inicio de las obras, lo que supondría una recaudación de entre 28 y 29,6 millones de euros en este periodo.
El debate europeo sobre la concesión
El conflicto se produce además en paralelo al análisis de la Comisión Europea sobre la ampliación de la concesión de la AP-66 hasta 2050, una decisión que Bruselas considera cuestionable.
Este contexto refuerza la posición del Gobierno asturiano, que continúa reclamando al Ministerio de Transportes la supresión del peaje, una demanda histórica que, por el momento, no ha sido atendida por el Ejecutivo central.