Ayudas tras la tragedia de Cerredo: hasta 72.000 euros por familia
El Gobierno del Principado de Asturias ha iniciado los trámites para aprobar una línea de ayudas económicas destinada a las familias de víctimas mortales en accidentes laborales, una medida que cobra especial relevancia tras el siniestro de la mina de Cerredo, en Degaña, donde perdieron la vida cinco trabajadores leoneses. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, ha confirmado que la cuantía prevista oscilará entre los 70.000 y los 72.000 euros por unidad familiar.
La propuesta tendrá carácter retroactivo a partir de 2025, lo que permitirá incluir a los afectados por el accidente de Cerredo. No obstante, el Principado ha aclarado que esta cobertura no alcanzará a siniestros anteriores, como los registrados en 2022 en la misma explotación minera.
Prestación directa y compatible
El Ejecutivo asturiano defiende que estas ayudas serán “directas” y no funcionarán como anticipos de indemnizaciones. De este modo, serán compatibles con otras compensaciones económicas derivadas de seguros o resoluciones judiciales, lo que busca garantizar un apoyo adicional a las familias afectadas.
Debate jurídico y político
El anuncio llega tras el rechazo del Consejo de Gobierno a una iniciativa impulsada por la diputada Covadonga Tomé, que planteaba un sistema distinto de compensación. Según ha explicado Peláez, los informes técnicos detectaron dudas legales relacionadas con competencias y con el principio de igualdad. En ese debate, el consejero de IU, Ovidio Zapico, manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada.
Financiación en estudio
Aunque la medida aún no cuenta con una partida presupuestaria específica, el Gobierno autonómico trabaja en ajustes de crédito para dotarla económicamente. La intención es aprobarla “con la mayor rapidez posible” y ofrecer seguridad jurídica a los beneficiarios.
Siniestralidad laboral en el foco
La iniciativa se enmarca en la preocupación del Ejecutivo por los accidentes laborales, que en 2025 dejaron 22 fallecidos en Asturias. En el caso de Cerredo, la investigación judicial sigue su curso, con la empresa Blue Solving como principal implicada, mientras el Principado insiste en reforzar las medidas de apoyo a las familias afectadas.