El carbón que no era carbón pero se vendía como si lo fuera (para cobrar subvenciones)
El sector minero dejó en León heridas profundas, incontables e insondables. En esa línea la Audiencia Provincial de León mantiene estos días una de las vistas judiciales más relevantes relacionadas con la crisis del carbón en la provincia. El proceso analiza una presunta operativa fraudulenta vinculada al cobro de ayudas públicas destinadas a la minería subterránea y que, según sostiene la Fiscalía, habría permitido obtener subvenciones mediante la comercialización irregular de mineral procedente de explotaciones a cielo abierto.
En el procedimiento están implicados antiguos responsables empresariales relacionados con Hullera Vasco Leonesa y con las mercantiles Peal y Remisa. Entre los investigados figuran el exdirectivo Antonio del Valle y el empresario Juan Manuel Alonso.
La investigación sitúa los hechos entre los años 2011 y 2015, un periodo de cuatro ejercicios especialmente delicado para la minería leonesa por la reducción de actividad y el retroceso de las ayudas al sector.
La Fiscalía sostiene que se alteró el origen del mineral
El Ministerio Público mantiene que varias compañías habrían desarrollado un sistema para atribuir a carbón extraído en interior las características de mineral obtenido en explotaciones exteriores. Esa diferencia resultaba clave para acceder a determinadas líneas de subvención pública reservadas a explotaciones subterráneas, cuyo coste de producción era superior.
Para las defensas no hay sustento para la acusación defendiendo que el mineral no tenía ese fin sino otros diferentes: proporcionar un mix adecuado o dar calidad al mineral local. Nada que se pueda vincular con el cobro ilícito de subvenciones.
Según la acusación, el mecanismo habría permitido percibir cantidades millonarias de fondos públicos mediante documentación y movimientos de mineral que ahora son objeto de análisis judicial. La estimación económica del supuesto fraude supera los 15 millones de euros.
El caso salió a la luz en 2017, cuando la Fiscalía de León impulsó una querella que derivó en registros e incautaciones documentales. Durante aquellas actuaciones fueron intervenidos miles de archivos relacionados con la actividad minera y administrativa de las empresas investigadas.
Testigos y peritos centran las primeras sesiones
Las primeras jornadas del juicio han estado dedicadas a la declaración de técnicos, testigos y especialistas. Parte de las comparecencias se han centrado en los denominados planes de labores, documentos donde se detallaban las actuaciones desarrolladas en las explotaciones mineras y la planificación extractiva de las compañías.
También han intervenido varios peritos encargados de analizar informes técnicos aportados por las defensas de algunos acusados. Sus exposiciones han abordado aspectos relacionados con la trazabilidad del carbón, los procedimientos de explotación y la documentación vinculada a las ayudas públicas.
Los acusados comenzarán a declarar ante el tribunal
La vista oral continuará durante los próximos días con nuevas sesiones en las que está previsto que comparezcan algunos de los investigados. Además de las declaraciones, el tribunal escuchará nuevas pruebas periciales antes de entrar en la fase de conclusiones e informes finales.
El proceso judicial examina uno de los episodios más complejos relacionados con la reconversión minera en la provincia leonesa, un territorio donde el cierre progresivo de explotaciones dejó durante años una fuerte dependencia económica de las ayudas estatales destinadas al carbón.