Cerredo: la tragedia que no debió ocurrir
El próximo martes se cumple un año del accidente de la mina de Cerredo, en Degaña, que segó la vida de cinco mineros leoneses: Jorge, Rubén, Amadeo, Iván y David. Tenían entre 32 y 54 años. Detrás quedaban familias, hijos, padres y una historia compartida con la minería que terminó de forma abrupta la mañana del 31 de marzo de 2025.
A las 9.32 horas, una llamada al 112 alertaba de un incidente con heridos. Minutos después, otra confirmaba lo peor: una explosión en el interior de la mina. La principal hipótesis, que después confirmaría la investigación, apuntaba a una deflagración de grisú, el gas maldito de la minería.
En el interior había once trabajadores. Cinco murieron. Cuatro resultaron heridos graves. Dos salieron ilesos y fueron quienes dieron la voz de alarma, entrando y saliendo de la galería “a la desesperada”, según relatarían después.
La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, lo resumía entre lágrimas: “Otra vez el grisú nos da un zarpazo y nos vuelve a arrebatar la vida de cinco mineros”.
UNA MINA REABIERTA ENTRE PROMESAS
Cerredo no era una explotación cualquiera. Había sido impulsada en 2009 y posteriormente cerrada en 2018, víctima del declive del carbón y la transición energética. Sin embargo, en 2024, la empresa Blue Solving reactivó el interés por el yacimiento.
El objetivo ya no era alimentar centrales térmicas, sino extraer carbón de alta calidad para usos tecnológicos: grafito para baterías, filtros o placas solares. El llamado “carbón verde”.
Pero la autorización administrativa era clara. En la zona donde trabajaban los mineros, la empresa solo podía retirar materiales, no extraer carbón.
Aun así, allí estaban aquel lunes de marzo, en el tercer piso de la mina, adentrándose más de tres kilómetros bajo tierra.
EL “CHAMIZO” BAJO LA MONTAÑA
Con el paso de los días, las primeras inspecciones comenzaron a dibujar un escenario inquietante. La consejera Belarmina Díaz fue tajante: aquello no era solo un incumplimiento, sino algo más grave.
“Se trataría de una actividad de altísimo riesgo que ponía en peligro directo la vida de los trabajadores”, advirtió.
La inspección ocular del 8 de abril detectó dos grandes huecos en una zona sin autorización. Medían hasta 24 metros de longitud y cerca de 30 metros de altura. Dimensiones incompatibles con simples tareas de limpieza o retirada de material.
En palabras de fuentes del Principado, la galería era “el peor de los chamizos”: un espacio inseguro, con indicios claros de actividad extractiva encubierta.
LAS CLAVES DE LA TRAGEDIA
Extracción ilegal: se trabajaba en una zona sin autorización para producir carbón.
Ventilación inexistente: la galería carecía de un sistema eficaz para renovar el aire.
Acumulación de grisú: el gas se concentró hasta niveles explosivos.
Efecto lunes: el fin de semana sin actividad agravó la acumulación de metano.
Fallo de control: las inspecciones no detectaron la actividad clandestina.
Condiciones laborales irregulares: al menos un trabajador no estaba correctamente registrado.
LA INVESTIGACIÓN: DE LA SOSPECHA A LA CERTEZA
Un año después, la investigación administrativa está cerrada y sus conclusiones son contundentes.
El informe del Servicio de Minas sitúa el origen del accidente en una explotación sin autorización. Es decir, se estaba extrayendo carbón de forma clandestina.
Según los técnicos, en la zona conocida como la capa Z del piso tercero se habrían extraído entre 1.096 y 1.370 toneladas de carbón en las semanas previas al accidente.
La infraestructura hallada no dejaba lugar a dudas: vías instaladas, maquinaria operativa, conducciones de aire y accesos reacondicionados. Todo preparado para producir, no solo para limpiar.
El director general de Minería, Javier Cueli, lo expuso con claridad al cierre de la comisión de investigación: la actividad “carecía de habilitación para la extracción”.
SIN VENTILACIÓN, SIN ESCAPE
Si la extracción ilegal fue el contexto, la falta de ventilación fue el detonante silencioso.
La galería donde se produjo la explosión funcionaba como un fondo de saco, sin un circuito de aire adecuado. El sistema existente era insuficiente incluso para tareas menores, y completamente inadecuado para la extracción de carbón.
El informe detalla fallos graves: tuberías que no llegaban al frente de trabajo, turbinas sin aire y ventiladores que solo “removían” el aire sin renovarlo.
El resultado fue letal: acumulación de grisú, reducción de oxígeno y una atmósfera explosiva.
La chispa exacta nunca se identificó. Pero, como señala el documento, “la atmósfera explosiva ya estaba formada”.
EL “EFECTO LUNES”
A todo ello se sumó un factor conocido en minería: el “efecto lunes”.
La actividad se había detenido el viernes anterior. Durante el fin de semana, sin ventilación, el gas se acumuló en las zonas altas de la galería.
Cuando los trabajadores regresaron, las turbinas estaban apagadas. Nadie había restablecido el sistema de ventilación antes de iniciar la jornada.
Era, según los técnicos, “más que probable” que el grisú alcanzara niveles críticos antes incluso de que comenzaran los trabajos.
SOMBRAS EN EL CONTROL
Otra de las grandes preguntas era por qué no se detectó antes la actividad ilegal.
La respuesta de la Administración es parcial: las inspecciones previas, hasta nueve desde 2022, no observaron anomalías en esa zona. En septiembre de 2024 solo se constataron trabajos permitidos.
Además, algunas áreas eran inaccesibles o inseguras, lo que limitaba la capacidad de inspección.
El informe sugiere que la extracción se ocultó tras las labores de restauración.
A ello se suma otra irregularidad: el vigilante fallecido no figuraba como trabajador dado de alta, sino como “empresario”, sin documentación que acreditara esa condición.
EL DESENLACE Y LAS RESPONSABILIDADES
Con el informe administrativo concluido, el foco se traslada ahora a la vía judicial, en el juzgado de Cangas del Narcea.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya lo advirtió en su momento: “El peso de la ley recaerá sobre las posibles responsabilidades”.
Mientras, el Principado reconoce la necesidad de revisar los sistemas de control e inspección, aunque aún no ha concretado medidas.
UN AÑO DESPUÉS
Doce meses después, Cerredo sigue siendo una herida abierta en las cuencas mineras. En Villablino, donde se instaló la capilla ardiente, aún resuena el impacto de aquel día.
El accidente no solo dejó cinco muertos. También dejó una certeza incómoda: que en pleno siglo XXI, con todos los avances técnicos, la combinación de irregularidades y fallos humanos puede seguir siendo letal.
“Soy el primero que quiere saber qué pasó”, dijo entonces el presidente Adrián Barbón.
Un año después, ya se sabe casi todo. Y lo más duro de asumir es que, probablemente, se pudo evitar.