Detenido el último tripulante de la narcolancha que mató a dos guardias civiles en Barbate
La Guardia Civil ha detenido en la madrugada de este domingo 4 de mayo al cuarto y último miembro de la narcolancha implicada en la muerte de dos agentes en Barbate. Así lo ha confirmado El Correo de Andalucía en primicia, información que también ha sido ratificada por fuentes oficiales. El arrestado, un ciudadano de nacionalidad marroquí —como el resto de los tripulantes—, ya había sido identificado previamente, aunque hasta ahora se encontraba en paradero desconocido. Está previsto que pase a disposición judicial este lunes.
Con esta detención, concluye la operación policial vinculada al trágico suceso ocurrido el pasado 9 de febrero de 2024 en aguas de Barbate. Según fuentes cercanas al caso, “la presión policial ha sido muy intensa desde la detención del tercer implicado, y finalmente se ha logrado localizar y detener al último que permanecía en libertad”.
Las primeras detenciones comenzaron en septiembre, cuando la Guardia Civil informó de la captura de Karim El Baqqali, un ciudadano marroquí de 32 años señalado como el piloto de la embarcación y acusado de ser el autor material del atropello mortal a los agentes.
Posteriormente, en noviembre, fueron arrestados otros dos hombres. Los tres primeros detenidos enfrentan cargos por dos delitos de asesinato, cuatro de tentativa de asesinato, seis de atentado a la autoridad, uno por narcotráfico y otro por pertenencia a organización criminal. El propio El Baqqali reconoció ante el juez que él conducía la narcolancha la noche de los hechos. Todos se encuentran en prisión provisional a la espera de juicio.
El esfuerzo de las familias por obtener justicia
En paralelo a la investigación penal, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) presentó una denuncia contra el general jefe de la Zona de Andalucía y el coronel de la Comandancia de Cádiz, acusándolos de responsabilidad en las muertes de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Cádiz archivó la causa en noviembre al no apreciar indicios de delito en la actuación de los altos mandos.
La familia de González no se da por vencida y ha elevado el caso al Tribunal Supremo. Miguel Lozano, abogado defensor de la familia, ha señalado a este medio: “Confiamos en que el Supremo corrija el auto de la Audiencia de Cádiz y aplique la jurisprudencia de su propia Sala, así como la doctrina del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para evitar un atropello constitucional contra mis representados”. El letrado criticó además que “el sobreseimiento libre y archivo de la causa se ha dictado sin practicar ninguna de las diligencias de investigación solicitadas”.