Entre "500 y 900" migrantes irregulares residentes en León pueden ya tramitar su permiso para acceder a empleo y sanidad de forma regularizada

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado una regularización extraordinaria de migrantes que residen en España sin autorización de residencia ni de trabajo. La decisión ha sido impulsada por el Gobierno en acuerdo con Podemos, a partir de una Iniciativa Legislativa Popular y, según lo comunicado, busca "otorgar acceso legal al empleo, sanidad y derechos sociales" a miles de personas sin papeles.

La medida se tramitará mediante un Real Decreto, por lo que no pasará por el Congreso de los Diputados. Esta vía, según el planteamiento del Ejecutivo, permite acelerar la puesta en marcha. "Lo que estamos haciendo es reconocer, dar garantías y oportunidades a personas que ya están en nuestro país", señaló la ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, en una entrevista en TVE.

En este contexto, las cifras son difíciles de concretar por la ausencia de datos oficiales sobre población en situación administrativa irregular. En la provincia de León, fuentes de la Subdelegación del Gobierno consultadas por Heraldo de León han estimado que podrían beneficiarse "entre 500 y 900" personas. 

Las cifras oficiales cifran en cerca de 30.000 los residentes extranjeros en la provincia, lo que representa el 6,4% del total en 2025, con un incremento de casi 2.000 nuevos inmigrantes regulares en el último año.

Órdenes de expulsión 

La entrada en vigor se produce desde el mismo martes, tras la aprobación en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha indicado que las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio y que el procedimiento pretende ser rápido. En paralelo, la medida incorpora efectos vinculados a los procedimientos sancionadores de extranjería. Una vez aceptada la solicitud, se suspenderá de forma automática cualquier orden de expulsión o procedimiento de retorno por motivos administrativos.

También se ha indicado que, desde el instante en que se presente la petición, el solicitante obtendrá una residencia provisional que permite trabajar legalmente y acceder a la sanidad. En este marco, la ministra recalcó que "la Administración tiene que dar una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura", ante el volumen de personas potencialmente afectadas.

Requisitos y colectivos que pueden acogerse

Las estimaciones oficiales sitúan el alcance de la regularización en torno a 500.000 personas a nivel nacional. Para acceder al proceso, se exige acreditar que se vive en España desde hace más de cinco meses, que no se ha llegado al país después del 31 de diciembre de 2025 y que no existen antecedentes penales.

Algunas organizaciones y centros de análisis elevan el cálculo hasta 840.000 personas, al incorporar a quienes no figuran todavía en registros oficiales. En cuanto al origen, se señala que la mayoría de migrantes en situación irregular procede de América Latina, con Colombia, Perú y Honduras entre los principales países.

17,2 por ciento de la población extracomunitaria

Un informe del centro de estudios Funcas apunta, además, a un aumento continuado desde 2017. Según ese documento, los extranjeros en situación irregular han pasado de representar el 4,2% de la población extracomunitaria al 17,2% actual.

La aprobación se produjo en el Consejo de Ministros de este martes por Real Decreto, apelando a una "urgencia social". El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Sáiz, ha defendido que se trata de la vía "más rápida, más eficaz y garantista" para una respuesta "inmediata, ordenada y plenamente conforme al marco legal español y europeo".

Un "día histórico" para el Gobierno

En rueda de prensa, Sáiz calificó la jornada como "un día histórico para nuestro país". La medida se dirige a quienes hayan residido en España de forma continuada al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y también a solicitantes de protección internacional que hubiesen presentado su petición antes de esa fecha, en este caso sin requisito de tiempo.

Para justificar la permanencia en España, se ha precisado que será suficiente "cualquier documento público, privado o una combinación de ambos". Entre los requisitos, se incluye no contar con antecedentes penales "ni suponer una amenaza para el orden público".

Permiso y solicitudes

Tras el análisis individual de cada expediente, una resolución favorable implicará la regularización de la estancia en España. Esta regularización incorpora un permiso de trabajo válido para todo el territorio y para cualquier sector.

La autorización tendrá una vigencia inicial de un año. Según lo detallado, ese periodo permitirá después la incorporación a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería para completar el proceso de regularización.

El permiso se extenderá igualmente a los hijos menores que ya se encuentren en territorio español. En ese supuesto, la autorización prevista será de cinco años.

Plazos

Sobre los plazos de solicitud, el Gobierno estima que el registro pueda comenzar a principios de abril, una vez completada la tramitación del Real Decreto, y que el periodo permanezca abierto hasta el 30 de junio. Para la resolución, la administración se fija un margen de hasta tres meses, aunque con la admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los solicitantes ya podrían incorporarse al mercado laboral.

La ministra indicó que aún queda "preparar el engranaje" para que el procedimiento resulte ágil y se convierta en un "éxito". En cuanto a los puntos de presentación, no se detallaron ubicaciones definitivas, aunque se mencionaron como opciones las oficinas de la Seguridad Social, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y la vía telemática.