Un informe oficial señala carencias estructurales y fallos en la inspección sobre Cerredo
El Gobierno del Principado de Asturias ha decidido aplicar de forma íntegra un conjunto de once medidas correctoras tras conocerse un exhaustivo informe sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, elaborado a raíz del accidente ocurrido el 31 de marzo de 2025 en Cerredo (Degaña). En ese siniestro perdieron la vida cinco trabajadores leoneses: Jorge Carro, Rubén Robla, Amadeo Bernabé, Ibán Radio y David Álvarez.
El documento, redactado por la Inspección General de Servicios y con una extensión de más de 300 páginas, examina tanto el caso concreto como el conjunto del sistema administrativo minero. Sus conclusiones apuntan a deficiencias estructurales, falta de medios humanos y debilidades en los procedimientos de control e inspección.
Informe
Entre los aspectos más relevantes, el análisis advierte de una tramitación insuficiente de expedientes, fallos en la gestión de denuncias y carencias en la evaluación de documentación clave. En el caso de Cerredo, incluso se menciona la falta de análisis de acuerdos empresariales que evidenciaban intenciones de extracción sin cobertura legal.
El informe también identifica el uso de figuras administrativas, como los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC), para dar cobertura a actividades extractivas en contextos donde la normativa estatal prohíbe la minería del carbón, lo que pone en cuestión el cumplimiento del marco legal vigente.
Desde el Ejecutivo autonómico, presidido por Adrián Barbón, se ha trasladado la voluntad de aplicar todas las recomendaciones y reformar el sistema para evitar que se repitan situaciones similares.
Un sistema con carencias estructurales
La inspección detecta una reducción de personal en los últimos años que no se corresponde con el aumento de competencias derivadas de la transición energética y la restauración de espacios degradados.
Además, se señala la desaparición de unidades especializadas, como la dedicada a seguridad minera, lo que habría concentrado funciones en menos recursos humanos.
Deficiencias en inspecciones y denuncias
El modelo de inspección aparece como poco planificado y, en muchos casos, previsible. Las visitas a explotaciones se comunicaban con antelación, lo que podía facilitar la alteración de pruebas. Asimismo, las denuncias eran trasladadas a las empresas antes de su comprobación, comprometiendo la confidencialidad y eficacia del proceso.
El informe subraya la falta de criterios claros para evaluar la solvencia de empresas en transmisiones de derechos mineros. También apunta a registros desactualizados y a la falta de coordinación entre bases de datos, lo que genera incertidumbre sobre la titularidad de explotaciones.
Normativa desfasada y vacíos legales
Se advierte de que la legislación estatal básica resulta obsoleta y no se adapta al contexto actual de transición energética. A ello se suma la escasa regulación autonómica para abordar situaciones como el cierre, restauración o posible reapertura de explotaciones.
Las principales recomendaciones
-Redimensionar el Servicio de Minas y adecuarlo al nuevo contexto energético
-Garantizar registros mineros fiables, actualizados y coordinados
-Exigir motivación técnica en transmisiones de derechos y evaluar solvencia empresarial
-Diferenciar inspecciones ordinarias de las derivadas de denuncias
-Proteger la confidencialidad de los denunciantes
-Establecer protocolos claros de atención ciudadana
-Mejorar la coordinación entre departamentos autonómicos
-Supervisar con mayor rigor la documentación de empresas mineras
-Reforzar el control de proyectos de investigación
-Analizar posibles responsabilidades vinculadas al caso de Cerredo
Compromiso institucional
El Ejecutivo autonómico ha iniciado ya el diseño de reformas normativas, cambios organizativos y mejoras tecnológicas para modernizar el sistema. Entre las medidas previstas figuran nuevos protocolos de inspección, herramientas digitales para el seguimiento de expedientes y una mayor coordinación con organismos estatales.
El objetivo, según fuentes del Gobierno regional, es reforzar los controles y evitar que vuelva a producirse una tragedia como la de Cerredo, que evidenció graves fallos en el sistema y tuvo un alto coste humano.