La Junta ve factible su bonificación de peajes pese a las dudas expresadas por el Gobierno
La Junta responde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante las dudas jurídicas planteadas este martes sobre la bonificación de los peajes de las autopistas -AP-6, AP-61, AP-51 y AP-71- que atraviesan la Comunidad para los usuarios recurrentes y empadronados en la Comunidad. “A veces se ve la paja en ojo ajeno, hipotética, y no se ve la viga en el propio, real”, afirmó hoy el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.
Hoy miércoles, tras inaugurar en Valladolid el primer Foro de Innovación de Carreteras de Castilla y León, Sanz Merino emplazó a la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, a que analice los descuentos del 25 por ciento en los abonos de la media distancia de alta velocidad y convencional para los viajeros empadronados en la Comunidad, así como el sistema Buscyl que permite acceder de forma gratuita a los autobuses de las líneas interurbanas y metropolitanas.
AP-66 (León-Asturias)
“Que yo sepa no ha habido ninguna dificultad hasta ahora al respecto”, dijo el titular de Movilidad quien censuró que se ponga el “acento” en lo que hace Castilla y León. Además, enmarcó estas medidas en la política de la Junta para luchar contra la despoblación, sin dar por ahora más detalles de cómo se implantarán en 2026 las bonificaciones en los peajes, que el Ejecutivo autonómico también estudia extender a la AP-66 (León-Asturias).
Igualmente, el consejero defendió la partida de diez millones de euros consignada en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que inician ahora su tramitación parlamentaria, ya que consideró es un “gesto político” y expresa una “voluntad” de “rellenar” y cubrir un espacio que ha dejado “vacío” el Ministerio al no aplicar descuentos en los peajes de la AP-6, AP-51 y AP-61, como hace en la AP-66, la AP-9 o en la circunvalación de Alicante.
“No nos queda más remedio que cubrir ese hueco en la medida de nuestras posibilidades”, afirmó Sanz Merino, quien recordó que las demandas de la Junta han sido respondidas con el “silencio” desde el Ministerio de Transportes, que recordó dedica a las infraestructuras “es más que el de toda” la Junta, que para 2026 plantea un montante de 15.715 millones. Además, señaló que los diez millones son para poner en marcha una medida que con el “tiempo” se verá como se desarrolla y censuró que se minusvalore por su importe.
En los tribunales
Por otra parte, el titular de Movilidad criticó que la secretaria general de Transporte Terrestre desoyera ayer durante una comisión en el Congreso de los Diputados la principal “diatriba” o “conflicto” existente en relación a las autopistas y se centrara en una “posibilidad” o “hipótesis”. En concreto, se refirió a la carta de emplazamiento que la Comisión Europea ha enviado al Ministerio de Transportes en relación con la prórroga “ilegal” de las autopistas AP-9 y de la AP-66, que conecta León y el Principado.
“No ha dedicado ni un minuto, tampoco ha hecho ningún comentario sobre la ilegalidad manifiesta que se ha planteado”, añadió el consejero quien consideró que el propio Ministerio y su titular, Óscar Puente, parece ser que van a hacer caso “omiso” a lo planteado por la Comisión Europea. Esto, añadió, va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “casi toda seguridad”.