Llevan a la Fiscalía el caso de la empresa de recobros que 'acosó' a un agricultor leonés
Izquierda Unida ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Castilla y León para que investigue la actividad de la empresa de recobros implicada en el suceso ocurrido el pasado 25 de junio en Villamuñío (León), cuando un tractor embistió y volcó un vehículo utilizado durante una actuación de reclamación de una deuda a un agricultor.
En el escrito, la organización también solicita que se esclarezcan las posibles responsabilidades derivadas de la participación en esos hechos de Alberto "Pugilato", identificado por la formación como un conocido activista neonazi.
Más de una decena de sentencias incorporadas
La denuncia sostiene que la empresa, con sede en Galicia y actividad en varias provincias de Castilla y León, acumula antecedentes judiciales relacionados con la actuación de algunos de sus trabajadores.
Según explica Izquierda Unida, el expediente remitido a la Fiscalía incorpora "más de una decena de sentencias" dictadas por las Audiencias Provinciales de León, Valladolid, Palencia, Ourense, Pontevedra y Oviedo, entre otras, en las que se condenó a empleados de la empresa por delitos leves de coacciones, amenazas o lesiones cometidos durante actuaciones de recobro.
La formación considera que estas resoluciones describen conductas reiteradas que incluirían visitas insistentes, intimidaciones, insultos, seguimientos o agresiones físicas, por lo que entiende que procede analizar si existe un patrón de actuación que vaya más allá de hechos aislados.
El episodio de Villamuñío, como punto de partida
El escrito remitido al Ministerio Fiscal toma como referencia el incidente registrado en Villamuñío, que tuvo una amplia difusión pública y que, a juicio de Izquierda Unida, evidencia la preocupación existente sobre determinados métodos empleados para reclamar deudas.
La organización también solicita que se investigue el papel desempeñado por el conductor del vehículo siniestrado, al que identifica como un activista de extrema derecha con antecedentes penales relacionados con delitos de odio y otros hechos violentos.
Sergio Carro pide depurar responsabilidades
El coordinador provincial de Izquierda Unida en León, Sergio Carro, sostiene que "ninguna supuesta deuda puede convertirse en una excusa para vulnerar derechos fundamentales mediante el acoso, la intimidación o las coacciones" y considera que, si existieran empresas que basan su actividad en este tipo de prácticas, las instituciones deben actuar dentro del marco legal.
Carro añade que "resulta especialmente preocupante que personas vinculadas al neonazismo y con condenas por delitos de odio puedan estar participando en actividades de presión contra la ciudadanía", al tiempo que defiende que la iniciativa presentada busca poner a disposición de la Fiscalía la documentación recopilada para que determine si existe una estructura organizada de actuaciones intimidatorias y, en su caso, se exijan las responsabilidades correspondientes.
Petición de cambios normativos
Además de la investigación judicial, Izquierda Unida plantea la conveniencia de revisar la regulación aplicable a las empresas dedicadas al recobro de deudas para evitar que puedan desarrollarse actuaciones que, bajo la cobertura de la mediación privada, desemboquen en situaciones de hostigamiento o coacción hacia personas especialmente vulnerables.