El macrovertedero de San Justo de la Vega se va a la vía judicial
La 'Plataforma por una gestión de residuos transparente y sostenible' ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la resolución por la que la Junta declaró de “interés autonómico” el denominado Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos de San Justo de la Vega.
El colectivo sostiene que la Administración autonómica “trata de autorizar en silencio un gran vertedero de residuos peligrosos”, con impacto directo sobre las comarcas de Maragatería, Órbigo y Vega del Tuerto. La plataforma recuerda que durante la tramitación constan informes desfavorables del Servicio de Residuos del Gobierno autonómico y de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Para financiar el proceso judicial, la asociación mantiene abierta una recogida de fondos a través de chance.org, con un objetivo de 2.500 euros, de los que ya se han reunido 1.500.
140 hectáreas y hasta 200.000 toneladas al año
El proyecto —promovido por la empresa Valorización Verde SA— prevé ocupar más de 140 hectáreas y gestionar hasta 200.000 toneladas anuales de residuos industriales, tanto peligrosos como no peligrosos. La plataforma denuncia que la capacidad proyectada “supera con creces” la producción de residuos peligrosos generada en Castilla y León y que esto obligaría a importar desechos de otras comunidades e incluso del extranjero.
En su diseño se contempla la construcción de un vertedero para rechazos industriales no peligrosos, otro para residuos industriales peligrosos y diversas áreas de tratamiento. La ubicación prevista —en los parajes de La Muela, La Chana y Portugal, en San Justo de la Vega— limita con los municipios de Benavides y Villares de Órbigo y se sitúa entre dos arroyos que desembocan en el Huerga, aguas arriba de zonas de captación de abastecimiento.
Informes oficiales críticos
Entre los documentos negativos expuestos por la plataforma figura el informe del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados (septiembre de 2023), que cuestiona la justificación de la planta y advierte de que vulnera principios de autosuficiencia y proximidad al prever entrada masiva de residuos peligrosos procedentes de otras regiones.
También cita el informe de la CHD (febrero de 2024), que considera incompleto el análisis hidrogeológico presentado por la empresa e incide en la ausencia de una evaluación suficiente sobre posibles fugas de lixiviados y su impacto potencial en los arroyos tributarios del río Órbigo.
Un promotor con dificultades financieras
Según la plataforma, Valorización Verde SA pertenece a Latem Global Trading SA, cuyo socio único es Laminados del Principado SA, matriz del grupo empresarial liderado por Macario Fernández. La asociación subraya que esta compañía atravesó en 2024 un ejercicio con 33,9 millones de euros de pérdidas y una deuda financiera superior a 100 millones.
El colectivo recuerda que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, firmó la declaración del proyecto como regional y que el mismo dirigente fue objeto de una denuncia elevada a la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades detectadas durante el procedimiento.
La plataforma reclama transparencia y control
La asociación promotora del recurso, constituida en 2014, defiende que lleva una década documentando incidencias en la gestión de residuos de la provincia, desde el vertido de 500.000 toneladas en la finca de El Busto hasta las ampliaciones del CTR de San Román de la Vega.
A su juicio, el macrovertedero de San Justo “supone la gota que colma el vaso” y representa un riesgo para la salud pública, los acuíferos y el entorno rural. El colectivo pide a la ciudadanía que contribuya económicamente o que “rompa el silencio” difundiendo la información y mostrando oposición social al proyecto.