La oposición tumba el decreto-ley sobre el operativo de incendios pese a la llamada a la "responsabilidad" del PP

La oposición, con los votos de PSOE, Vox, UPL-Soria y el Grupo Mixto, no convalidó este miércoles en el pleno de las Cortes el decreto-ley de medidas urgentes sobre el personal del operativo contra incendios forestales, aprobado el pasado 23 de octubre, que sólo respaldó el PP y los dos procuradores no adscritos -Ana Rosa Hernando y Javier Teira-. De esta forma, queda derogado a pesar de las llamadas a la “responsabilidad” de los ‘populares’ y la Junta ante la proximidad de las próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo de 2026.

Con una protesta en los exteriores de la sede de las Cortes, convocada por los sindicatos, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, presentó a la cámara el texto que señaló supone un “paso adelante importante" para contar con un operativo “más fuerte, más profesional y más justo”, así como para mejorar las condiciones laborales del personal en un momento en el que señaló está “a la vuelta de la esquina” la próxima campaña electoral, lo que impedía tramitar una ley ordinaria. 

González Gago recalcó que el decreto-ley suponía una “respuesta colectiva a un desafío común”, por lo que pidió el “mayor consenso posible”. “Hagámoslo juntos”, dijo porque en su opinión la ciudadanía espera “unidad y soluciones” ante la adversidad que suponen los incendios, ya que planteaba hacer estable y permanente el operativo, avanzar hacia una prestación pública de los servicios entre 2026 y 2028, así como el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, entre otras medidas.

Al respecto, el consejero defendió que se habían producido cinco reuniones con los representantes sindicales de los funcionarios y otras tantas con los del personal laboral para negociar este decreto-ley, así como el complemento específico ya aprobado. De esta forma, señaló que no es una reacción “puntual o coyuntural”, sino una consecuencia de las políticas de la Junta para mejorar las condiciones de los empleados de la Administración autonómica, que suponen 200 millones al año.

En definitiva, González Gago aseguró que el decreto-ley buscaba “multiplicar” la capacidad de actuación del operativo ante la nueva magnitud de los incendios, para que se encargue de la extinción, pero también de la prevención, la restauración de los ecosistemas, así como de ayudar en algunas emergencias. También, advirtió, de que el resultado de la votación iba a afectar a la negociación abierta sobre las relaciones de puestos de trabajo. 

Responsabilidad y negociación

En un turno a favor, el ‘popular’ Rául Hernández apeló a la “responsabilidad”, porque recordó los incendios no se apagan en verano, sino que se tienen que “prevenir” antes. Por ello, ante la convocatoria de las próximas elecciones, señaló que habrá un periodo en el que la Comunidad tendrá un “desgobierno” y no se podrá legislar, por lo que defendió la actuación de la Junta para tener un operativo “en condiciones”. “Ustedes sabrán”, dijo.

Por el contrario, el socialista Miguel Hernández Alcojor rechazó con “preocupación” y desde la “responsabilidad” el decreto-ley, ya que señaló tampoco lo apoyan los sindicatos, por lo que echó en falta una negociación y diálogo “real”. En su opinión, lo propuesto no va “más allá” de las obligaciones impuestas y señaló que no supone una transformación del operativo, puesto que las mejoras son “cosméticas”. También, criticó que no se aclare que los efectivos sean “netamente públicos” y avisó: “No se puede engañar a la ciudadanía”.

El parlamentario ‘popular’, sin embargo, recurrió al Gobierno central para recordar los decretos-ley aprobados e insistió en el que el nuevo gabinete que salga de las urnas se va a encontrar en la Junta sin una “normativa actualizada”. Sus argumentos no convencieron al procurador socialista quien reiteró que no se mejora el operativo, ni se amplía, ni se acaba con la “precariedad laboral”, por lo que mantuvo su ‘no’ en defensa de la “dignidad” de los que murieron apagando las llamas y de los actuales operarios.

Críticas y soledad

Las criticas también fueron generalizadas en el resto de grupos de la oposición. Así, el procurador de Vox Ignacio Sicilia develó los intentos del PP para tratar de que apoyaran el decreto-ley, pero insistió en que se mantenían en el ‘no’ porque no hay ningún colectivo que les haya pedido que lo respalden. Además, criticó que por orden del presidente, Alfonso Fernández Mañueco, toda la actividad se traslade a Tragsa, porque señaló esto generará un “encarecimiento” de contratos y el cierre de 375 empresas del sector forestal.

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, insistió en la “soledad” de la Junta y el PP ante el rechazo de los grupos y todos los sindicatos al decreto-ley. En su opinión, no se mejoran las condiciones de los integrantes del operativo, por lo que pidió a la Junta que retire el texto y comience a negociar otro nuevo. "El dinero destinado a prevención es inversión, el destinado a apagar incendios es simplemente gasto”, les dijo.

En nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández aseguró que el decreto-ley es un “parche” porque no mejora ni amplía, a su juicio, el operativo, ni las condiciones laborales de los trabajadores. En su opinión, la Junta actúa por “interés electoral” y les acusó de mentir ante la concentración que se celebraba a las puertas de las Cortes. “¿No se dan cuenta ustedes que están solos?”, dijo.

De la misma forma, el procurador Francisco Igea, exvicepresidente, comparó a González Gago con el “caballo de Espartero” y le recriminó que defendiera la urgencia del decreto-ley ante la cercanía de las elecciones. “No tienen ustedes ni vergüenza, ni respeto a los funcionarios y los trabajadores”, sentenció.

Finalmente, el procurador de Por Ávila Pedro Pascual aseguró que no es admisible aprobar una normativa “sin dialogar y escuchar” al sector y señaló que pese a que recoge una “mejora puntual”, no se garantiza un operativo “estable”, ni se soluciona ninguna de las reclamaciones históricas.