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La planta de metanol verde en La Robla obtiene permisos para aumentar un 40% su producción

Imagen del proyecto de La Robla Green.
La Junta autoriza el incremento del 40% en la capacidad de producción del complejo industrial La Robla Green, con medidas de control para garantizar la protección del entorno

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León ha dado el visto bueno al proyecto de La Robla Nueva Energía, S.L., que prevé una modificación sustancial en su planta de metanol verde del polígono de El Crispín. 

El informe de impacto ambiental, publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), considera que las actuaciones no supondrán daños significativos, siempre que se apliquen las medidas correctoras exigidas.

Más producción y nuevas instalaciones

La iniciativa permitirá un aumento del 40% en la capacidad de producción, pasando de 100.000 a 140.000 toneladas anuales de metanol verde. Además, se instalará un oxidador térmico para sustituir el funcionamiento continuo de la antorcha y reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

El plan contempla también la ampliación de la caldera de biomasa, que pasará de 15 a 30 MWt, la incorporación de dos tanques de almacenamiento adicionales y un aumento en la generación de fusel oil, un residuo peligroso que crecerá de 800 a 2.000 toneladas anuales.

Proyecto estratégico para la transición energética

La planta forma parte del complejo La Robla Green, declarado proyecto industrial de interés regional en 2024 por la Junta de Castilla y León. Este polo energético integra la producción de combustibles limpios, la captura de CO₂ y la generación de energía renovable, convirtiéndose en uno de los principales ejes de transición energética de la comunidad.

Vigilancia y condiciones

El informe ambiental subraya que la planta se asienta en suelo industrial y no afecta a espacios protegidos de la Red Natura 2000. Los impactos detectados se califican como “compatibles o moderados”, sin que se aprecien efectos severos.

La autorización incluye un plan de vigilancia ambiental para garantizar la protección del suelo, el agua y la salud humana. La resolución tendrá una vigencia de cuatro años, y cualquier modificación futura deberá ser comunicada y evaluada por la Delegación Territorial de León.