Un testigo del primer accidente de Cerredo asegura que la muerte de cinco mineros el pasado marzo "era perfectamente evitable"
Tres años después de su accidente en la mina de Cerredo (Degaña), Enrique Ramón Martínez, de 55 años, ha decidido romper su silencio. El extrabajador, que perdió una pierna en agosto de 2022 y vio morir a su compañero Richard Daniel Sander, sostiene que la tragedia del pasado 31 de marzo —en la que fallecieron los mineros leoneses Iván, Rubén, Jorge, Amadeo y David— pudo evitarse. “Era evitable al cien por cien”, afirma a La Nueva España.
Carbón ilegal y avisos desoídos
Ramón explica que desde finales de 2021 la empresa Combayl, vinculada al empresario leonés Jesús Rodríguez Morán, sacaba carbón ilegal del sexto piso. “Todo el mundo sabía que allí se picaba carbón”, insiste. También denuncia que la actividad era conocida por mandos, compañeros e incluso inspectores del Principado, que acudían a la mina con aviso previo: “Nos decían: ‘mañana vienen los de Minas, escondéos’”.
Relata que el carbón extraído sin permiso se enviaba a Avilés, Tabaza o Garaño, donde se revendía como combustible para calefacciones. Una práctica que, según dice, generaba “mochilas llenas de billetes” para pagar horas extra en efectivo.
El accidente de 2022: “Me estaban dejando morir”
Sobre el siniestro del 25 de agosto de 2022, Enrique Ramón recuerda que el camión en el que bajaba cargado de carbón —“una chatarra con 26 deficiencias”— perdió los frenos en una pendiente. Su compañero Sander murió al saltar en marcha. Él quedó malherido. “Tardaron más de veinte minutos en socorrerme”, afirma. “Mi mujer llegó antes que nadie. Me decían que me había tirado por imprudencia; intentaban culparme para tapar el carbón ilegal”.
Asegura que un compañero declaró falsamente ante el 112 y la Guardia Civil, negando incluso reconocerlo: “Ese mismo será ahora testigo del accidente de 2025. ¿Qué credibilidad tiene?”.
“Las cinco muertes eran evitables”
Ramón recuerda que tras sobrevivir contó todo a la Guardia Civil y a la dirección de Minas, señalando nombres y descripciones de la actividad ilegal. “¿Y nadie vio nada? ¿Nadie imaginó que, si ya lo hacían en 2022, volverían a hacerlo?”. Subraya que tres de los fallecidos en 2025 trabajaban ya en el sexto piso cuando él sufrió el siniestro.
Cree que la permisividad administrativa —incluida la concesión posterior a otra empresa de la misma familia, Blue Solving— permitió que la explotación continuase. “Se mataron cinco paisanos que no tenían que estar ahí. No puede quedar sepultado entre discusiones políticas”, sentencia en La Nueva España.
“Callar no lleva a nada”
Tras seis operaciones, una prótesis y un largo proceso judicial —del que ya se ha reconocido que su accidente fue laboral—, Enrique Ramón asegura que habla ahora por un motivo: “Cinco mineros murieron por negligencias y por silencios. Yo viví ese silencio. Y callar solo trae desgracias”.