La tragedia de Cerredo extiende la fractura política en Asturias mientras las familias esperan respuestas e indemnizaciones
Más de un año después del trágico accidente en la mina de Cerredo, ocurrido en marzo de 2025, la herida sigue abierta tanto en el ámbito laboral como en el político. La muerte de los mineros leoneses Jorge Carro, Rubén Robla, Amadeo Bernabé, Ibán Radio y David Álvarez continúa marcando la agenda institucional asturiana, donde las discrepancias dentro del propio Gobierno autonómico evidencian la falta de una posición común.
Los dos socios del Ejecutivo, PSOE e Izquierda Unida, mantienen criterios enfrentados sobre cómo interpretar lo sucedido y, sobre todo, sobre qué consecuencias deben derivarse. El portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, trató de rebajar la tensión al enmarcar las diferencias en el terreno partidista, señalando que pertenecen al "ámbito de las formaciones políticas que sostienen al Gobierno", y expresó su confianza en que no afecten a la estabilidad del gabinete.
Ayudas en discusión
La controversia se intensificó tras el anuncio de futuras ayudas destinadas a víctimas de accidentes laborales. La medida, impulsada por el sector socialista del Ejecutivo, llega después de que la diputada Covadonga Tomé —quien preside la comisión parlamentaria que investiga el caso— solicitara un adelanto de indemnizaciones para las familias de los fallecidos, una demanda respaldada también por IU y el resto de grupos.
Peláez aseguró que las ayudas se aprobarán "lo antes posible", aunque evitó concretar plazos y detalles clave como la inclusión de personas heridas o si se aplicarán con carácter retroactivo a otros siniestros, como el registrado en 2022. Según explicó, el Ejecutivo sigue trabajando en aspectos como la cuantía, los beneficiarios y el alcance temporal.
IU exige igualdad y responsabilidades
Desde Izquierda Unida no tardaron en marcar distancias. La formación defiende que cualquier compensación debe ser "justa, suficiente e igualitaria" y reclama que no se establezcan diferencias entre víctimas. Además, insiste en que el debate económico no puede desligarse del análisis político del accidente.
Para IU, la cuestión central pasa por depurar responsabilidades, lo que implica identificar fallos en la gestión y asumir consecuencias en forma de ceses. Este punto es precisamente el que provoca el mayor choque con el PSOE.
El dictamen que divide
La tensión también se refleja en el borrador de conclusiones de la comisión parlamentaria, elaborado por Covadonga Tomé. El documento apunta a responsabilidades políticas de antiguos cargos y de varios funcionarios, una interpretación que el sector socialista rechaza.
Peláez calificó el texto como "eminentemente político" y sostuvo que "no acredita una relación directa de causalidad entre la actuación administrativa y el accidente". Aunque reconoció deficiencias en el funcionamiento del servicio de Minería —"no funcionaba como debía funcionar"—, subrayó que vincular esos fallos con las cinco muertes supone, en sus palabras, «un paso muy grande».
Estabilidad en entredicho
Pese a la dureza del enfrentamiento, el portavoz defendió la solidez del Ejecutivo, recordando que se han aprobado tres presupuestos y destacando la estabilidad frente a otros gobiernos autonómicos. No obstante, admitió que el conflicto con Tomé, cuya posición es clave para las mayorías parlamentarias, podría tener consecuencias.
Mientras tanto, las familias de Jorge Carro, Rubén Robla, Amadeo Bernabé, Ibán Radio y David Álvarez siguen esperando certezas. La tragedia de Cerredo, lejos de cerrarse, continúa proyectando sus efectos en dos frentes: el de la reparación laboral y el de la responsabilidad política, ambos aún sin resolver.