El PP pide el cese de Alejandro Calvo en San Andrés por "trato vejatorio"
El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo ha solicitado el cese inmediato del concejal de Urbanismo y Servicios Generales, Alejandro Calvo (UPL), tras denunciar un “trato vejatorio” hacia su portavoz municipal, Noelia Álvarez, durante la celebración de una comisión informativa.
Según trasladan los populares, el incidente se produjo cuando Álvarez preguntó por la gestión de una subvención de la Junta de Castilla y León destinada a la contratación de 20 trabajadores y por la poda de árboles en espacios que, aseguran, pertenecen a otras administraciones.
Tensión en la comisión
El PP sostiene que Calvo reaccionó con “insultos, calumnias y afirmaciones despectivas” dirigidas a la edil popular, tanto sobre su trayectoria política como sobre su vida personal, en presencia del resto de concejales. Además, aseguran que la portavoz fue expulsada de la comisión tras formular sus preguntas.
Los populares cuestionan también que el edil negara la existencia de un contrato vinculado a la poda cuando, según indican, figura en la documentación municipal facilitada a su grupo. A su juicio, la situación refleja un “descontrol absoluto” en la gestión.
Subvención y contratos
El desencadenante del enfrentamiento fue la gestión de una ayuda autonómica concedida el 21 de agosto de 2025 para contratar a 20 personas durante seis meses. El PP afirma que los contratos podían formalizarse entre el 15 de septiembre y el 30 de junio, pero que finalmente se tramitaron en enero de 2026, lo que limitará la duración a cinco meses y obligará a devolver parte de la subvención.
Asimismo, los populares señalan que los trabajadores comenzaron su actividad sin los equipos de protección adecuados y en instalaciones que califican de deficientes, aspectos que, aseguran, han sido puestos en su conocimiento por los propios empleados.
Petición a la alcaldesa
Ante estos hechos, el PP ha instado a la alcaldesa, Ana María Fernández Caurel, a cesar a Alejandro Calvo al considerar que “la violencia verbal es una línea roja que en política no debemos permitir, ni vejaciones ni amenazas ni insultos”.
Desde la formación popular subrayan que la labor de la oposición consiste en fiscalizar la acción de gobierno y reclaman a UPL que “cese en este tipo de comportamientos” que, a su juicio, deterioran el clima institucional y el respeto entre miembros de la Corporación.