El PP de San Andrés del Rabanedo culpa a la alcaldesa de la falta de interventor
La Junta de Castilla y León advirtió a finales de mayo a la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, la leonesista Ana María Fernández Caurel, de que el procedimiento para nombrar un nuevo interventor interino no cumplía la normativa. Al menos, esa es la versión del PP municipal de San Andrés.
Según explicó la portavoz del PP, Noelia Álvarez, la primera reunión del tribunal, celebrada el 16 de mayo, ya dejó claro que el órgano no podía estar formado por mayoría de funcionarios de habilitación nacional. La segunda reunión, el 30 de mayo, volvió a constatarlo en acta, pero la alcaldesa continuó con el proceso “como si nada, en un ejercicio de absoluta irresponsabilidad, de cuyas consecuencias pretende hacer responsable a la Junta de Castilla y León”, según Álvarez.
Repercusiones en la gestión municipal
La anulación del procedimiento ha provocado la parálisis del Ayuntamiento, ya que San Andrés ha tenido interventor habilitado hasta el 7 de agosto, fecha en que la alcaldesa solicitó su cese por cuarta vez. Noelia Álvarez señaló que “habrá que preguntarle por qué no se han tramitado las subvenciones, la liquidación del presupuesto o la cuenta general”, y añadió que la alcaldesa optó por un procedimiento largo en lugar de acogerse al concurso de méritos convocado por la Junta en julio, que habría permitido contar con un interventor en tiempo récord.
Críticas del PP y petición de explicaciones
El PP pedirá explicaciones en el próximo Pleno sobre el empecinamiento de la regidora en mantener un proceso irregular y sobre el incumplimiento de los trámites administrativos esenciales, mientras que la Junta ha retrotraído el procedimiento al inicio. Álvarez subrayó que “la única culpable de lo sucedido es la alcaldesa, por mucho que intente responsabilizar a la Junta de su incompetencia y soberbia”.
Consecuencias para los trabajadores y la administración local
La portavoz popular recordó que el Ayuntamiento cuenta con nueve trabajadores con el nivel A1 necesario para ejercer de interventor. “Que tome las medidas que haya que tomar, pero su incompetencia no la pueden estar pagando los ciudadanos ni los trabajadores”, señaló. La edil también lamentó que un procedimiento “tan necesario y urgente” tardara nueve meses en tramitarse, desde octubre de 2024 hasta julio de 2025.
Para Álvarez, la actuación de la alcaldesa refleja un modelo de gestión caótico y reiteradamente deficiente, que obliga al PP a insistir en la máxima colaboración con la Junta dentro del cumplimiento de la legalidad, y a denunciar lo que considera una constante “chapuza del equipo de gobierno del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo”.