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Vecinos de Pinilla exigen a Adif aclarar la apertura del puente de San Juan

Después de más de cuatro años sin uso, el puente de San Juan de Dios en San Andrés del Rabanedo podría quedar parcialmente habilitado. En la imagen, el enlace con León visto desde San Andrés del Rabanedo. Fotos: Silvia García
La asociación vecinal denuncia una "contradicción manifiesta" tras anunciar el ente público la inauguración inmediata de un vial que llevaba cerrado tres años y cuya competencia había atribuido formalmente al Ayuntamiento

La Asociación de Vecinos del Barrio de Pinilla ha presentado una solicitud formal de acceso a la información pública ante ADIF Alta Velocidad (ADIF-AV) para exigir una "aclaración motivada" ante lo que califican como un "cambio brusco" y una "contradicción frontal" en la gestión del paso superior de San Juan de Dios. La infraestructura, que comunica esta localidad con San Andrés del Rabanedo, permanece bloqueada al tránsito desde que terminara su construcción hace ya más de cinco años.

El colectivo vecinal recuerda que el vial quedó "materialmente terminado en enero de 2021" y, desde esa fecha, "ha permanecido cerrado al tráfico, sin entrar en servicio". Ante la prolongada inactividad, la asociación acudió a los cauces de transparencia en el año 2023, recibiendo una contestación por parte de la presidencia del ente estatal que ahora choca frontalmente con los planes actuales de la entidad.

Un vuelco en las competencias

Según detalla la organización en su reclamación, ADIF-AV dictó una Resolución con fecha de 8 de agosto de 2023 en la que se lavaba las manos sobre la parálisis del puente. En aquel texto oficial, firmado por la presidenta de la entidad pública empresarial, se determinó textualmente que «en relación con la fecha de inauguración del paso superior referido en la petición arriba referenciada, hay que indicar que dicha consulta deberá dirigirla al Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo, siendo de su competencia las cuestiones referidas a la puesta en servicio y mantenimiento del nuevo vial».

La resolución de 2023 iba más allá y añadía que, en aplicación de la legislación vigente, «se remite al Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo la solicitud de información pública relativa a este punto para que proceda en consecuencia». Con estos argumentos, el organismo ferroviario "hizo recaer expresamente en el Ayuntamiento la competencia y la responsabilidad sobre la puesta en servicio del vial".

Apertura sin previo aviso

El escenario normativo ha dado un vuelco radical. El pasado 14 de junio de 2026, la prensa provincial desveló un plan totalmente opuesto: "es ADIF quien va a retirar de forma inmediata las vallas y a poner en servicio el paso superior, programando incluso un acto público de inauguración".

Desde el Barrio de Pinilla critican que se ejecute esta maniobra "sin que conste cambio material alguno respecto del escenario ya existente en enero de 2021" ni "actuación alguna que justifique ese cambio de criterio". Esta situación ha motivado la petición urgente de transparencia para identificar qué "actuación, acto administrativo o circunstancia concreta" ha variado en las oficinas de ADIF para dar este giro de timón.

Silencio e incertidumbre municipal

La opacidad que rodea la inminente inauguración también afecta, según denuncian, al propio consistorio. La asociación asegura que "no ha recibido comunicación alguna del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo sobre este asunto", y afirma tener "conocimiento fehaciente" de que los grupos de la oposición municipal "han tenido noticia de esta nueva situación a través de la prensa", lo que confirmaría que el canal de comunicación institucional se ha visto omitido o distorsionado.

Además de aclarar los motivos del cambio de postura, el colectivo exige conocer el estado de los proyectos pendientes. Específicamente, han requerido información expresa sobre la "fecha de ejecución de la Fase 2 del proyecto", que contempla la "construcción de los dos carriles pendientes" y cuya tramitación ya había sido anunciada en la resolución oficial del año 2023.

Amparados en la Ley 19/2013 de Transparencia, los vecinos recuerdan a ADIF-AV que, al ser una entidad pública empresarial, dispone de un "plazo máximo de un mes" para notificar su resolución. La plataforma vecinal concluye advirtiendo que se reserva "expresamente el derecho a interponer reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno" en caso de recibir una respuesta "insuficiente" o si se produce el silencio administrativo.