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Vox rechaza la subida de sueldos y del agua en San Andrés: "No avalamos su gestión, ni su coste"

Fernando Prieto Olite, portavoz del grupo VOX en la Diputación Provincial de León y concejal de VOX en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
El grupo municipal acusa al equipo de gobierno de desatender la situación económica de los vecinos mientras eleva salarios políticos y tarifas básicas

El Grupo Municipal Vox ha mostrado un contundente rechazo a las decisiones adoptadas por el equipo de gobierno de San Andrés del Rabanedo en el pleno celebrado este jueves. En concreto, han votado en contra de la modificación de cargos con dedicación exclusiva y parcial, lo que supone un aumento en los sueldos de varios concejales. “Estos salarios superan ampliamente lo que perciben muchos vecinos trabajando a jornada completa”, denunció la formación.

Durante su intervención, Vox pidió que constara en acta su negativa a “avalar ni su gestión ni el coste que suponen para nuestro municipio”, cuestionando la productividad y el compromiso de algunos ediles. “¿Justifica su trabajo estos salarios? ¿Por qué hay concejales que no atienden a los vecinos hasta pasadas las 12:30 cuando los citan a las 12?”, plantearon.

Un 38% más por el agua: “Injusto y abusivo”

Otro de los puntos más criticados por Vox fue la subida del 38,25% en la tasa del agua potable y alcantarillado. Según el grupo, se trata de un aumento “innecesario y abusivo”, muy por encima del ajuste que correspondería aplicar si se indexara al IPC.

Vox lamenta que sus alegaciones hayan sido rechazadas y advierte del “grave impacto económico” que esta decisión puede tener sobre las familias más vulnerables del municipio. “La Constitución exige un sistema tributario justo y progresivo, y esta subida rompe totalmente con ese principio”, aseveraron.

“El Ayuntamiento debe buscar eficiencia antes de castigar al vecino”

Desde la formación también instan al equipo de gobierno a explorar alternativas de gestión antes de cargar el coste de los servicios sobre los ciudadanos. Reclaman mayor eficiencia, revisión de contratos y contención del gasto político como vías prioritarias. “Subir el agua es fácil, lo difícil es gestionar con responsabilidad”, sentenciaron.

Asimismo, exigen que en futuras revisiones tarifarias se valoren las alegaciones de la oposición y, sobre todo, “la capacidad económica real de los vecinos”.