Año de elecciones
España entra en un nuevo ciclo electoral y, aunque el calendario marque varias citas, el verdadero tercer asalto entre el PSOE y el PP, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se librará en Castilla y León. Esta Comunidad Autónoma, tradicionalmente asociada a la estabilidad conservadora, vuelve a situarse en el centro del tablero político nacional, no sólo por lo que está en juego a nivel regional, sino por el mensaje que pueda enviar al conjunto del país.
El Partido Popular parte con una ventaja evidente. Gobierna, conoce el territorio y dispone de una maquinaria política que ha sido construida durante décadas. Frente a él, un Partido Socialista que aún no ha logrado cerrar la herida de una oportunidad histórica perdida.
El PP, además, presenta un candidato sobradamente conocido. Alfonso Fernández Mañueco ha sido prácticamente todo en política, conoce los resortes institucionales y se apoya en una estructura sólida
Luis Tudanca ganó las anteriores elecciones, estuvo a las puertas de presidir la Junta, pero no supo —o no pudo— articular los pactos necesarios para gobernar. Aquella ocasión desperdiciada pesa todavía como una losa en la memoria del electorado progresista y refuerza la narrativa popular de experiencia frente a improvisación.
El PP, además, presenta un candidato sobradamente conocido. Alfonso Fernández Mañueco ha sido prácticamente todo en política, conoce los resortes institucionales y se apoya en una estructura sólida, territorialmente implantada y disciplinada. Frente a él, el soriano Carlos Martínez representa una apuesta socialista más localista, con buena gestión municipal como aval, pero con menor proyección autonómica y, sobre todo, con menos margen de error.
Sin embargo, lo realmente interesante de estas elecciones no será únicamente dilucidar si Mañueco vence a Martínez. La gran incógnita reside en si alguien logrará una mayoría absoluta en un escenario cada vez más fragmentado. El auge de los provincialismos —especialmente en una Comunidad tan extensa y desequilibrada como Castilla y León— introduce un factor disruptivo que puede alterar cualquier previsión. Plataformas locales, discursos centrados en la España vaciada y reivindicaciones territoriales específicas amenazan con convertir el Parlamento autonómico en un mosaico difícil de gobernar.
Hay, además, un elemento que no debería pasar desapercibido y que ha generado un profundo malestar en el sector periodístico: la reforma de la Ley de Publicidad Institucional.
En ese contexto, Vox vuelve a ser clave. Su papel será determinante, tanto si el PP se queda corto como si busca blindar una mayoría holgada. Aunque la aritmética obligue, una vez más, a entenderse, la relación entre ambos partidos está lejos de ser cómoda. Se necesitan, pero no se fían. Y esa tensión será uno de los ejes de la campaña y del eventual pospartido electoral.
Hay, además, un elemento que no debería pasar desapercibido y que ha generado un profundo malestar en el sector periodístico: la reforma de la Ley de Publicidad Institucional. Vox, junto a Podemos y el PSOE, impulsó un cambio que, lejos de mejorar la transparencia o fortalecer el pluralismo, ha terminado empobreciendo y cabreando al articulado mediático libre e independiente.
Esa traición a los medios no ha servido para dignificar la información ni para mejorar la calidad del debate público. Al contrario, ha erosionado la confianza y ha alimentado la sensación de que ciertas decisiones se toman más por cálculo político que por convicción democrática.
Una decisión que ha beneficiado, en la práctica, a los grandes grupos de comunicación regionales y nacionales, dejando en una posición de debilidad a muchos medios locales que cumplen una función esencial de control y cercanía democrática.
Esa traición a los medios no ha servido para dignificar la información ni para mejorar la calidad del debate público. Al contrario, ha erosionado la confianza y ha alimentado la sensación de que ciertas decisiones se toman más por cálculo político que por convicción democrática.
Castilla y León afronta, por tanto, unas elecciones decisivas. No sólo para definir quién gobierna la Junta, sino para medir fuerzas, marcar tendencias y anticipar escenarios de futuro. Un tercer round que se jugará lejos del Congreso, pero cuyos efectos resonarán en toda España. Porque, aunque muchos lo olviden, en esta tierra también se deciden elecciones nacionales.