'La abogacía, oficina de los derechos humanos'

Al cumplirse 77 años de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la realidad se nos muestra tan conmovedora como alarmante. El informe anual de Amnistía Internacional ofrece un diagnóstico crudo: aquellos derechos que creíamos universales están hoy bajo un acoso implacable, una auténtica “pesadilla a cámara lenta”. El panorama exige respuestas inmediatas y firmes frente al desmantelamiento profundo y sistémico del espíritu que inspiró la Declaración.

A ello se suman los ataques a la libertad de expresión —esencia misma de la democracia— y la represión autoritaria globalizada que criminaliza a activistas, estudiantes y defensores de derechos humanos...

Los ejemplos son devastadores: el genocidio retransmitido en Gaza, la crisis humanitaria en Sudán ignorada por gran parte del mundo, la injusticia climática que condena a los más vulnerables al desplazamiento forzoso mientras los gobiernos responden con hostilidad y xenofobia. A ello se suman los ataques a la libertad de expresión —esencia misma de la democracia— y la represión autoritaria globalizada que criminaliza a activistas, estudiantes y defensores de derechos humanos, etiquetándolos como “terroristas” o “extremistas”. En demasiadas regiones, el poder utiliza la ley como arma de persecución.

No podemos olvidar tampoco las violencias cotidianas y cercanas o la discriminación por género, orientación sexual, origen étnico o la mera condición de ser migrante, auténticas vulneraciones de los derechos humanos. En este contexto, nuestra Constitución establece como imperativo legal que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpreten conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Mujeres y hombres que, en su ejercicio profesional cotidiano, y de manera especial a través del turno de oficio, garantizan que la justicia sea un derecho y no un privilegio...

Para que este pacto de convivencia se mantenga, la sociedad cuenta con un cuerpo profesional que ha hecho de la defensa de los derechos humanos parte esencial de su identidad: la abogacía. Mujeres y hombres que, en su ejercicio profesional cotidiano, y de manera especial a través del turno de oficio, garantizan que la justicia sea un derecho y no un privilegio. Su labor elimina barreras económicas, asegura el equilibrio de armas en el proceso judicial y protege principios esenciales como la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Defienden a víctimas de delitos de odio, de violencia sobre las mujeres, a consumidores, personas privadas de libertad o migrantes. Todo ello constituye la esencia misma de los derechos humanos.

El papel de la Abogacía también ha sido crucial en el impulso de investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Estos logros no son fruto del azar, sino del eco de la presión constante ejercida por abogados y víctimas que se niegan a aceptar la impunidad. Es la prueba de que el Derecho puede alcanzar a quienes pretenden silenciar la libertad.

No debemos olvidar a quienes pagan un precio personal por ejercer esta misión: la abogada china Li Yuhan, condenada tras años de encarcelamiento por defender la libertad religiosa; la abogada iraní Nasrin Sotoudeh, castigada por su lucha contra la pena de muerte y por defender a mujeres y activistas; y tantos otros muchos profesionales perseguidos mediante leyes antiterroristas o contra el crimen organizado, no por cometer delitos, sino por el simple hecho de alzar la voz.

Sin embargo, la acción constante, silenciosa y comprometida de la abogacía permite victorias cruciales, tanto globales como cotidianas, todas igualmente importantes.

Por eso cobran fuerza las palabras de Carlos Carnicer, quien fuera presidente del Consejo General de la Abogacía Española:
“Cada despacho de abogados es una oficina de derechos humanos.”