Responsabilidad

José Antonio Blanco.
Juan Carlos Pérez.
Roberto Álvarez.
Orlando González.
José Luis Arias.
Manuel Moure.

Los Seis del Pozo Emilio del Valle. Nadie es responsable de sus muertes, ni criminal ni civilmente.

Ésa es la sentencia que la Audiencia de León ha producido este martes. Exonera hasta a las aseguradoras de su responsabilidad civil. No voy a entrar a valorar el dictamen jurídicamente porque sería muy osado por mi parte, dada mi enciclopédica ignorancia sobre el Derecho.

Pero resulta que sí puedo hablar de mis propios sentimientos cuando leo noticias como ésta y trato apenas de empatizar con el dolor que habrán sentido los familiares de los fallecidos. Y digo apenas porque ha de ser tan grande el dolor y la rabia ante esta situación, que me parece difícil acercarme siquiera a esa sensación de impotencia, duelo e inasistencia por parte del Estado. De ese Estado que todos contribuimos a construir con nuestro esfuerzo, pero que muchas veces también a muchos parece darnos la espalda en forma de Administración ineficaz o Justicia tardía, cicatera y alarmante. Se suele decir que la Justicia, tardando, ya no es justa. Pero no reconociendo siquiera responsables, es cruel.

Más allá del dolor de las familias, provoca en la sociedad un profundo sentimiento de indefensión. La desproporción entre la magnitud del daño y la ausencia de responsabilidades causa una gran alarma social. 

Es este mismo Estado el que nos obliga, por ejemplo, a contratar un seguro de responsabilidad civil en caso de organizar algún evento, no sea que algún asistente se tuerza un tobillo y no esté cubierta tal contingencia personal en un acto de libre acceso, y la tengamos. Y, miren por dónde, en el caso del Pozo Emilio del Valle no van a cubrir el fallecimiento de unos trabajadores en su puesto y horario porque el accidente es calificado de imprevisible.

Circunstancia ésta última que no está nada clara si tenemos en cuenta el análisis indiciario del fiscal, que apunta claramente a omisiones en el protocolo de seguridad y una clara preocupación entre la plantilla en los días previos por los elevados índices de metano, precursores habituales de invasiones masivas de grisú. Torcerse un tobillo en un sarao sí suele ser fortuito, pero ya ven, tiene que estar cubierto, que es responsabilidad última del organizador. Cosa de raseros.

Por eso, cuando leo que el Ayuntamiento de Castrocalbón ha llevado a la Fiscalía una denuncia por “extraordinarias imprudencias” de la Junta de Castilla y León durante la extinción de los incendios que asolaron el municipio este pasado verano, no puedo por menos que, alabando la iniciativa, pensar también en los raseros. De la poca pinta que tiene este caso de depurar responsabilidades, que se achacarán las decisiones precipitadas a su misma urgencia, no encontrando, seguramente, más culpable que la premura, si acaso. Pero nunca, claro, torpeza, incompetencia o necedad.

Y aquí un olé por ese grupo de concejales, incluidos dos compañeros de filas del partido que sostiene el gobierno de la Junta y que, seguramente, dejarán de estar bien considerados entre sus correligionarios. Recordemos, no obstante, que es en este incendio donde fallecieron Abel Ramos y Jaime Aparicio. Son ésas unas pérdidas irreparables, imposible taparlas con las cacareadas ayudas y las huecas palabras de ese consejero necio que ahora se acuerda de haber actuado con “chulería y sobradez”. Otra vez muertos, y otra vez probable impunidad. Estaremos atentos.

Las 'visitadoras'

Y ante tanta falta de responsables, aunque parecen existir mecanismos que apenas funcionan alguna vez, hoy me siento, tal vez como nunca, defraudado. Y es que, haciendo un análisis somero, creo que no estoy en absoluto representado por aquellos que me he visto en la obligación de elegir. Escogiendo al “menos malo” lo único que he hecho es legitimar este estado de cosas que sufrimos.

Y no les voy a dar mucho “la chapa” hoy con “Mañueco y sus visitadoras”. Voy a tirar por elevación e introducirles en lo que creo que es la raíz de todos los males que asolan a nuestro país. Simple y llanamente, hemos privatizado el Gobierno. Y no lo hemos hecho conscientemente, sino arrastrados por una dialéctica progresiva, larvada y buscada por esos órganos tóxicos que detentan el poder en España. A estas alturas, conspiranoicas para muchos, se habrán dado cuenta de que hablo de los partidos políticos. Los de implantación nacional claramente funcionan como resortes del poder económico, IBEX 35, lobbies e intereses personales. Tampoco son representantes de los territorios por los que sus diputados y senadores salen elegidos. Funcionan a toque de campana y de dedito de portavoz levantado, y aún así se equivocan bastante los muy lerdos.

Los partidos mal llamados nacionalistas, que sólo son “lobbistas” regionales, sí parecen representar intereses territoriales, pero su visión de construcción nacional pasa por el embudo de sus conveniencias locales. Recuerdo cómo en la Catalunya de Pujol su partido era llamado “Conveniència i Unió”. Favorecidos por la Ley D’Hondt, su fuerza se basa en la desproporción demográfica: otro palo al reparto territorial supuestamente buscado.

Insignificancia política

Tales circunstancias, por lo que respecta a León, pero también a buena parte de las provincias castellanas, nos llevan a una absoluta insignificancia política. Muy lejos de aquel teórico “campeón territorial” que equilibraría fuerzas con las emergentes autonomías donde ese teórico nacionalismo camparía a sus anchas. El resultado ha sido un oeste y buena parte del centro peninsular vacío y yermo, con pocas posibilidades de repoblación, en franco declive demográfico y sólo respetado como fuente de recursos… pero en este argumentario me repito como el pepino.

Si alguna vez disfrutamos de autonomía en León deberíamos tratar de conseguir una auténtica representatividad territorial interna, basada en una comarcalización del territorio. Así, por ejemplo, cada comarca podría escoger un procurador, o los que se asignaran en función a su población ajustada, directamente escogido en concejo mayor de sus juntas vecinales. Podría ser esa una fórmula que evitase el poder omnímodo de los partidos políticos, ésos que han consentido la práctica desaparición como elementos de la Administración de las juntas vecinales.

De momento es un “cuento de Calleja”, y de los gordos… pues anda que no habría que cambiar cosas en la Ley de Bases del Régimen Local. De entrada, volver a incorporar el artículo 45, derogado por el gobierno Rajoy en diciembre de 2013, por cierto, siendo Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas un presunto caco estafador, especialista en acoso y derribo de rojerío artístico llamado Cristóbal Montoro. Uno que a punto estuvo de cargarse el más bajo y gratuito escalón de la Administración cuando Bruselas le pidió que “recortara Estado”. Pues eso, a punto de dejarnos sin juntas vecinales, algo que ni Franco, ése del que algunos esperan milagroso advenimiento, consiguió en sus casi cuarenta años de dolor.

Montoro, otro que, si aplicamos la lógica de la sentencia del Pozo Emilio del Valle, también se irá de rositas… La culpa es nuestra, que nos dejamos robar. Representación y hacienda.