Somacyl: la punta del iceberg que define el futuro de León
En León, los números nunca llegan solos. Aterrizan como quien deja una huella en la nieve: parecen neutros, pero señalan un rumbo. El proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 reserva a la provincia unos 285,5 millones de euros en inversiones. La cifra impresiona, tranquiliza incluso, como una manta bien extendida sobre el frío histórico del territorio. Pero basta acercarse un poco para notar que el calor no está en la cantidad, sino en las manos que regulan el termostato. Porque el verdadero significado del dinero público no está en cuánto llega, sino en quién decide cómo se usa y desde dónde se piensa el futuro.
Gran parte de esas inversiones en infraestructuras, agua, vivienda pública, redes de calor, biomasa, suelo industrial, energías renovables y medio ambiente discurren por un mismo cauce: Somacyl y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. En la superficie, Somacyl se presenta como una herramienta técnica, moderna, eficaz, una empresa pública capaz de ejecutar con rapidez lo que la administración tradicional tarda años en poner en pie. Pero bajo esa piel administrativa aparece otra textura, más espesa, más inquietante: la concentración. Lo que parece una simple arquitectura presupuestaria acaba dibujando un mapa de poder. Agua, energía, vivienda, suelo productivo: las grandes palancas económicas del territorio quedan agrupadas en estructuras que miran poco hacia abajo y mucho hacia el centro. Municipios y comarcas observan cómo los recursos que se generan o se invierten en León se planifican lejos, se deciden fuera y se ejecutan sin apenas diálogo. Somacyl emerge así como la punta visible de un iceberg más profundo: un modelo de desarrollo que no corrige la fragilidad de la provincia, la administra.
El rostros técnico de una voluntad política
Porque Somacyl no es solo una empresa pública. Es el rostro técnico de una voluntad política. Su naturaleza híbrida mitad pública, mitad empresarial le permite moverse con una agilidad que no tienen ni los ayuntamientos ni las consejerías, y con una discreción que reduce la rendición de cuentas. Cada obra, cada tubería, cada proyecto no es solo ejecución material: es una forma de mandar. No se gobierna únicamente con leyes; también se gobierna con infraestructuras. La Red de Calor, con una inversión cercana a los 24 millones de euros, funciona como metáfora perfecta. Es visible, vendible, fácilmente asociable a la idea de modernidad. Pero también abre preguntas incómodas que rara vez se formulan en voz alta: quién decide, quién participa, quién controla. Centralizar lo que antes estaba disperso desplaza el control democrático local. Infraestructura como sinónimo de progreso; obediencia como condición del desarrollo.
No es un caso aislado. Somacyl gestiona vivienda pública en León y en municipios como La Bañeza o Astorga, parques industriales en el Bierzo, parques solares en zonas rurales, proyectos de biomasa presentados como energía limpia mientras concentran el control en una misma estructura. Los contratos se repiten, las adjudicaciones caen en un círculo reconocible de empresas históricamente vinculadas a la Junta. No siempre es ilegal, pero sí revelador. Se construye obra pública mientras se vacía la autonomía local. Los pueblos reciben proyectos, pero pierden capacidad de decidir su propio camino.
La opacidad completa el cuadro. Los fondos europeos, como Next Generation, FEDER, PRTR o Fondos de Transición Justa, no aparecen de forma clara ni consolidada. El Tomo 13 del presupuesto, donde se esconde el desglose real, resulta casi inaccesible, con descargas fallidas y datos fragmentados. La ciudadanía percibe que circulan millones, pero no sabe cuántos llegan de Europa, cómo se reparten ni a quién benefician. La sensación es persistente: todo pasa por Somacyl. Y León asiste como espectadora.
Lo esencial, fuera de foco
Mientras tanto, lo esencial queda fuera de foco. Regadíos pendientes en Valderas, centros de salud en Villablino, prevención de incendios en Babia y Laciana. Lo que sostiene la vida diaria no genera titulares. La inversión sigue la lógica de la visibilidad: lo que se ve se premia; lo que se necesita, espera. Las consecuencias no son abstractas. Vecinos de La Virgen del Camino que aguardaban vivienda social se sienten desplazados. Pequeños empresarios de Villafranca del Bierzo quedan fuera del circuito. Familias del barrio de La Lastra perciben que su voz no cuenta en decisiones que afectan directamente a su día a día. Somacyl concentra recursos sin rendir cuentas al mismo nivel democrático que los ayuntamientos. La política se disfraza de eficiencia técnica y, cuando esa eficiencia se cuestiona, la respuesta deja de ser técnica para volverse política.
En ese clima de decisiones verticales y territorios que sienten cómo se estrecha su margen, distintas plataformas sociales han decidido dar un paso al frente. La Coordinadora en Defensa del Territorio, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, ‘Esla Vida’ de Vidanes, ‘Lodos no’ de Piedralba y ‘Payuelo Libre’ de El Burgo Ranero han convocado una concentración el domingo uno de marzo, a las 12:00 horas, frente a Casa Botines, en la capital leonesa, para denunciar lo que consideran una falsa transición energética que convierte a los pueblos en escenario de proyectos que jamás encontrarían acomodo en entornos urbanos. Denuncian que tras las promesas de empleo y riqueza se repite un patrón: primero eólicos y fotovoltaicas, después macrogranjas y ahora plantas de biogás y biometano. Alertan de que, lejos de fijar población, estas infraestructuras amenazan el valor agrícola y natural del territorio, multiplican vertederos, olores y riesgos sobre el agua, y consolidan un modelo que beneficia a grandes empresas mientras debilita el tejido local. La cita busca unir a quienes sienten que el desarrollo se impone sin escucha y que el futuro rural no puede decidirse desde un despacho.
Este modelo no es neutro. Produce cultura, produce desigualdad, produce relato. Las obras mediáticas, como las redes de calor, plantas de biomasa, polígonos agroalimentarios, monopolizan la atención mientras la inversión en prevención, cuidados y servicios básicos desaparece del mapa. La provincia recibe infraestructura, pero no autonomía, ni resiliencia, ni capacidad real de decisión. Somacyl no solo construye redes de calor; construye redes de dependencia. Gestiona recursos, marca prioridades, conecta intereses económicos y políticos. En los papeles es una empresa pública; en la práctica actúa como un centro de gravedad. Todo pasa por ahí. Todo depende de su maquinaria. El territorio recibe una política que no ha elegido, diseñada desde fuera, que consolida un modelo extractivo y dependiente.
Una transición política
La Junta lo presenta como transición energética, pero, si se escucha con atención, la música es otra. No es solo una transición energética; es una transición política. Sustituye gestión local por gobernanza corporativa, participación por tecnocracia, diversidad de voces por una lógica única que actúa en nombre de todos sin preguntar a nadie. El iceberg de Somacyl muestra su punta en obras visibles; bajo el agua permanecen la concentración de poder, la repetición de adjudicaciones, la opacidad de los fondos europeos y una narrativa que decide quién gana y quién pierde. El problema no es técnico, es estratégico. Apostar por este modelo es reforzar la periferia mientras el centro acumula decisión y beneficios. Convertir a León en laboratorio de decisiones lejanas, en territorio de sacrificio.
Cambiar el combustible no cambia la lógica. Un modelo verdaderamente sostenible exige descentralización, corresponsabilidad, generación distribuida, rehabilitación energética, cooperativas locales. No es una utopía: es una alternativa real. El contraste es evidente. La narrativa habla de modernización; el territorio percibe dependencia. León se mira a sí misma desde fuera. Somacyl acaba siendo la metáfora de un error de fondo: confundir obra con desarrollo, ejecución con futuro.
Ha llegado el momento de decidir. León no necesita obedecer planes diseñados lejos, sino construir el suyo. Con transparencia, con participación, con justicia territorial. Cada caldera, cada vivienda, cada parque industrial es también una pregunta abierta: si seguimos siendo territorio obediente o si empezamos, por fin, a escribir nuestro propio guion. La Red de Calor, las plantas de biomasa y los polígonos agroalimentarios no son solo proyectos; son un espejo. Y lo que devuelven no es una imagen técnica, sino política. León no necesita solo obras visibles: necesita voz, participación y justicia territorial. Solo así dejará de ser espectadora de su propio destino y pasará a ser protagonista de su futuro.