La cara de tonto del que cumple
Mohamed Ali y Rosario Juárez deciden venir a España. Uno desde Marruecos, otro desde Perú. No tienen formación relevante, no tienen una trayectoria profesional que les abra puertas, no tienen nada especialmente valioso que perder en su país de origen salvo la pobreza, la inestabilidad o la rutina de una vida bloqueada. Entre ellos, sus familias y las deudas contraídas con mafias locales o intermediarios de ocasión logran reunir lo necesario para dar el salto. No vienen con un contrato. No vienen con papeles. No vienen dentro de la ley. Vienen, sencillamente, porque han calculado que saltársela les compensa.
Mustafá y Juan Rodríguez también quieren venir a España. Pero su historia es otra. Tienen oficio. Han trabajado en la industria. Les gustaría mejorar su vida profesional, no solo escapar de una precariedad elemental. Intentan hacer las cosas bien. Buscan una vía legal. Esperan una oportunidad real, un contrato en destino, un procedimiento reglado, un camino que no les obligue a entrar a escondidas, a vivir dos años en negro o a poner su futuro en manos de una red de tráfico de personas. Y mientras esperan, siguen creyendo en algo cada vez más extravagante: que cumplir la ley tiene algún valor.
Hoy España vuelve a mandarles el mensaje contrario.
Porque ese es el centro moral de la regularización masiva que el Gobierno ha puesto en marcha: no solo altera cifras, expedientes o registros administrativos. Sobre todo destruye una idea básica de justicia. La idea de que quien cumple la ley no puede acabar en peor situación que quien la burla de forma deliberada. La idea de que un Estado serio no puede tratar como ingenuo al que esperó su turno y como beneficiario final al que convirtió el hecho consumado en estrategia de entrada. La idea, en fin, de que obedecer no puede ser una forma de hacer el ridículo.
Si España premia al que consigue instalar el hecho consumado, el camino lógico no es esperar permiso, sino llegar primero y discutirlo después
Eso es exactamente lo que ocurre aquí. Mohamed Ali y Rosario Juárez entran ilegalmente, sobreviven como pueden, muchos sobreviven en la economía sumergida, en empleos precarios e irregulares, se mueven en los márgenes del sistema y, en algunos casos, caen en la mendicidad, en pequeñas infracciones o en entornos donde la ley solo aparece como amenaza, nunca como marco de integración. No hace falta convertirlos en demonios para explicar el problema. Basta con reconocer que su conducta responde a un incentivo perfectamente racional: si España premia al que consigue instalar el hecho consumado, el camino lógico no es esperar permiso, sino llegar primero y discutirlo después.
La cara de tonto del que cumple. La cara de tonto del que esperó. La cara de tonto del que creyó que un país europeo tomaba en serio su propio sistema legal
Mientras tanto, Mustafá y Juan Rodríguez siguen donde estaban, mirando los procedimientos, reuniendo papeles, esperando una oferta, confiando en que las reglas existen para algo. Y descubren, al cabo del tiempo, que los que hicieron todo mal han conseguido regularizarse, mientras ellos siguen en la cola con cara de tontos. Esa expresión, precisamente, es la que mejor resume el fondo de esta política. La cara de tonto del que cumple. La cara de tonto del que esperó. La cara de tonto del que creyó que un país europeo tomaba en serio su propio sistema legal.
Aquí está el engaño principal que acompaña estas operaciones. Presentan la regularización como un gesto humanitario, como una respuesta compasiva, como una forma de reconocer una realidad social ya existente. Y, sin duda, hay casos personales dramáticos, situaciones de necesidad extrema y trayectorias humanas que merecen comprensión. Pero la política no se mide solo por la emoción que produce un caso concreto. Se mide también por la regla general que consagra. Y la regla general que consagra una regularización masiva de este tipo es devastadora: en España, a menudo, sale peor obedecer que incumplir.
España acumula desde hace años mecanismos extraordinarios de regularización, arraigo y normalización que terminan transmitiendo incentivos contradictorios.
Si tienes oficio, si quieres emigrar legalmente, si buscas un contrato y actúas dentro de la norma, eres irrelevante
Ese es el verdadero mensaje que se lanza al exterior. No uno de compasión, sino uno de instrucción práctica: si tienes oficio, si quieres emigrar legalmente, si buscas un contrato y actúas dentro de la norma, eres irrelevante. Si en cambio consigues entrar, aguantar, trabajar en la sombra y convertir tu presencia irregular en una realidad difícil de revertir, el sistema terminará ocupándose de ti. No porque respete tu conducta, sino porque se resigna ante los hechos consumados. Y un Estado que legisla desde la resignación deja de educar en la ley y empieza a educar en el atajo. Luego fingimos sorpresa cuando miles de personas consideran que vale la pena jugarse la vida en rutas clandestinas y llegar como sea.
Habrá quien responda que la ley tiene que adaptarse a la realidad. Es una frase cómoda. También tramposa. Claro que la ley debe mirar la realidad, pero no puede hacerlo a costa de convertirse en una burla para quien la respetó. Porque entonces deja de ser ley en sentido serio y pasa a ser una simple máquina de convalidar hechos consumados. Hoy regularizas al que entró mal porque ya está aquí. Mañana otro entrará mal precisamente porque sabe que esa regularización futura es posible. Y así, con cada operación extraordinaria presentada como gesto moral, lo que haces en realidad es consolidar una expectativa estructural de incumplimiento rentable.
Lo más revelador es que esta lógica se sostiene siempre sobre el mismo desprecio implícito: el desprecio al que hace las cosas bien. Mustafá y Juan Rodríguez no interesan. No son fotogénicos. No pueden ser instrumentalizados en el teatro de la compasión urgente. No ocupan plazas, no fuerzan expedientes, no generan presión política inmediata. Solo esperan. Solo cumplen. Solo creen en la ley. Y por eso mismo el sistema los convierte en los perdedores perfectos: discretos, disciplinados y perfectamente sacrificables.
No premia al que puede integrarse mejor en términos laborales y cívicos. Premia al que resiste más tiempo en la irregularidad hasta que la administración renuncia a corregirla
Esa es una de las grandes obscenidades de nuestro tiempo. Que la política migratoria ya no selecciona al más preparado, al más necesario o al que llega con una relación limpia con la ley, sino al que mejor consigue instalar un problema que después el Estado decide administrar. No premia al que puede integrarse mejor en términos laborales y cívicos. Premia al que resiste más tiempo en la irregularidad hasta que la administración renuncia a corregirla.
Y no, esto no es falta de humanidad. La humanidad no consiste en destruir la justicia comparativa. La humanidad no exige ridiculizar al que obedeció. Un país serio puede ser generoso —debe serlo—, pero la generosidad empieza por no castigar al que cumple, por respetar al que espera, por ordenar la inmigración en función de la necesidad económica y de la integración posible, no del sentimentalismo del momento ni de la incapacidad crónica para hacer cumplir las reglas.
Porque el drama de fondo no es que Mohamed Ali y Rosario Juárez intenten aprovechar una oportunidad. Harían lo que cualquiera haría si el sistema les enseña que así se entra mejor. El problema es el Estado que les enseña esa lección. El Gobierno que convierte al cumplidor en ingenuo y al infractor en beneficiario. El país que empieza a decirle al mundo que hay dos formas de llegar a España, pero solo una ofrece resultados: la que se salta primero la ley para negociar después con ella.
Cuando la ley deja de premiar al que la respeta y empieza a recompensar al que la desafía, no solo fracasa la política migratoria: se erosiona la confianza cívica sobre la que descansa cualquier democracia seria.
La alternativa no es la dureza ciega ni la insensibilidad. Es una inmigración ordenada
La alternativa no es la dureza ciega ni la insensibilidad. Es una inmigración ordenada: cupos ligados al empleo real, procesos rápidos, expulsión de redes mafiosas y prioridad efectiva para quien solicita entrar legalmente.