El espejismo de la regularización
Hay decisiones políticas que revelan más por lo que omiten que por lo que proclaman. La regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes que el Gobierno acaba de aprobar por decreto pertenece a esa categoría. Se presenta como un acto de justicia social, como la respuesta pragmática a una realidad innegable. Y, sin embargo, basta mirar más allá de nuestras fronteras para comprender que España acaba de emprender un camino que el resto de Europa abandonó hace tiempo.
Mientras el Consejo de Ministros celebraba su decisión, Alemania negociaba con Kabul la deportación de ciudadanos afganos. Francia elevaba de cinco a siete años el requisito de residencia para obtener permisos y añadía pruebas de idioma obligatorias. Italia, gobernada por una coalición que nadie calificaría de blanda, endurecía los controles fronterizos al tiempo que vinculaba cualquier regularización al empleo efectivo, no a la mera presencia en el territorio. Dinamarca recortaba el acceso de inmigrantes a las ayudas públicas. Grecia y Finlandia suspendían la tramitación de asilo en determinadas rutas marítimas. Nueve países de la Unión pidieron formalmente en mayo de 2025 reinterpretar la Convención Europea de Derechos Humanos para facilitar las expulsiones.
No son gestos aislados ni arrebatos populistas. Es una tendencia continental que responde a una lección aprendida a golpe de realidad: el Estado del bienestar europeo, esa conquista civilizatoria que garantiza sanidad universal, educación pública, pensiones y protección social, no puede sostenerse si las puertas permanecen abiertas de par en par. No por crueldad, sino por aritmética. Los recursos son finitos. Los servicios públicos tienen capacidad limitada. Y cuando la demanda crece sin control mientras la oferta se estanca, el resultado no es la abundancia compartida sino la escasez generalizada.
España ha decidido ignorar esta evidencia.
Los números hablan con una elocuencia que los discursos ministeriales prefieren esquivar. En los últimos siete años, la población extranjera en España ha aumentado en dos millones y medio de personas. Hoy representa el catorce por ciento del total. Los inmigrantes en situación irregular han pasado de ciento siete mil en 2017 a ochocientos cuarenta mil en la actualidad, según las estimaciones de Funcas. Un incremento de los seiscientos ochenta y cinco por ciento que convierte cualquier regularización en un parche sobre una herida que no deja de sangrar.
La competencia en los segmentos laborales de menor formación se intensificó. Los salarios en esos tramos se contrajeron. El beneficio macroeconómico tuvo un coste social que recayó
Porque ese es el problema de fondo que nadie quiere abordar: regularizar no resuelve nada si al mismo tiempo se sigue acumulando irregularidad. Es como vaciar un barco que hace agua sin tapar la vía. Los estudios más rigurosos sobre la regularización de 2005 concluyen que aquella medida tuvo efectos positivos inmediatos sobre la recaudación fiscal. Cada inmigrante legalizado aportó entre tres mil quinientos y cuatro mil cuatrocientos euros anuales en cotizaciones sociales. Pero esos mismos estudios documentan algo que sus defensores prefieren silenciar: por cada diez personas regularizadas, seis trabajadores nativos poco cualificados y tres inmigrantes ya asentados perdieron su empleo. La competencia en los segmentos laborales de menor formación se intensificó. Los salarios en esos tramos se contrajeron. El beneficio macroeconómico tuvo un coste social que recayó, como siempre, sobre los más vulnerables.
Y aquel proceso de 2005 exigía algo que este no exige: un contrato de trabajo. Había que demostrar integración laboral real, no solo presencia física. El decreto actual rebaja drásticamente los requisitos. Basta acreditar cinco meses de estancia con documentos tan variopintos como facturas de móvil, citas médicas o comprobantes de envíos de dinero. No se exige arraigo verificable ni vinculación laboral. Y en cuanto a los antecedentes penales, la líder de Podemos ha celebrado públicamente que bastará una declaración responsable si el solicitante no puede aportar certificados de su país de origen.
Que Podemos figure como parte decisiva de la regularización no responde a una exigencia normativa, sino a una necesidad política del Gobierno: presentar la medida como el resultado de un respaldo compartido. En ese marco, el cambio de posición respecto a la gestión migratoria en Cataluña no es anecdótico. Cuando la visibilidad política se convierte en un activo, la renuncia a determinadas líneas rojas pasa a formar parte del coste de acceso a la toma de decisiones..
Deténganse un momento en esta última cláusula. Un ciudadano español que aspire a un empleo público, a una licencia de armas o a determinadas actividades reguladas debe presentar un certificado oficial de antecedentes penales. El Estado no acepta su palabra. Exige documentación fehaciente. Pero a quien llega de fuera y permanece años en situación irregular le bastará firmar un papel declarando que no ha cometido delitos. El contraste resulta tan llamativo que los sindicatos policiales han alzado la voz advirtiendo de los riesgos para la seguridad ciudadana. Sus advertencias han sido despachadas como alarmismo.
Por eso la arquitectura del Pacto establece mecanismos de supervisión. Por eso la Comisión elaborará informes anuales sobre las políticas migratorias de cada Estado. Por eso las miradas se vuelven hacia Madrid con una mezcla de perplejidad y reproche
El Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en 2024 y que entrará plenamente en vigor en junio de este año, establece con claridad meridiana que las regularizaciones deben ser caso por caso, no generalizadas. El pacto anterior, el de 2008, que sigue vigente, ya lo decía: procesos selectivos, evaluación individual de cada expediente, coordinación entre Estados. España firmó ambos compromisos. Y ahora actúa como si no existieran.
Hay algo profundamente contradictorio en reclamar solidaridad europea para gestionar los flujos migratorios mientras se adoptan medidas unilaterales que convierten al país en el eslabón más débil del espacio Schengen. Porque quien obtiene la regularización en España puede circular libremente por toda la Unión. Los efectos de esta decisión no se quedan dentro de nuestras fronteras. Y nuestros socios europeos lo saben. Por eso la arquitectura del Pacto establece mecanismos de supervisión. Por eso la Comisión elaborará informes anuales sobre las políticas migratorias de cada Estado. Por eso las miradas se vuelven hacia Madrid con una mezcla de perplejidad y reproche.
No es que Europa se haya vuelto insensible. Es que ha comprendido lo que nosotros nos negamos a aceptar: un modelo de inmigración ordenada, legal, vinculada al empleo y a la capacidad de integración es compatible con el Estado del bienestar. Un modelo de puertas abiertas, regularizaciones periódicas y retornos que no se ejecutan no lo es. Las cifras de Eurostat revelan que en 2024 solo el diecisiete por ciento de las órdenes de expulsión dictadas en España fueron efectivamente ejecutadas. Ochenta y tres de cada cien personas a las que se ordenó abandonar el país siguen aquí. El sistema de retornos es estructuralmente ineficaz. Y sin retornos creíbles, sin control real de fronteras, sin vías legales ágiles que desincentiven la irregularidad, cada regularización se convierte en un mensaje inequívoco: venid, esperad, y tarde o temprano obtendréis los papeles.
Mientras tanto, los servicios públicos crujen. El Banco de España cifra en setecientas mil viviendas el déficit actual del parque residencial. Entre 2022 y 2024 se crearon más de doscientos setenta y cinco mil nuevos hogares anuales, impulsados fundamentalmente por la inmigración, pero solo se visaron ciento veintisiete mil viviendas nuevas en 2024. La brecha no deja de ensancharse. Los alquileres han subido casi un treinta por ciento desde 2022. Los jóvenes españoles no pueden emanciparse. Las familias de rentas bajas compiten por un stock menguante con recién llegados que, comprensiblemente, buscan también un techo.
En sanidad, ochocientas cuarenta mil personas esperan en lista para una intervención quirúrgica. Las urgencias hospitalarias están saturadas. Los médicos de atención primaria atienden a más pacientes de los que cualquier ratio razonable recomendaría. Y no es que los inmigrantes regularizados vayan a colapsar el sistema por sí solos. Es que el sistema ya estaba al límite. Añadir medio millón de personas al padrón de beneficiarios sin una memoria económica, sin un plan de financiación, sin coordinación con las comunidades autónomas que gestionan estos servicios, es una temeridad administrativa que acabarán pagando quienes menos tienen.
No se trata de cerrar fronteras ni de demonizar a quien busca una vida mejor. Se trata de reconocer que la política migratoria no puede ser un ejercicio de buenismo inconsciente ni un recurso electoral para contentar a socios minoritarios.
Porque esa es la paradoja que los defensores de la regularización sin límites nunca afrontan: quienes más sufren la presión sobre los servicios públicos, quienes compiten por los empleos menos cualificados, quienes ven cómo sus barrios se transforman sin que nadie les pregunte, no son las élites que diseñan estas políticas desde despachos confortables. Son los trabajadores de rentas bajas, los jubilados con pensiones modestas, los jóvenes sin red familiar, los propios inmigrantes que llegaron antes y cumplieron las reglas. La inmigración desordenada no perjudica a los privilegiados. Perjudica a los vulnerables. Y vestir de progresismo una medida que agrava la desigualdad no la convierte en justa.
No se trata de cerrar fronteras ni de demonizar a quien busca una vida mejor. Se trata de reconocer que la política migratoria no puede ser un ejercicio de buenismo inconsciente ni un recurso electoral para contentar a socios minoritarios. Se trata de entender que acoger implica integrar, y que integrar exige recursos, planificación y límites. Se trata de asumir que el Estado del bienestar es un pacto entre contribuyentes y beneficiarios que solo funciona si las reglas son claras y se aplican a todos por igual.
Europa lo ha entendido. Por eso endurece requisitos, agiliza expulsiones, vincula permisos al empleo y exige pruebas de integración. No por xenofobia, sino por responsabilidad. España ha decidido caminar en dirección contraria. Ha optado por la regularización masiva, los controles rebajados, la declaración responsable en lugar del certificado, el decreto en lugar del debate parlamentario. Ha elegido el atajo. Y los atajos, en política migratoria, tienen un precio que siempre acaban pagando los mismos.
Cuando dentro de unos años miremos atrás y veamos las consecuencias de esta decisión, cuando las listas de espera sean más largas, los alquileres más inaccesibles, los barrios más fragmentados y las tensiones sociales más evidentes, recordaremos que hubo un momento en que pudimos hacer las cosas de otra manera. Un momento en que Europa nos ofrecía un modelo de inmigración ordenada, legal, sostenible. Y decidimos rechazarlo.
La regularización no es el final de un problema. Es el principio de otro.