La ilusión de la intervención
Hace dos años, Pedro Sánchez compareció ante los españoles con un número redondo: 183.000 viviendas. No era una estimación tentativa ni una aspiración abstracta. Era una promesa con fecha de vencimiento, una cifra que reposaba en el podio como si fuera un acta notarial de la intención política. Los discursos resonaron a través de las campañas electorales. La vivienda, ese problema ancestral que tantos gobiernos han pretendido resolver sin resolverlo nunca del todo, se convirtió en la pancarta de una gestión que prometía, por fin, terminar con el teatro de la impotencia.
Dos años después, esa promesa descansa en el limbo burocrático.
De las 183.000 viviendas prometidas, se han entregado 10.206. Permítame la precisión matemática: el 5.5 por ciento. El resto permanece en una categoría nebulosa llamada "fondos movilizados", una expresión que en el vocabulario de la administración pública equivale a decir que el dinero circula sin que nada suceda realmente. Es como confundir el movimiento del agua en un río con el hecho de que la sed se ve satisfecha. Las 172.794 viviendas restantes siguen en algún escritorio, en alguna resolución ministerial, en alguna intención que nunca cruzó la frontera entre la voluntad política y la realidad construida.
Este no es un fracaso de ejecución. Es un fracaso de competencia. Y cuando un gobierno que ha gobernado durante siete años demuestra una incapacidad tan monumental para cumplir sus promesas más básicas, debemos preguntarnos qué nos dice eso no solo sobre los individuos en el poder, sino sobre una manera de concebir la solución estatal a los problemas que, por definición, resiste a la solución.
La gramática del fracaso
Considere los números con la atención que merecen. En 2024, el Ministerio de Vivienda ejecutó el 32.7 por ciento de su presupuesto. Era la peor tasa de todos los ministerios del Gobierno. Mientras que sus colegas en Hacienda, Defensa e Interior alcanzaban el 60-68 por ciento, vivienda dejó sin gastar casi 700 millones de euros. No se trataba de austeridad deliberada. No era la prudencia fiscal de un gobierno temeroso de la inflación. Era, simplemente, incapacidad institucional en escala industrial.
Lo más revelador es lo que sucedió en 2023. Mientras Sánchez pronunciaba sus discursos sobre los 244.000 nuevas viviendas que construiría, su propio Gobierno recortaba 2.000 millones de euros de los presupuestos de vivienda. Es una paradoja que casi produce admiración: prometer magnitud mientras se reduce capacidad. Es como anunciar que se va a cruzar el océano mientras se quema el barco.
Sus propios socios políticos notaron la contradicción. Sumar, el partido que mantiene a Sánchez en el poder tuvo que señalar públicamente que los anuncios sobre vivienda eran "brindis al sol"—una expresión castellana perfecta para capturar esa clase de gestos vacíos que rodean el acto de hablar sin intención de cumplir. El PSOE mismo ha reconocido internamente, según los reportes, que este mecanismo funciona así: los anuncios sirven para llenar un ciclo electoral, las promesas se desvanecen en el vacío administrativo entre el acto de prometer y el acto de gobernar.
La paradoja de la regulación
Pero el fracaso en la ejecución no es la única historia. Existe un segundo acto en este drama, y quizás sea más instructivo aún porque revela algo fundamental sobre cómo la buena intención regulatoria puede producir exactamente lo opuesto a lo que pretende.
La Ley 12/2023, aprobada en mayo, fue presentada como la reforma estrella de la política de vivienda del Gobierno. Su mecanismo era seductoramente simple: declarar "zonas tensionadas" en las ciudades donde el acceso a la vivienda se había vuelto insostenible, y en esas zonas, establecer topes de precios para los nuevos alquileres. La lógica que subyace es atractiva. Si los precios son el problema, fijemos los precios. Si el mercado ha fracasado, que intervenga el Estado.
El problema, como ha demostrado la teoría económica durante cuatro décadas, es que el control de precios no resuelve la escasez. La desplaza.
Barcelona se convirtió en el experimento natural. Cuando la ley entró en vigor en marzo de 2024, la respuesta del mercado fue predecible, casi automática. La oferta de alquiler se derrumbó. En Barcelona, cayó un 14 por ciento. En Girona, un 21 por ciento. Los propietarios, enfrentados a márgenes regulados, retiraron sus viviendas del mercado. Algunas se convirtieron en alquileres temporales o turísticos, eludiendo así la regulación. Otras fueron puestas a la venta, en una conversión de propósito que refleja la racionalidad de quien se enfrenta a márgenes de beneficio constreñidos.
¿Y los precios? Subieron. En Barcelona, aumentaron un 4.6 por ciento en los meses que siguieron a la implementación de la ley. No es un fallo del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como la teoría predice cuando un gobierno intenta imponer un orden que viola los incentivos fundamentales del mercado. Se reduce la oferta sin que la demanda disminuya. Los precios suben. Y entonces, inevitablemente, surge la tentación de imponer aún más regulación como solución al problema que la regulación anterior ha creado.
Un investigador alemán llamado Konstantin A. Kholodilin, del Instituto de Investigación Económica de Berlín, recopiló hace poco 206 estudios sobre control de precios en viviendas, abarcando 112 países y más de medio siglo de evidencia empírica. Sus conclusiones reflejan un consenso abrumador: mientras que 53 de 60 estudios detectan reducciones de precios en las viviendas específicamente controladas, la mayoría encuentra algo más importante—una reducción drástica en la oferta de viviendas, menor movilidad laboral, menor construcción nueva, y crucialmente, aumentos de precios en las viviendas cercanas que no están bajo control regulatorio.
En otras palabras: el control de precios no soluciona el problema. Lo mueve de un lado a otro, como si estuviéramos jugando a un juego perverso de "la patata caliente" con la crisis de vivienda.
El dinero que no se gasta
Pero existe un acto tercero, quizás más angustioso aún, que revela no solo fracaso sino una clase particular de autosabotaje.
España recibió 163.000 millones de euros como parte del Plan de Recuperación Europea post-Covid. De esa suma, 10.820 millones fueron destinados específicamente a vivienda. Imagínenlo: fondos europeos, fruto de una solidaridad comunitaria que otros países de la Unión envidiaban, dirigidos explícitamente a abordar la crisis habitacional. A junio de 2025, España había ejecutado el 15 por ciento de esos fondos. El resto languideció en la burocracia: papeles moviéndose entre ministerios, solicitudes en espera de aprobación, proyectos cuyos tiempos de tramitación se estiraban como chicle.
Analistas estiman que unos 12.000 millones de euros corren peligro real de ser perdidos antes de agosto de 2026, cuando vence el plazo para ejecutar estos fondos.
Déjeme enmarcar esto de otra manera: el Gobierno español ha rechazado, de hecho, usar el dinero que la Unión Europea ha puesto a su disposición para resolver el problema que profesa resolver. Es como si un paciente rechazara la medicina que un médico prescribe porque el trámite administrativo para tomarla es demasiado complicado.
¿Por qué? Porque el Gobierno, según sus propios documentos y los de los analistas europeos, carece de la capacidad institucional para gastar dinero de manera eficiente. Francia, con una economía comparable, ejecutó el 87 por ciento de sus fondos equivalentes. España no alcanza el 40 por ciento en vivienda. Es un fracaso administrativo sin precedentes recientes.
Y lo más notable: el Gobierno sabía exactamente cuál era el problema. La Comisión Europea se lo dijo. Los expertos españoles se lo dijeron. El cuello de botella identificado era claro: la burocracia urbanística y los permisos de construcción. Simplificar estos procesos, reducir los tiempos de tramitación—que alcanzan los dos o tres años—era identificado como la solución clave.
En marzo de 2024, el Gobierno intentó una reforma de la Ley del Suelo. En mayo, la retiró ante la oposición de sus socios de coalición. Sumar, Podemos, ERC, Bildu y Junts votaron en contra.
El poder político, en otras palabras, prefirió mantenerse en su posición que resolver el problema que la ciudadanía padece cotidianamente. La reforma sigue sin aprobarse en octubre de 2025. El resultado es verificable: España no puede ejecutar los 10.820 millones de euros porque el Gobierno no simplificará la burocracia que lo impide.
Es un acto de autosabotaje financiero. El Gobierno ha reducido su propia capacidad para usar dinero que le ha sido concedido para la razón precisa que más importa a millones de españoles.
El diagnóstico equivocado
Todo esto conduce a una pregunta más profunda: ¿por qué, después de siete años de gobierno, después de tener el poder legislativo, después de acceder a fondos europeos sin precedentes, después de toda la justificación teórica que un administrador podría desear para la intervención estatal masiva, el acceso a la vivienda sigue siendo más lejano que cuando comenzó?
La respuesta reside en un diagnóstico fundamentalmente equivocado.
El PSOE ha preferido culpar a especuladores, a fondos buitre, a constructoras que se niegan a construir. La narrativa es tranquilizadora para quien quiere creer en la simplicidad del mal: los malos del mercado presionan los precios hacia arriba, y la solución es regular su codicia.
Pero la realidad es más prosaica y, por tanto, más desalentadora. España necesita construir entre 200.000 y 250.000 viviendas cada año para satisfacer la demanda. Actualmente construye alrededor de 100.000. El déficit anual es de 150.000 viviendas. Acumulado desde 2021, eso representa un agujero de entre 400.000 y 765.000 viviendas que faltan.
No es especulación. Es escasez. Y la escasez no se resuelve con regulación de precios. Se resuelve construyendo.
Lo irónico es que la evidencia estaba disponible. Donde se aplicó la regulación con intensidad—Barcelona, Cataluña—la oferta colapsó. Donde la regulación fue menos estricta—Madrid—la construcción continuó y los precios, aunque subieron, lo hicieron menos drásticamente. En ambos casos, la brecha entre oferta y demanda persistió porque es nacional y estructural.
Pero al menos en Madrid, la oferta no desapareció.
La lección
Esto nos enseña algo importante que las administraciones progresistas parecen reluctantes a aprender: que la buena intención no es suficiente, y que de hecho, la intervención mal diseñada a menudo produce daño de una clase particularmente perversa. No es el daño de la negligencia. Es el daño de alguien que está intentando ayudar pero que, al carecer de humildad sobre los límites de lo que puede lograr, termina empeorando las cosas.
Después de siete años, los números son inequívocos:
- El 32.7 por ciento de ejecución presupuestaria en vivienda.
- El 5.5 por ciento de las promesas cumplidas.
- Una regulación que redujo oferta en lugar de aumentarla.
- 12.000 millones de fondos europeos en riesgo de perderse.
- Una reforma de burocracia que quedó congelada por consideraciones políticas.
Los jóvenes españoles se emancipan a los 29.8 años, comparado con los 26.4 años de promedio europeo. Casi el 45 por ciento de los hogares que viven en régimen de alquiler corren riesgo de pobreza. Se necesitan 7.5 años de salario bruto para comprar una vivienda de precio medio.
No son abstracciones estadísticas. Son vidas en pausa. Familias que no se forman. Proyectos de futuro que quedan en el limbo indefinido de la precariedad habitacional.
La pregunta sin respuesta
Y después de todo esto, la pregunta que persiste es la más incómoda: ¿por qué?
No por falta de herramientas. No por falta de dinero. No por falta de justificación teórica. La solución, en términos técnicos, es obvia: simplificar burocracia, invertir masivamente en vivienda pública directa, no en incentivos privados que no funcionan, eliminar barreras regulatorias, facilitar simultáneamente la construcción pública y privada, invertir en formación de mano de obra.
La respuesta es política. El Gobierno eligió la supervivencia política sobre la resolución del problema. Mantener las coaliciones inestables valía más que resolver la crisis. Admitir que el diagnóstico fue equivocado habría requerido una clase de humildad política que simplemente no estuvo disponible.
Así que el teatro continúa. Los españoles se preguntaban qué pasó con las 183.000 viviendas prometidas. Dónde están los 10.820 millones de euros europeos. Por qué su Gobierno sigue culpando a otros de un problema que lleva gobernando durante siete años sin resolver.
La tragedia, en el análisis final, no es que el capitalismo de mercado no funcione. Es que la intervención política bien intencionada, cuando se diseña sin humildad sobre sus propios límites, puede producir precisamente lo opuesto a lo que pretendía lograr.
Y así culmina siete años de gestión: un teléfono. El 047, el "teléfono de la empoderación y la esperanza habitacional ", según la ministra. Que ingenio, no construirá viviendas, simplemente explicará por teléfono por qué no las hay. La ciudadanía, al fin, podrá llamar para que alguien le comunique, gratuitamente, lo que ya sabe.