El Manual del Hipócrita: Cuando la Tragedia Tiene Color Político

Todos los días suelo mantener un ritual en el inicio del día, a las seis de la mañana inicio mi día con las noticias en Telecinco y Antena 3, después sigo con los titulares nacionales en la prensa y la lectura de las tribunas y editoriales que están en abierto. Continúo subiendo mis niveles de mal humor pasando unos momentos por los twists de x, confieso que cada vez logro estar menos tiempo sin notar que el desequilibrio emocional supera los límites aceptables.  Para compensar desde hace un tiempo dedico unos minutos al deslizamiento rápido del post de TikTok, que tiene ese efecto de subida de endorfinas relajantes.

 Ayer dediqué, como cada día, un momento a ese breve ejercicio de relajación cotidiana, algo me sorprendió, el algoritmo se había vuelto loco, uno de cada dos vídeos correspondía a uno de esos voceros no oficiales del PSOE y del gobierno diciéndome lo mala que era la derecha, o el facherio pobre como les gusta llamarla, que no respetaba a las víctimas y que quería solo atacar a un gran hombre como el ministro Puente y a su gran líder Pedro. 

Que coincidencia con las tribunas que había leído de los autores de izquierda que de una forma u otra lograban incluir en sus columnas una llamada a esa calma, que pide esperar a que grandes comisiones eternas nos aclaren las causas de estos incidentes tan extraños, que se producen en el periodo de gobierno de estos seres de luz que nos han tocado para nuestra suerte en España.

 Saltó a la vista con la contundencia de lo evidente: el algoritmo no se equivoca alguien había usado ese mecanismo tan capitalista que es pagar para forzar que su mensaje llegue incluso a los que buscamos un vídeo de perros persiguiendo a repartidores y carteros. 

Todos los creadores de izquierda, con una sincronización que habría hecho palidecer de envidia al mejor coro, repetían la misma cantinela: no se debe criticar al Gobierno porque ha habido una tragedia. Punto. Sin matices, sin reflexión, sin el más mínimo rastro de pudor.

Resulta que ahora, con 43 muertos en Adamuz y las responsabilidades aún por esclarecer, toca guardar silencio. Toca la prudencia, la altura de miras, la lealtad institucional. Algunos lo han dicho sin ruborizarse: hay que "estar a la altura del país". El propio presidente lo insinuó, pero portavoces de Sumar, fueron más allá y acusó a la "ultraderecha" de difundir "bulos y odio". Algún dirigente de IU, no se quedó corto: tachó de "indecentes" a quienes se atreven a preguntar. El mensaje era unánime, coordinado, implacable: callar es de demócratas; preguntar, de carroñeros.

Sin embargo, estos mismos voceros, estos mismos partidos, estas mismas voces indignadas ante cualquier atisbo de fiscalización fueron los que el día siguiente de la DANA de Valencia —con 229 muertos, con cientos de familias buscando todavía a sus seres queridos entre el barro— mantuvieron un pleno en el Congreso para consumar el asalto a RTVE. Llenaron X de mensajes exigiendo responsabilidades y culpando a Mazón de cada una de las muestras. No hubo entonces llamadas a la prudencia. No hubo altura. Hubo cálculo. Y cuando una ministra escribe en sus notas durante un Consejo de ministros "Este es nuestro momento", mientras Valencia se ahogaba, no está haciendo política: está escribiendo el manual del oportunismo más descarnado.

Estamos ante un ejercicio de doble vara tan grotesco que resultaría cómico si no fuera trágico. Porque lo que revelan estas reacciones no es una diferencia de matiz, sino una estrategia perfectamente engrasada: politizar el dolor ajeno cuando conviene, exigir silencio cuando no. Y todo ello sin que les tiemble el pulso, sin que les pese la contradicción, sin que la memoria reciente les provoque el más mínimo sonrojo.

La Memoria Selectiva de los Indignados Profesionales

La DANA de Valencia dejó 229 muertos. Responsabilidades hubo en todos los niveles: autonómico, estatal, técnico. Competencias compartidas, alertas que llegaron o no llegaron, protocolos activados tarde o nunca. Una tragedia de tal magnitud que requería, como mínimo, humildad para repartir culpas y voluntad para asumir errores. Y por supuesto incluso muchos que nos consideramos de derechas hemos criticado a Mazón y exigido su dimisión, pero no era menos responsable el que no había comido a las 5 y si necesitan ayuda que la pidan, Pero no fue eso lo que ocurrió.

Desde la primera hora, la izquierda política y mediática puso toda la artillería pesada sobre un único objetivo: Carlos Mazón. No importaba que la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Estado, no advirtiera de la crecida del barranco del Poyo. No importaba que la AEMET activara la alerta roja con datos muy alejados de lo que fue la realidad, o los aclarara cuando ya era tarde. No importaba que Teresa Ribera, con competencias directas en gestión de cuencas, estuviera más pendiente de su aterrizaje en Bruselas que de liderar la respuesta institucional. Importaba Mazón. Solo Mazón.

El PSOE no esperó ni 24 horas. Gabriel Rufián llegó a exhibir en el Congreso un trozo de la cuerda con la que, según él, una niña intentó salvarse durante la riada. No hubo entonces quien le llamara indecente, en un acto de una relajación moral inadmisible. No hubo quien le acusara de politizar el dolor. Al contrario: fue jaleado, aplaudido, convertido en símbolo de la denuncia legítima. 

Las camisetas con la cifra de fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia se convirtieron en merchandising político. Ayuso, según el relato oficial, era una asesina en serie. Que las muertes fueran un problema generalizado en toda España, que el ministro responsable del área se esconda ahora, que las competencias fueran estatales... todo eso era irrelevante. Importaba la narrativa.

Ahora, con Adamuz, las reglas han cambiado. Óscar Puente, ministro de Transportes, exige "prudencia". Nos pide que esperemos a la comisión de investigación, esa fórmula mágica que en España sirve para enterrar la verdad bajo toneladas de burocracia y tiempo. Nos dice que el accidente es "tremendamente extraño", que la infraestructura estaba recién renovada, que el tren era "prácticamente nuevo". Todo muy raro, muy excepcional, muy difícil de explicar. Mejor callarse, mejor esperar, mejor no molestar.

Pero la memoria es terca. Recordamos el Prestige, aquel petrolero que según la mitología progresista no se hundió por un accidente, sino "por el PP". Recordamos cómo la gestión de aquella crisis se convirtió en arma electoral durante años. Recordamos los incendios en Castilla y León, con Óscar Puente —el mismo que ahora pide prudencia— haciendo bromas sobre las desgracias ajenas. Recordamos cada tragedia, cada accidente, cada crisis que ha servido de munición política cuando el adversario estaba en el poder.

Y ahora resulta que criticar es de fachas. Que preguntar es sembrar odio. Que fiscalizar al Gobierno mientras hay víctimas es una obscenidad moral. Los mismos que convirtieron la DANA en una campaña de derribo, los mismos que utilizaron cada muerto como proyectil contra Mazón, los mismos que bloquearon en el Congreso la comisión de investigación para que Sánchez no tenga que comparecer, nos dan ahora lecciones de decencia.

Siete Años de Deterioro: Los Números No Mienten

Pero dejemos la hipocresía a un lado por un momento y vayamos a los hechos, esos datos tercos que se resisten a la manipulación. Porque si hay algo que la tragedia de Adamuz pone de manifiesto es el estado real de nuestras infraestructuras tras siete años de gestión de este Gobierno. Y los números, amigos, son demoledores.

En 2016, el servicio de alta velocidad en España era sinónimo de excelencia. La puntualidad era casi un dogma: solo un 13,6% de los trenes AVE llegaban con algún retraso. En 2023, esa cifra había escalado hasta el 25,7%. Casi el doble. En siete años, hemos pasado de ser una referencia europea a convertirnos en un ejemplo de mediocridad. Julio de 2025 fue especialmente dramático: el retraso medio alcanzó los 10,3 minutos, y en los trenes que sufrieron incidencias, la demora llegó a los 20,4 minutos.

La propia Renfe tuvo que reconocer el desastre de forma implícita cuando, en julio de 2024, modificó su política de devoluciones. Hasta entonces, si un tren llegaba con 15 minutos de retraso, podías reclamar el 50% del billete. Ahora, para obtener esa compensación, el retraso debe superar los 60 minutos. Y para recuperar el importe completo, necesitas más de 90 minutos de demora. ¿Por qué este cambio? Porque el sistema anterior era, según Óscar Puente, un "suicidio económico". Traducción: los trenes llegan tan tarde con tanta frecuencia que devolverles el dinero a los usuarios nos arruina.

Estamos hablando de una red ferroviaria que lleva 15 años sin renovar los trenes de larga distancia y 17 años sin actualizar los de cercanías. Una infraestructura que, según el propio ministro, ha sido "abandonada durante diez años". Curioso, porque este Gobierno lleva en el poder desde 2018. ¿A quién culpamos de esos diez años de abandono? ¿Al PP? ¿A Rajoy? ¿A Aznar, ya puestos? La excusa del pasado siempre funciona cuando el presente es indefendible.

Y mientras tanto, la recaudación fiscal no ha dejado de crecer. Cada año batimos récords de ingresos tributarios. Cada año se nos prometen inversiones millonarias, modernización, eficiencia. Pero las carreteras nacionales están hechas un desastre —basta salir de las cuatro autopistas principales para comprobarlo—, los trenes llegan tarde como norma, y los servicios públicos funcionan cada vez peor. ¿Dónde va ese dinero? Porque desde luego no se ve en las infraestructuras que utilizamos a diario.

El propio Óscar Puente reconoció en septiembre de 2025 que las incidencias ajenas a Renfe habían crecido un 622%. Un 622%. Léanlo de nuevo. Incendios, temporales, robos, problemas meteorológicos... todo eso, según el ministro, explica el caos. Pero resulta que en 2024 esas causas representaban solo el 7% de las interrupciones, y en 2025 han saltado al 23%. ¿De verdad alguien se cree que España ha sufrido un apocalipsis climático en un solo año, o es que simplemente la red está tan mal que cualquier pequeño imprevisto la colapsa?

Infraestructuras deterioradas, material rodante obsoleto, mantenimiento deficiente. Y ahora, en Adamuz, 43 muertos. Pero no, no podemos preguntar. Sería de carroñeros.

El Cortijo de las Mordidas: Corrupción en el Corazón de Adif

Hay una frase de Cayetana Álvarez de Toledo que resume a la perfección lo que ha sido la gestión de Adif durante los últimos años: "Un cortijo de mordidas, amaños y corrupción". Y no lo dijo por decir. Lo dijo porque hay pruebas. Muchas pruebas.

La obra de mejora integral de la infraestructura de la línea Madrid-Sevilla en el tramo entre Guadalmez y Córdoba —que incluye el punto exacto de Adamuz donde se produjo el accidente— fue adjudicada en 2022 por 61,25 millones de euros. ¿Quiénes firmaron ese contrato? Juan Pablo Villanueva y Ángel Contreras, dos exdirectivos de Adif que hoy están investigados por presuntos amaños de contratos públicos. Villanueva, en concreto, ya había sido señalado en 2019 por una denuncia interna que acusaba de manipular licitaciones para favorecer a la empresa Obras Públicas y Regadíos. La investigación interna se cerró sin consecuencias. Por supuesto.

La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, está imputada por cinco delitos: malversación, tráfico de influencias, prevaricación, pertenencia a organización criminal y cohecho. No es poca cosa. Durante su gestión, entre 2020 y 2022, más del 50% de los contratos de obra adjudicados por Adif fueron modificados al alza tras su adjudicación inicial. Algunos con sobrecostes del 30%. El Tribunal de Cuentas ha detectado "falta de transparencia" y ha señalado contratos irregulares por más de 70 millones de euros.

El caso Koldo, esa trama de corrupción que salpica directamente a José Luis Ábalos —exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE—, tiene en Adif uno de sus escenarios principales. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se adjudicaron obras a empresas amigas como Acciona, LIP y OPR a cambio de mordidas superiores a 600.000 euros. Y no solo se amañaban contratos: también se enchufaba a amantes, familiares y amigos.

Jéssica Rodríguez, una virgen del pecado, como diría Sabina, a la que Ábalos, traspaso su pago a un contrato en Ineco a través de Tragsatec. Según su propia declaración, nunca prestó ningún servicio, pero cobró religiosamente. Claudia Montes, Miss Asturias, fue colocada en Logirail. El hermano de Koldo García, en Ineco. Todos ellos cobrando de empresas públicas, todos sin hacer nada, todos enchufados por los mismos que ahora nos piden "lealtad institucional".

Y mientras tanto, las vías se deterioraban, las inspecciones se hacían a medias, los contratos se inflaban para repartir comisiones. El propio Gobierno admitió en junio de 2025 que en el tramo de Adamuz se habían producido incidencias en los sistemas eléctricos y de señalización. Las altas temperaturas y las vibraciones del tráfico ferroviario habían causado problemas que, según el Ejecutivo, fueron resueltos. Evidentemente, no fue así.

Pero claro, preguntar por todo esto ahora sería politizar la tragedia. Exigir responsabilidades sería de fachas. Señalar que la corrupción y la incompetencia van de la mano, que los mismos que enchufaban prostitutas en Adif eran los mismos que firmaban contratos en tramos luego accidentados, sería una bajeza moral. Mejor callar, mejor esperar a la comisión de investigación, mejor confiar en que todo se aclarará con "absoluta transparencia", como prometió Sánchez.

La Máquina de Propaganda: El Lenguaje Como Arma

Lo más revelador de todo este episodio no son solo los hechos, sino el lenguaje. Porque la izquierda política española ha perfeccionado una técnica que consiste en controlar el marco semántico de cada debate. Y en las tragedias, ese control se vuelve absoluto.

Cuando gobierna la derecha, exigir responsabilidades es un deber cívico. Cuando gobierna la izquierda, es carroñería. Cuando el PP gestiona una crisis, la urgencia de la verdad es inmediata. Cuando lo hace el PSOE, hay que esperar a comisiones que nunca concluyen nada. Cuando Mazón comió con una periodista el día de la DANA, era un escándalo de Estado. Cuando Teresa Ribera antepuso su carrera en Bruselas a la gestión de la catástrofe o el propio presidente se entretuvo encendiendo velas en la India, nadie dijo nada.

El vocabulario cambia según el color político. "Prudencia" es la palabra clave cuando hay que proteger al Gobierno. "Carroñero" es el adjetivo que se reserva para quien osa fiscalizar. "Lealtad institucional" es el eufemismo que exige silencio. Y "bulos y odio" es la descalificación automática para cualquier crítica incómoda.

Todos ellos repiten el mismo guion, con las mismas palabras, en el mismo tono. No es casualidad. Es estrategia. Una estrategia que han aplicado durante años, cada vez que el poder estaba en juego.

Y funciona. Funciona porque buena parte de los medios de comunicación replica el mensaje sin cuestionarlo. Funciona porque el ruido mediático ahoga cualquier intento de análisis sereno. Funciona porque, al final, mucha gente se cansa de pelear contra la corriente y opta por callarse.

Pero hay algo que la máquina de propaganda no puede controlar: los hechos. Los muertos de Adamuz son reales. El deterioro de las infraestructuras es real. La corrupción en Adif es real. Y la hipocresía de quienes exigen prudencia ahora, pero nunca la tuvieron cuando el adversario gobernaba, también es real.

Cuando la Hipocresía Envenena la Democracia

No se trata de politizar el dolor, sino de no permitir que el dolor se utilice como escudo para evitar responsabilidades. No se trata de atacar por atacar, sino de exigir que quien ostenta el poder rinda cuentas. Y no se trata de falta de respeto a las víctimas, sino de respeto a la verdad.

Lo que estamos viviendo no es un debate sobre sensibilidad o decencia. Es un ejercicio de cinismo tan descarado que insulta la inteligencia de cualquiera. Los mismos que convirtieron la DANA en una campaña de linchamiento político, los mismos que utilizaron cada muerto como munición electoral, los mismos que bloquearon la comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación del Congreso, nos dan ahora lecciones de prudencia y altura.

Siete años de deterioro en las infraestructuras ferroviarias. Siete años en los que la puntualidad se ha ido al garete, los trenes han envejecido sin reemplazo, y las obras se han adjudicado entre corrupción y amiguismo. Siete años en los que Adif ha sido un cortijo de mordidas, con ministros imputados, expresidentas investigadas, y enchufados cobrando sin trabajar. Y ahora, 43 muertos en Adamuz.

Pero no, no podemos preguntar. No podemos fiscalizar. No podemos exigir explicaciones. Porque eso, según nos dicen, sería politizar la tragedia. Sería falta de respeto. Sería indecencia.

La verdadera indecencia es pretender que nos creamos semejante patraña. La verdadera falta de respeto es utilizar a los muertos como escudo para proteger la incompetencia. Y la verdadera carroñería es la de quienes, tras años de usar cada desgracia como arma arrojadiza, ahora exigen un silencio que nunca concedieron.

Las tragedias no tienen color político. Pero la hipocresía, sí.