La paradoja danesa y la ceguera española

Durante demasiado tiempo, una parte de la izquierda europea convirtió la inmigración en un examen moral de respuesta única. Quien defendía control, selección, exigencia de integración o límites razonables quedaba inmediatamente bajo sospecha. Quien repetía las consignas de la acogida, la apertura y la compasión indiscriminada accedía, en cambio, a la zona noble del debate público. Aquello funcionó mientras la realidad aún no había presentado la factura completa, o mientras esa factura se pagaba lejos de los platós, de las redacciones y de los barrios donde habita la gente que convierte la política en experiencia y no en catecismo. Pero la realidad, que tiene la pésima costumbre de no respetar los dogmas, acabó imponiéndose. Y cuando lo hizo, se llevó por delante mucho más que un relato: obligó a recomponer toda una teoría política.

Ese es el verdadero interés del caso danés. No que un país nórdico haya endurecido su política migratoria. No que Mette Frederiksen haya decidido adelantarse por la derecha a quienes explotaban electoralmente el malestar. Todo eso, siendo importante, es secundario frente a la cuestión principal. Lo verdaderamente revelador es cómo una izquierda que durante décadas abrazó muchas de las tesis del multiculturalismo progresista, de la superioridad moral de las fronteras blandas y del sentimentalismo migratorio ha terminado descubriendo, por pura necesidad, que el problema existía. Y no solo que existía, sino que no resolverlo acababa destruyendo el propio suelo material, cultural y electoral sobre el que vivía su proyecto político.

Dinamarca ha hecho algo mucho más incómodo: reconocer que la realidad tenía razón en aspectos que durante años fueron tratados como tabú.

Dinamarca no se ha "derechizado", como les gusta decir a los perezosos intelectuales para no tener que revisar nada. Dinamarca ha hecho algo mucho más incómodo: reconocer que la realidad tenía razón en aspectos que durante años fueron tratados como tabú. Y al hacerlo, la izquierda seria, institucional y todavía interesada en gobernar un país real se ha visto obligada a renunciar, de momento, al menos en parte, a buena parte del desarrollo ideológico que asumió durante décadas. Lo que hoy se presenta como pragmatismo danés no deja de ser, en el fondo, el reconocimiento de un fracaso doctrinal.

Porque conviene recordar de dónde venían. La Ley de Extranjería de 1983 convirtió a Dinamarca en uno de los sistemas más permisivos del mundo desarrollado. Durante años fue exhibida como ejemplo moral de apertura, humanidad y progreso. Era uno de esos países donde parecía que el bienestar, el civismo y la inmigración creciente podían convivir sin fricciones mayores, siempre que uno estuviera dispuesto a llamar "diversidad" a casi cualquier cosa y "miedo" a cualquier objeción. Aquella atmósfera encajaba bastante bien con el clima ideológico más amplio de la izquierda occidental, que durante décadas fue comprando, pieza a pieza, un paquete político-cultural en el que la identidad nacional debía disolverse en una ciudadanía abstracta, la integración era casi una grosería conceptual, y la mera existencia de fronteras o exigencias de adaptación empezaba a oler a pecado original.

El problema es que los Estados no viven de emociones, sino de estructuras. Y las estructuras se resienten cuando la política sustituye el principio de realidad por la satisfacción moral de sus élites.

Ese conjunto de ideas —hoy mal resumido bajo la etiqueta "woke", pero perfectamente reconocible en sus efectos— no consistía solo en una sensibilidad más compasiva hacia el extranjero. Era algo mucho más ambicioso y, a la larga, mucho más desestabilizador: la pretensión de que la comunidad política dejara de entenderse como una realidad histórica, cultural y normativa que exige lealtades, reciprocidad y límites, para convertirse en un espacio emocionalmente abierto donde toda restricción debía justificarse pidiendo perdón. El problema es que los Estados no viven de emociones, sino de estructuras. Y las estructuras se resienten cuando la política sustituye el principio de realidad por la satisfacción moral de sus élites.

Eso fue exactamente lo que la izquierda danesa acabó descubriendo. Descubrió que un Estado del bienestar no se sostiene solo con buenos sentimientos ni con discursos inclusivos, sino con seguridad, confianza, cultura cívica compartida, presión fiscal aceptada y una comunidad política lo bastante cohesionada como para que la solidaridad entre desconocidos siga pareciendo razonable. Descubrió, en definitiva, que no se puede tener indefinidamente un sistema hipergeneroso, una inmigración mal controlada y un orden social estable sin que algo termine rompiéndose. Y cuando ese algo empieza a romperse, no se derrumba primero la derecha. Se deteriora el suelo mismo sobre el que vive la socialdemocracia.

Si la izquierda quiere seguir gobernando sociedades funcionales, tiene que recuperar el control de las fronteras, del asilo, de la integración y de la expulsión de quienes convierten la hospitalidad en una parodia de la ley común

Ahí aparece la figura de Mette Frederiksen, tan desconcertante para el progresismo continental como reveladora para cualquiera que todavía crea que la política sirve para gobernar. Su objetivo de "cero solicitantes de asilo" no nace de un arrebato de xenofobia ni de una capitulación cultural ante la extrema derecha. Nace de una constatación mucho más dura: si la izquierda quiere seguir gobernando sociedades funcionales, tiene que recuperar el control de las fronteras, del asilo, de la integración y de la expulsión de quienes convierten la hospitalidad en una parodia de la ley común. Es decir, ha tenido que admitir, tarde y mal, que la realidad no se deja domesticar por consignas.

Y esa admisión tiene consecuencias ideológicas enormes. Obliga a renunciar, en la práctica, a buena parte de las premisas que durante años fueron presentadas como moralmente indiscutibles. Obliga a aceptar que no toda inmigración es neutra en términos de integración, seguridad y cohesión. Obliga a reconocer que la cultura y la confianza social importan. Obliga incluso a asumir que el derecho de una sociedad a seguir siéndolo no puede quedar subordinado de forma indefinida al narcisismo moral de unas élites que jamás viven en primera persona las consecuencias de aquello que predican.

Cuando un sistema así produce diagnósticos incómodos, la reacción adulta no consiste en matar al mensajero, sino en revisar el dogma. Eso es exactamente lo que hizo Dinamarca.

Dinamarca ha llegado a esa conclusión no por inspiración poética, sino por datos, por experiencia acumulada y por el desgaste de la ficción. Cuando el Estado empezó a publicar con claridad la sobrerrepresentación delictiva de determinados grupos, especialmente descendientes de inmigrantes no occidentales, el tabú comenzó a resquebrajarse. Y no lo hizo en un país sospechoso de arbitrariedad, de populismo judicial o de una administración tomada por el prejuicio racial. Lo hizo en uno de los Estados con mayor calidad institucional del planeta. Cuando un sistema así produce diagnósticos incómodos, la reacción adulta no consiste en matar al mensajero, sino en revisar el dogma. Eso es exactamente lo que hizo Dinamarca: pasar del relato al expediente. Del sentimentalismo a la política.

Las reformas posteriores son coherentes con esa decisión de fondo. Expulsión automática de extranjeros condenados a un año o más de prisión por delitos graves como violación o agresiones con agravantes. Reducción de las instancias judiciales para impedir que los recursos se conviertan en una eternización fraudulenta de la estancia. Vigilancia tecnológica para infractores menos graves. Exigencia de trabajo para acceder a determinadas ayudas. Restricción de la entrada de trabajadores extracomunitarios salvo en supuestos de alta cualificación o salarios claramente altos. Todo ello responde a una misma idea: el bienestar no es un derecho atmosférico, sino una construcción costosa que exige reciprocidad, orden y límites.

Europa en su conjunto y en sus órganos de gobierno está recomponiendo su teoría política migratoria a marchas forzadas porque no le queda más remedio

Lo interesante, sin embargo, es que esta corrección no se ha quedado en Dinamarca. El cambio europeo es demasiado amplio como para seguir fingiendo que se trata de una extravagancia nórdica. Suecia endurece después de haber intentado durante años negar la dimensión del problema. Finlandia y Noruega avanzan en cooperación policial y control de movimientos. Países Bajos giran con claridad. Austria insiste desde hace tiempo en el endurecimiento. Italia hace bandera del cierre y la externalización. Francia vive desde hace años en un debate que aquí todavía se despacha con infantilismos morales. Alemania empieza a corregir presionada por su propia realidad. Incluso el Reino Unido observa la vía danesa como forma de contener el ascenso de quienes capitalizan el malestar desde posiciones mucho más broncas. Europa en su conjunto y en sus órganos de gobierno está recomponiendo su teoría política migratoria a marchas forzadas porque no le queda más remedio.

Y aquí aparece la segunda parte del problema: el efecto que esta negación prolongada ha tenido sobre la derecha. Sería demasiado cómodo cargar toda la responsabilidad sobre la izquierda. También la derecha moderada europea tiene bastante que explicar. Durante años fue, en demasiados casos, rehén del marco moral impuesto por sus adversarios. Sabía que el problema existía. Lo veía en los barrios, en los servicios, en la presión fiscal y sobre salarios, en la sensación de inseguridad, en la dificultad de integración y en el malestar creciente de una parte de su electorado. Pero prefirió muchas veces callar, modular, disimular o expresarse con una timidez casi culpable, como si nombrar la realidad fuera ya una concesión al extremismo.

Ese fue uno de los grandes errores de la derecha moderada: aceptar durante demasiado tiempo que la izquierda también fijara los límites de lo decible. En lugar de defender una política migratoria firme, seria y compatible con la democracia liberal, a menudo optó por moverse en una incomodidad permanente, intentando preservar una respetabilidad otorgada precisamente por quienes la acusarían igual en cuanto se atreviera a hablar claro. Esa actitud, además de cobarde, fue intelectualmente ruinosa. Porque cuando la política convencional renuncia a nombrar lo que la sociedad ya percibe, no desaparece el problema. Lo capitaliza quien está dispuesto a explotarlo sin complejos, sin matices y, muchas veces, sin ninguna lealtad al marco liberal.

Mientras unos negaban el problema por narcisismo moral, otros lo aceptaban en voz baja para no parecer poco modernos.

Ahí está una de las claves del ascenso de la derecha más radical en buena parte de Europa. No creció solo por la negación de la izquierda, sino también por la anemia de una derecha moderada que durante años fue incapaz de defender su posición natural en materia de fronteras, integración, cohesión y seguridad. Mientras unos negaban el problema por narcisismo moral, otros lo aceptaban en voz baja para no parecer poco modernos. El resultado fue el esperado: millones de votantes concluyeron que, si los partidos serios no querían hablar en serio, tendrían que buscar a quienes sí lo hacían, aunque fuera desde la exageración, el resentimiento o el oportunismo antisistema.

Por eso el caso danés resulta tan importante más allá de la propia Dinamarca. Porque muestra que la corrección del error no tiene por qué conducir inevitablemente a la radicalización antisistema. Puede producir, por el contrario, una recomposición del espacio político más sensata y adulta. La izquierda descubre por necesidad que el problema existe y empieza a abandonar dogmas que ya no puede sostener sin autodestruirse. La derecha moderada se ve aliviada, en cierto sentido, porque el nuevo clima europeo le permite volver a defender sin complejos lo que debería haber sido siempre su posición natural: control fronterizo, integración exigente, prioridad del orden común, defensa de la comunidad política y rechazo de la inmigración como herramienta de devaluación salarial o de descomposición cultural. Es decir, no se trata de abrazar a la derecha antisistema, sino precisamente de quitarle el monopolio del diagnóstico.

Ese debería ser también el gran aprendizaje español. Y, sin embargo, España parece empeñada en recorrer el camino contrario.

Ese debería ser también el gran aprendizaje español. Y, sin embargo, España parece empeñada en recorrer el camino contrario. Los datos no dejan margen para el optimismo: en 2024 llegaron de forma irregular casi 64.000 personas, la cifra más alta en cinco años y a un paso del récord histórico. España se ha consolidado como el segundo país de la Unión Europea en recibir solicitudes de asilo —más de 167.000 en el último año, solo por detrás de Alemania— con un sistema que opera, según datos oficiales, rozando el cien por cien de su capacidad. Canarias recibió en 2024 casi 47.000 llegadas, superando incluso las cifras de la llamada crisis de los cayucos de 2006. Son números que en cualquier otro país europeo habrían provocado ya un debate serio sobre sostenibilidad, integración y política de fronteras. Aquí, en cambio, la respuesta del Gobierno ha sido una regularización extraordinaria de medio millón de personas aprobada por real decreto —esto es, sin pasar por el Congreso— con unos requisitos de acreditación tan laxos que el propio comisario europeo de Migración se vio obligado a advertir públicamente a Madrid de que "las personas en situación irregular deben abandonar la Unión Europea; si no, las reglas no son creíbles". Al menos trece gobiernos europeos expresaron su inquietud. La medida, impulsada a instancias de Podemos, reabre una discusión pendiente: si España está construyendo una política migratoria sostenible o simplemente parchea sus déficits estructurales a golpe de decreto.

España reúne, además, algunos de los ingredientes más peligrosos para seguir jugando con fuego: frontera sur sometida a presión constante, mercado laboral precario, debilidad institucional en determinadas áreas, tensión creciente sobre vivienda y servicios, y una clase política especializada en sustituir los problemas reales por teatro. En ese contexto, seguir negando la cuestión o responder a ella con el viejo lenguaje de la superioridad moral no es compasión. Es irresponsabilidad. Y, probablemente, también cálculo: mientras el resto de Europa hace del rigor migratorio una cuestión de supervivencia política, aquí se mantienen demasiados incentivos para prolongar la ficción —ideológicos, sin duda, pero también más espurios: clientelismo futuro, aritmética parlamentaria de supervivencia, la permanente tentación de convertir cualquier debate serio en una pelea sentimental donde quien plantea el problema acaba obligado a justificarse más que quien lo niega.

Aquí, en cambio, no solo se mantiene el statu quo, sino que en demasiados casos se avanza en la dirección contraria, como si el resto de Europa no estuviera ya ofreciendo suficientes pruebas.

La contradicción española acaba siendo por eso más grave que la danesa. Allí la izquierda ha acabado aceptando, a regañadientes, que la política migratoria no puede seguir siendo rehén del sentimentalismo. Aquí, en cambio, no solo se mantiene el statu quo, sino que en demasiados casos se avanza en la dirección contraria, como si el resto de Europa no estuviera ya ofreciendo suficientes pruebas de hacia dónde conduce esa mezcla de negación, oportunismo y cobardía. Y sin evaluar las propias consecuencias que se añaden en nuestra relación con el resto de los países de la unión europea.

La paradoja danesa, por tanto, ya no consiste simplemente en que la izquierda nórdica se haya endurecido. La verdadera paradoja es que una parte de Europa haya necesitado ver a la propia socialdemocracia corregir sus dogmas para que el resto empiece a admitir que el problema existía. Y la lección es bastante clara: cuando la realidad se vuelve demasiado pesada, acaba obligando a todos a moverse. La izquierda se ve forzada a renunciar a parte de su catecismo. La derecha moderada descubre que ya no necesita vivir arrodillada ante los marcos del adversario. Y quienes no hacen ni una cosa ni la otra dejan el terreno libre para la polarización más destructiva.

La pregunta es cuánto tiempo más puede permitirse la política española seguir viviendo de espaldas a una realidad que el resto de Europa, tarde y mal, ha empezado al fin a reconocer.

Ese es el punto en el que está hoy Europa. Y ese es también el punto en el que España sigue negándose a entrar. La pregunta, por tanto, ya no es por qué Dinamarca cambió. La pregunta es cuánto tiempo más puede permitirse la política española seguir viviendo de espaldas a una realidad que el resto de Europa, tarde y mal, ha empezado al fin a reconocer.