La Televisión del Régimen: Crónica de una Captura Anunciada
Hay fraudes que se consuman en la oscuridad y otros que se ejecutan a plena luz, con descaro de quien sabe que la impunidad está garantizada. La captura de RTVE pertenece a esta segunda categoría. No estamos ante un desliz editorial ni ante un sesgo coyuntural. Estamos ante la conversión deliberada y sistemática de la televisión pública en un aparato de propaganda gubernamental financiado con el dinero de todos los españoles. Y lo verdaderamente obsceno es que quienes perpetran este atropello institucional ni siquiera se molestan en disimularlo.
El pasado 13 de enero, el Consejo de Informativos de Televisión Española hizo público un informe devastador de 144 páginas. Tras ocho meses de investigación y más de cien quejas internas de profesionales de la casa, la conclusión es tan nítida como demoledora: los programas Mañaneros 360, Malas Lenguas y La Hora de La 1 incumplen de forma habitual y reiterada las normas fundamentales de neutralidad y pluralismo que debe regir cualquier medio financiado con recursos públicos. Pero lo grave no es solo que exista este informe. Lo verdaderamente escandaloso es que nadie en La Moncloa ni en Prado del Rey va a dimitir por ello.
Porque estamos ante algo más profundo que un problema de gestión editorial. Estamos ante un modelo de corrupción institucional que combina tres elementos letales: el sesgo ideológico sistemático, la externalización opaca para eludir controles, y el uso deliberado del erario público para financiar la mentira. Cuando un Estado democrático destina 1.200 millones de euros anuales a sostener una maquinaria cuyo único propósito es blindar al Gobierno y atacar a la oposición, no estamos hablando de televisión pública. Estamos hablando de malversación democrática.
El negocio de la manipulación
Examinemos primero la dimensión económica de esta operación. Entre enero y octubre de 2025, productoras externas como La Cometa, Big Bang Media y La Osa Producciones ingresaron casi 20 millones de euros de dinero público para fabricar contenido partidista disfrazado de información. Veinte millones que no han servido para informar a los ciudadanos sino para adoctrinarlos. Veinte millones que han permitido colar en la parrilla a presentadores cuyo único mérito es la militancia ideológica.
Esta externalización no es casual. Es la pieza clave del engaño. Al ceder la producción de espacios informativos a empresas privadas, RTVE consigue algo que jamás podría lograr con sus propios servicios informativos: eludir los controles de calidad, sortear los mecanismos de verificación y, sobre todo, esquivar la responsabilidad editorial. Cuando Javier Ruiz o Jesús Cintora difunden un bulo, la dirección de RTVE puede lavarse las manos alegando que son productoras externas las que elaboran el contenido. Una argucia legal que viola frontalmente el Mandato Marco de 2007 y la Ley 17/2006, que prohíben taxativamente externalizar la producción de informativos.
Pero hay más. RTVE maneja hoy un presupuesto que ronda los 1.200 millones de euros, 250 millones más que en 2017. Sin embargo, su deuda ha pasado en el mismo periodo de 300 a 750 millones. Una sangría que se explica, entre otras razones, por decisiones ruinosas como gastar 327 millones en derechos audiovisuales o contratar a presentadores con sueldos obscenos. Silvia Intxaurrondo, por ejemplo, cobra 537.000 euros anuales según documentos oficiales confirmados por tres directivos del ente. Más de 22.000 euros al mes por hacer de portavoz de Moncloa desde un plató financiado con el dinero de quienes ella desprecia cada mañana.
Este despilfarro no es incompetencia. Es el precio que el Gobierno está dispuesto a pagar por tener su propia cadena de propaganda. Y lo pagan, naturalmente, todos los contribuyentes. Incluidos los casi cuatro millones de españoles que votaron al Partido Popular y los más de tres millones que respaldaron a Vox, cuyos impuestos sirven para financiar una televisión que les insulta y les llama idiotas.
La fábrica de bulos
Porque lo que convierte esta captura en algo intolerable desde el punto de vista democrático no es solo el sesgo. Es la mentira sistemática. Es la fabricación deliberada de falsedades desde un medio que debería ser garante de la verdad.
El caso paradigmático ocurrió el 30 de mayo de 2025. Los programas de Cintora, Ruiz e Intxaurrondo difundieron una noticia explosiva: un supuesto plan de un mando de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para atentar contra Pedro Sánchez con una bomba lapa. La noticia se basaba en meros chats de WhatsApp sin contrastar. Mientras los Servicios Informativos oficiales de TVE descartaban emitirla por falta de rigor, los espacios externalizados la mantuvieron en antena durante horas para alimentar el relato del "asedio de la ultraderecha". Días después, cuando Verifica RTVE desmintió el bulo, ninguno de estos programas rectificó con la misma intensidad. Ninguno pidió disculpas. Ninguno asumió responsabilidades.
¿Cómo se explica que una televisión pública tenga un departamento de verificación de bulos que desmiente lo que emiten sus propios programas? La respuesta es simple: porque esos programas no pertenecen realmente a RTVE. Pertenecen a productoras privadas que cobran millones por hacer propaganda. Y cuando la mentira es demasiado grosera, la corporación activa a Verifica para simular que existe algún tipo de control de calidad. Pero el daño ya está hecho. La noticia falsa ya ha cumplido su función: envenenar el debate público, polarizar a la sociedad, distraer de los escándalos del Gobierno.
No es un caso aislado. El 26 de agosto, la tertuliana Sarah Santaolalla declaró en Mañaneros: "Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox". Llamó a los dirigentes de esos partidos "inútiles mentales". RTVE no se disculpó. Al contrario, emitió un comunicado respaldando a la tertuliana tras las críticas en redes sociales. El mensaje es cristalino: desde la televisión pública se puede insultar impunemente a millones de españoles siempre que voten a partidos que no sean del agrado del Gobierno.
El diseño de la captura
Esta deriva no es fruto del azar. Es el resultado de un diseño institucional deliberado. En 2024, el Gobierno modificó la ley que regula RTVE para reducir las mayorías parlamentarias necesarias para elegir al presidente y al Consejo de Administración. Eliminó el concurso público. Concentró casi todas las competencias en la figura del presidente. Y colocó al frente a José Pablo López, cuyo único mérito aparente es la lealtad inquebrantable a Moncloa.
López ha convertido RTVE en TelePedro. Y lo ha hecho siguiendo un patrón que debería resultarnos familiar a quienes conocemos cómo los gobiernos autoritarios capturan los medios públicos: primero, cambiar las reglas para controlar los nombramientos; segundo, colonizar la parrilla con voces afines; tercero, externalizar para eludir controles; cuarto, usar el dinero público como arma política.
El Instituto Juan de Mariana cuantificó en noviembre pasado la magnitud del sesgo tras analizar 75 horas de programación. Los datos son apabullantes: por cada tres menciones negativas al PP y a Vox, solo una crítica al Gobierno. En los telediarios, el 41,6% de las menciones al PP son negativas, el 45,3% a Vox, pero solo el 23,1% al Gobierno de Sánchez. El 79,7% de los expertos invitados están alineados con el Ejecutivo. El 82% del lenguaje despectivo se dirige contra la oposición, a la que se retrata sistemáticamente como radical, extremista, ultraderecha.
Estos no son matices editoriales. Es propaganda de manual. Es lo que en otros países llamaríamos captura autoritaria de los medios públicos. Y lo más grave es que se hace con el dinero de quienes son víctimas de esa manipulación.
La resistencia interna y el silencio cómplice
Dentro de RTVE, la situación ha provocado una fractura insalvable. Los trabajadores llevan trece semanas consecutivas de protestas vistiendo de negro cada viernes. El Consejo de Informativos ha denunciado ante el Parlamento Europeo la falta de independencia, neutralidad y pluralismo. Profesionales con décadas de carrera se avergüenzan de lo que ha hecho con su casa. Pero nada cambia.
Porque el problema no es solo RTVE. Es un Gobierno que ha convertido la manipulación informativa en política de Estado. Que ha blindado con 270 millones de euros en publicidad institucional a los medios afines. Que ha intentado tomar el control de PRISA. Que ha entrado en Telefónica. Que subsidia a influencers. Que utiliza cada palanca del poder para construir un ecosistema mediático servil.
En democracias serias, cuando la BBC fue acusada de sesgo sistemático, dimitieron su director general y su responsable de informativos. En España, con pruebas mucho más contundentes, no dimite nadie. Y lo que es peor: la mitad del arco parlamentario celebra la manipulación porque favorece sus intereses. El PSOE y sus socios no solo toleran esta degradación. La aplauden, la financian y la defienden.
El coste democrático
La captura de RTVE no es un asunto menor. No es una anécdota sobre cuotas de pantalla o guerras de audiencias. Es la evidencia más palmaria de que este Gobierno ha decidido cruzar líneas rojas que ningún Ejecutivo democrático debería traspasar. Cuando el Estado utiliza los recursos de todos para financiar la mentira, cuando convierte la televisión pública en un arma contra la mitad del país, cuando premia con millones a quienes fabrican bulos y castiga a quienes exigen rigor, estamos ante un problema de naturaleza constitucional.
La Comisión Europea ha iniciado una revisión de la reforma de RTVE de 2024 para verificar si cumple con el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios. La respuesta es obvia: no lo cumple. Pero mientras Bruselas investiga, aquí seguimos financiando con nuestros impuestos una maquinaria de propaganda que insulta nuestra inteligencia, manipula la verdad y pervierte el debate público.
RTVE ya no es la televisión de todos. Es la televisión del régimen. Y cada español paga 22 euros al año por sostenerla. Es, probablemente, la estafa institucional más cara y más obscena de nuestra democracia. Y lo peor es que quienes la perpetran ni siquiera sienten la necesidad de disimularlo. Porque saben que, en la España de Sánchez, la impunidad está garantizada.