Los vecinos saben lo que votan
No hay ninguna paradoja en lo ocurrido en los pueblos leoneses tras los incendios. Leo con cierta perplejidad los análisis publicados estas semanas sobre el resultado electoral en los pueblos leoneses más castigados por los incendios del verano pasado. La perplejidad no viene de los datos —esos son claros y están ahí para quien quiera verlos— sino del tono, de esa mezcla de sorpresa y desconcierto que destilan los comentaristas al comprobar que los vecinos de Benuza, de Encinedo, de Puente Domingo Flórez o de Molezuelas votaron al PP o, en todo caso, no lo penalizaron especialmente. "La paradoja electoral de los incendios", titula algún medio. Como si hubiera algo paradójico en que la gente vote según lo que ha vivido y no según el relato que otros quieren que vivan.
El argumento de fondo en esos análisis es siempre el mismo, aunque se exprese de formas distintas: si tu pueblo ardió, deberías castigar a quien gobernaba la Junta. Es una lógica aparentemente impecable. Pero tiene un defecto de origen que los articulistas en cuestión no parecen advertir, o no quieren advertir: confunde la causa del problema con la respuesta al problema. Y esas son dos cosas radicalmente distintas.
Los incendios del verano de 2025 fueron, en sus causas estructurales, el resultado de décadas de política forestal basada en legislación estatal y europea: la acumulación de biomasa en los montes, el abandono del mundo rural, la ausencia de una estrategia preventiva a la altura del riesgo que existe en el interior peninsular. La Junta de Castilla y León no tiene especiales competencias sobre los grandes ciclos medioambientales ni sobre la regulación forestal a escala nacional. Es una obviedad que cualquier vecino de la zona conoce mejor que cualquier articulista de salón o ese grupo de trescientos activistas de guardia. Pero lo interesante no es eso; lo interesante es lo que vino después.
Porque lo que los vecinos de los pueblos quemados sí vieron de primera mano fue la respuesta de la Junta: la movilización de medios, la atención inmediata, las ayudas para la reconstrucción, la presencia institucional en los momentos más duros. Se puede discutir si fue suficiente o si podría haberse hecho mejor. Esas son preguntas legítimas. Pero lo que no puede sostenerse es que los votantes actúen de forma irracional cuando deciden valorar precisamente eso —la gestión posterior, la respuesta voluntaria y deliberada de quien gobierna— más que el hecho fortuito que la desencadenó.
En política, como en la vida, se juzgan los actos, no los accidentes. No valoraron un discurso. Valoraron hechos concretos: medios desplegados, presencia institucional y ayudas percibidas.
Y aquí llega la paradoja real, la que nadie parece querer escribir: los mismos comentaristas que se asombran de que los pueblos quemados no castiguen a la Junta no se asombran —ni lo más mínimo— de que León, en su conjunto, siga otorgando representación al PSOE pese a lo que el PSOE ha hecho deliberada y voluntariamente con esta provincia, o lo que hace a nivel nacional. Y eso sí son actos. Actos con nombre, apellidos y hemeroteca.
El FEVE lleva quince años enterrado en el centro de León. Quince. No ardió, no lo arrasó ningún incendio, no fue un accidente de la naturaleza. El ministerio de Óscar Puente lo acabó de rematar con una propuesta concreta: sustituir el prometido tren-tranvía por un autobús eléctrico circulando sobre la vieja traza de las vías. La Plataforma en Defensa de FEVE habló de "entierro", de "desprecio" y de quince años de promesas incumplidas. Es decir: la propia ciudad en la que gobierna el PSOE terminó rechazando la propuesta de su propio Gobierno. Y, sin embargo, el PSOE sigue siendo la fuerza más votada en la provincia. Eso no genera artículos sobre paradojas electorales.
El Corredor Atlántico sigue siendo una promesa en diferido. La conexión ferroviaria que debería articular el noroeste peninsular con Europa avanza con la cadencia de los proyectos que nadie tiene verdadera intención de ejecutar. El proyecto de Torneros, esa infraestructura logística que podría haber anclado actividad económica en la provincia, ha desaparecido de los planes con la discreción habitual de quien entierra compromisos sin llamar demasiado la atención; ahora, cuando se acabaron los argumentos de culpar a la Junta, se usa el del supuesto poco interés del empresariado leonés. Podíamos seguir: Emperador, centro de referencia del polígono industrial X, talleres de Renfe, mantenimiento de infraestructuras y tantos otros compromisos que nacieron como promesas y mueren como olvidos.
Nada de esto genera el tipo de análisis electoral que sí genera un incendio forestal. La razón es sencilla: un incendio tiene imágenes, tiene emoción, tiene víctimas visibles, y estos cobradores de las tragedias ya habían descontado el cobro de beneficios. La muerte lenta de una provincia por omisión deliberada no genera fotos dramáticas. No hay humo. Solo hay, año tras año, menos trenes, menos infraestructuras, menos razones para quedarse. Porque si el criterio fuera coherente, el foco no estaría en los incendios —hechos fortuitos— sino en decisiones políticas sostenidas durante años, pero claro eso no coincide con su relato.
Luego está la UPL. Y aquí sí que convendría que los comentaristas que tanto se interesan por las paradojas electorales leonesas dedicaran alguna columna a esta. La Unión del Pueblo Leonés ha construido durante décadas un discurso potente sobre el agravio fiscal y territorial de León dentro de Castilla y León. Es un discurso que tiene unas aparentes bases reales y una carga emocional innegable, aunque su arraigo geográfico es más estrecho de lo que sus dirigentes reconocen: no ha calado en Zamora ni en Salamanca, provincias leonesas en las que se basa la teoría del antiguo Reino que el leonesismo también reivindica, ni tampoco en el Bierzo, que con todo su peso demográfico sigue votando en clave distinta.
El problema, sin embargo, no es solo de extensión territorial. Es que ese discurso lleva años chocando con su propio historial de gestión allí donde sí tienen la fuerza y la representación para actuar. Y los datos, en este caso, son de una elocuencia incontestable.
La recogida de basuras, además de la incapacidad para resolver su gestión administrativa, se traslada a la práctica de la propia recogida sin los medios que la hagan posible.
En San Andrés del Rabanedo, el tercer municipio de la provincia, la UPL gobierna desde 2023. El resultado es documentable: el ayuntamiento acumuló 27 millones de euros en el banco que no podía gastar porque no existía plan económico financiero, ni liquidación de presupuesto, ni cuenta general aprobada. UGT denunció públicamente "un punto de colapso" institucional, con retrasos en el pago de nóminas y ausencia de interventor municipal durante más de un año.
Se denunció la devolución de más de un millón de euros en ayudas de Servicios Sociales a la Junta por incapacidad de gestión, mientras 85 personas esperaban en lista de atención domiciliaria que nunca llegó.
La recogida de basuras, además de la incapacidad para resolver su gestión administrativa, se traslada a la práctica de la propia recogida sin los medios que la hagan posible. "Paralización" es la palabra que aparece una y otra vez en los análisis de la oposición, de los sindicatos y, con menor entusiasmo pero igual evidencia, en los propios medios locales.
En la Diputación Provincial, el cogobierno PSOE-UPL ha producido un resultado que la propia prensa recogía esta semana en un editorial de título revelador: "El dinero anquilosado cuestiona el pacto PSOE-UPL". La cifra es notable: 214 millones de euros acumulados en remanentes sin gastar, atrapados en cajones mientras los pueblos de la provincia esperan obras y servicios. Una institución con las finanzas saneadas y recursos suficientes que, bajo la gestión conjunta del leonesismo y el socialismo provincial, ha convertido la inacción en sistema. La oposición ha denunciado esa "incapacidad de gestión" que bloquea recursos que deberían pagar mejoras reales en el territorio.
Y como ejemplo quizá más revelador de todos, y que ya expresé en otra tribuna, está el eclipse solar total del próximo agosto. León se encuentra en el corazón de la franja de totalidad. Será la primera vez en más de un siglo que un eclipse total puede contemplarse así en la península Ibérica. Un acontecimiento que, según los expertos, moverá millones de euros en turismo y que convierte a León en uno de los lugares más privilegiados del planeta para su observación. Otras provincias, que están peor situadas geográficamente, llevan meses con un plan estructurado y un lema lanzado al mercado, y ha convertido el eclipse en su bandera institucional. León, que lo tenía todo a favor, no tiene plan. No hay promoción, no hay estrategia, no hay nada. La Diputación cogobernada por PSOE y UPL llega tarde, improvisa y deja pasar, otra vez, una oportunidad que no se repetirá en generaciones. No es solo un eclipse. Es el reflejo de una forma de gobernar: dejar pasar oportunidades incluso cuando las condiciones son excepcionales.
Hay algo profundamente condescendiente en esa sorpresa con que algunos observan el voto de los pueblos quemados. Supone, en el fondo, que los vecinos de Benuza o de Encinedo necesitan que alguien desde la capital les explique cómo deberían haber votado para expresar correctamente su malestar.
No es un reproche ideológico, es una constatación funcional. Si tu argumento central es que el Gobierno central perjudica sistemáticamente a León, y tu respuesta práctica es facilitar la gobernabilidad de ese mismo Gobierno en las instituciones donde tienes influencia, sin exigir compromisos concretos y verificables, entonces el problema no es solo de la política nacional: es también tuyo.
Y lo que es más revelador: el representante leonesista en la Diputación, Luis Mariano Santos, que aparece en las manifestaciones por el Feve sujetando pancartas, sigue pactando semana a semana con los mismos que han enterrado ese Feve. Los vecinos de León no son tontos. Muchos lo saben. Que el resultado electoral lo refleje o no es ya otra cuestión.
Hay algo profundamente condescendiente en esa sorpresa con que algunos observan el voto de los pueblos quemados. Supone, en el fondo, que los vecinos de Benuza o de Encinedo necesitan que alguien desde la capital les explique cómo deberían haber votado para expresar correctamente su malestar. Que su criterio sobre lo que valoran en un gobernante —la respuesta, la presencia, la gestión de lo que sí estaba en sus manos— es un criterio equivocado o insuficientemente sofisticado. No creo que sea así. Creo que los vecinos de los pueblos quemados tienen una información de primera mano que los analistas no tienen: saben qué pasó después del fuego, saben quién apareció y quién no, saben si las ayudas llegaron o si solo llegaron las promesas.
El resultado del 15 de marzo en los municipios afectados por los incendios no es una paradoja. Es una lectura política adulta de una situación compleja. Lo verdaderamente paradójico sería otra cosa: que León siguiera otorgando representación a quienes la condenan por acción directa y premeditada, mientras se indigna con quien no pudo evitar que ardiera el monte. Eso sí sería extraño. Aunque, bien pensado, tampoco tanto: basta mirar lo que pasa en San Andrés del Rabanedo, en la Diputación, o donde el eclipse de agosto pasará de largo sin que nadie haya tenido la iniciativa de convertirlo en una oportunidad. La paradoja, si existe, no está en los pueblos quemados. Está en otro sitio.
El problema no es el voto. Es la incapacidad de algunos para comprenderlo.