Las políticas de inmigración en España

La constatación del fenómeno inmigratorio en España, país abierto al ámbito comunitario europeo y puente entre Europa y América, Europa y África, es un hecho evidente para su sociedad, pues se encuentra en un contexto de migraciones cada vez más predominante de dirección Sur-Norte y se caracteriza, de un lado, por la variedad de procedencias, lenguas y culturas de los inmigrantes y, de otro, por las dificultades para que los inmigrantes, en especial los trabajadores procedentes de países menos desarrollados, se incorporen a la sociedad española, de por sí también diversa y con dificultades políticas de integración.

Muchas son las cuestiones a debatir en relación con el fenómeno de la inmigración, que diferenciaremos entre las que son “relevantes para la investigación” y las, que son “relevantes para los inmigrantes”: De un lado, 1º) la contabilidad de las magnitudes de estos flujos de inmigrantes y el estudio del fenómeno de la inmigración en las diversas disciplinas; 2º) su caracterización legal y demográfica; 3º) la distribución de regiones y localidades de destino y circuitos de la inmigración temporera; 4º) los efectos de la relación entre inmigración y crecimiento (económico, demográfico y urbano). De otro lado, 5º) las actitudes de los españoles ante la problemática de integración y exclusión social y la escolaridad de los hijos de inmigrantes; 6º) las políticas de inmigración…

Analicemos estas últimas. España se ha convertido gradualmente desde los años 1980 en una sociedad de inmigración y en un país atractivo también por formar parte de la Unión Europea, de modo que entrar en España es entrar en Europa. Por tanto, se ha hecho preciso contar con una política inmigratoria, al igual que existía ya una política emigratoria española. Pero hasta 1990 no será presentada la primera formulación global de la política de inmigración e identificación de líneas de actuación.

En este tiempo, se han planteado diferentes tipos de intervención política de inmigración en España, enumeradas con un cierto orden temporal de aparición:

1. Políticas de control y filtro de flujos migratorios o políticas propias de un Estado con fronteras externas de la Unión Europea, que con una cierta permisividad se convierten en actuaciones de contingentación, favoreciendo o dificultando mediante medidas legales, el proceso migratorio, junto a permisos de residencia, autorizaciones de asilo y refugio o la adquisición de nacionalidad española.
2. Un segundo tipo de intervención relacionada con la política laboral, para proteger el mercado y proporcionar fuerza de trabajo en ciertos nichos laborales o sectores con déficit de mano de obra, mediante permisos de trabajo para los no comunitarios y un control de las condiciones laborales y del trabajo clandestino.
3. Políticas de integración social  y jurídica de los inmigrantes a través de procesos sucesivos de regularización, tendentes a evitar conflictos sociales con la población autóctona y a mejorar las condiciones de vida del inmigrante. En este caso, la intervención se generaliza a las Administraciones, en colaboración con ONGs, protegiéndose los derechos y libertades de los inmigrantes a la vez que aportando servicios de bienestar social.
4. Políticas de colaboración con los Estados de origen para evitar los flujos clandestinos y el empleo ilegal y sobre todo de cooperación para el desarrollo, a fin de que se reduzca sensiblemente la inmigración económica. Políticas fomentadas especialmente por la Unión Europea.
5. Políticas de fomento de la inmigración al servicio de una dimensión repobladora y de crecimiento de la población como país de destino. Ello supondría ampliar el cupo anual de entradas de inmigrantes no comunitarios, lo que supondría alcanzar cifras superiores de cientos de miles de inmigrantes por año para afrontar el Reto demográfico en buena parte de los territorios del interior de España.

Entre tanto, distintas líneas políticas de actuación se van concretando sucesivamente, fruto del desconcierto del Gobierno de turno y de la misma sociedad ante una inmigración inesperada y creciente en este siglo. De ahí que durante años se haya realizado un control de entradas y exigencia de visados para muchas nacionalidades, seguido de una diversidad de intervenciones tales como la inspección y sanciones administrativas y penales para empresarios que utilicen obreros en situación irregular, adaptación del contingente marcado de entradas a ajustar las ofertas de trabajo que se registran en el mercado laboral interior, medidas de promoción e integración social de los inmigrantes, actuaciones policiales en materia de erradicación de delincuencia y refuerzo del procedimiento de expulsión, o una mayor coordinación administrativa.

A pesar de las dificultades habidas, es indudable que se han ido articulando a partir de las Leyes de Extranjería diferentes programas de actuación en relación con los inmigrantes, a raíz de la concienciación que ha tomado la sociedad y en especial los partidos políticos sobre las bases siguientes: 1ª) encauzar y controlar los flujos migratorios de extranjeros por parte de los poderes públicos y no abandonarlos a las reglas del mercado y a los abusos de explotación de que pueden ser objeto los inmigrantes ilegales, estableciendo un contingente anual, sancionando a quienes trafican con inmigrantes o los emplean de forma irregular; 2ª) conseguir en lo posible la integración social de los inmigrantes en los ámbitos del empleo y formación profesional, en lo educativo y social. Sin embargo, se vienen produciendo ciertos conflictos de extrema violencia en lugares concretos donde se concentra la inmigración (áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona y núcleos mediterráneos de jornaleros del campo, con localidades en este aspecto muy conocidas por tales conflictos, como Aravaca, Badalona, Torre Pacheco o El Ejido), o, por otro lado, las expulsiones de inmigrantes de Ceuta y de Melilla.

Diríamos, finalmente, que si antes existía un cierto consenso entre los dos partidos políticos mayoritarios en torno al control de fronteras del Estado y las políticas de integración y laboral de la inmigración, los discursos se han venido a enfrentar, máxime en cada proceso habido de regularización de extranjeros como en la actualidad, que podría superar el millón de personas, con los efectos consiguientes de atracción de nuevos inmigrantes irregulares que seguirán concentrándose en las áreas metropolitanas y mediterráneas, con imágenes en estos días de colas de inmigrantes ante los ayuntamientos de acogida para conseguir certificados, caso de Barcelona en la foto del 16 de abril. Defiendo, además, como ciudadano leonés y geógrafo, que la política migratoria debe ser contemplada en todas sus dimensiones territoriales, integrándose plenamente en las actuaciones vinculadas al Reto demográfico, con el fin de avanzar hacia un mayor equilibrio social, económico y poblacional entre territorios.