Las que Sostienen

Cuando paseamos por cualquier ciudad de Castilla y León, especialmente a media mañana o al atardecer, es habitual encontrarnos con mujeres latinoamericanas, magrebíes o procedentes de otros países acompañando a personas mayores. Las vemos empujando sillas de ruedas, caminando despacio junto a quienes se apoyan en un andador o prestando su brazo a quienes necesitan ayuda para desplazarse.

Pero su trabajo va mucho más allá de ese apoyo físico. Son quienes escuchan historias, a veces repetidas, quienes conversan, acompañan, muestran interés, comparten alegrías y preocupaciones, y sostienen la afectividad y los vínculos sociales de personas que, en muchos casos, pasarían gran parte del día en soledad. Están pendientes de las medicaciones, de las citas médicas, de los cambios en la salud, de la alimentación y de las inquietudes cotidianas. En definitiva, sostienen la vida diaria de miles de personas mayores y dependientes.

Sin embargo, rara vez reconocemos la dimensión real de esta labor. Según el informe Trabajo Invisible y Cuerpos Rotos de Intermón Oxfam, España es el país de la Unión Europea con mayor número de empleadas de hogar y cuidados, concentrando el 34,5 % del total de trabajadoras del sector. En 2024, 565.718 personas trabajaban en este ámbito en nuestro país; el 87,2 % eran mujeres y el 69 % tenían nacionalidad extranjera o doble nacionalidad.

El informe añade que las trabajadoras del hogar y de los cuidados se han convertido en una pieza imprescindible para responder a las necesidades de una sociedad cada vez más envejecida. Su contribución resulta esencial para el bienestar colectivo. Sin embargo, esa importancia social contrasta con las condiciones laborales que soportan: informalidad, bajos salarios, precariedad y situaciones de discriminación continúan siendo una realidad cotidiana para muchas de ellas.

Si nos centramos en Castilla y León, el informe del CES (2024), La situación de la población inmigrante en Castilla y León, muestra que el 86 % de las mujeres inmigrantes trabaja en el sector servicios, principalmente en los cuidados (22,7 %), la limpieza (16,4 %), la hostelería (14,1 %), el comercio y el servicio doméstico.

Y que, en el caso de las mujeres inmigrantes, estos empleos están caracterizados por una elevada temporalidad, precariedad y, en muchos casos, ausencia de contrato laboral.

Además, la ganancia media anual de las personas extranjeras en Castilla y León es de 15.624 euros, frente a los 24.476 euros de las nacidas en España. Si la brecha salarial de género —la diferencia media entre los ingresos brutos de mujeres y hombres— ronda más del 17% %, la situación de las mujeres extranjeras es aún más desfavorable. Sus salarios son tan bajos que la diferencia respecto a los hombres españoles es mucho mayor.

También son personas migrantes quienes trabajan en la agricultura, la ganadería, la hostelería, la construcción o numerosos sectores esenciales para la economía y el bienestar cotidiano. Realizan tareas imprescindibles que muchas veces pasan desapercibidas hasta que faltan

El informe del CES también revela que la actual situación demográfica de Castilla y León es el resultado de décadas de pérdida de población y envejecimiento, una tendencia consolidada desde mediados del siglo XX. Por lo que cada año aumenta el peso de una población envejecida que necesita más cuidados y más servicios...

Pero en el siglo XXI, además, Castilla y León se enfrenta a una segunda ola de despoblación. Las personas jóvenes con alta cualificación abandonan tanto el medio rural como las ciudades medias y capitales provinciales... Por lo que hay áreas, esa España cada vez más vaciada, que sufren un envejecimiento extremo.

Por eso resulta en especial preocupante que sean precisamente estas personas las que aparezcan señaladas en el discurso de la denominada «prioridad nacional» impulsada por el nuevo Gobierno de Castilla y León (PP-VOX). Más allá de las medidas concretas que finalmente se adopten, importa el mensaje político que se transmite. Los discursos no son inocuos: modelan percepciones, crean ideas y asientan creencias, construyendo una determinada forma de entender y actuar en sociedad.

Cuando una idea se repite una y otra vez —por ejemplo, que los recursos son escasos y que quienes vienen de fuera nos lo quitan, muchas personas terminan interpretando la realidad desde ese enfoque parcial y sesgado. Sin embargo, las causas son otras: una financiación insuficiente de la sanidad y de los servicios sociales, la falta de residencias públicas, la escasez en las pensiones, la falta de profesionales en determinadas zonas o las dificultades derivadas del envejecimiento de la población, pero, presentar la inmigración como la causa de esos problemas es desviar la atención de los problemas reales, de las causas estructurales, señalar al otro como amenaza, y que vivan con miedo

Los marcos narrativos determinan aquello en lo que ponemos nuestra atención. Si el foco se sitúa en la competencia y la sospecha, el discurso enfatiza que las personas migrantes reciben numerosas ayudas o hacen un uso excesivo de los servicios públicos. En cambio, si se quiere promover la convivencia, entonces vemos lo que aportan: su trabajo, pagan impuestos y sostienen servicios esenciales. La forma en que se define un problema condiciona también las soluciones que la sociedad considera legítimas y aceptables

Y, cuando se repite la idea de una «prioridad nacional», se crea un marco mental que divide a la sociedad entre quienes pertenecen plenamente y quienes aparecen como secundarios. A partir de ahí, resulta más fácil justificar desigualdades, restricciones de derechos o trato diferente que, en otras circunstancias, nos parecerían inaceptables. Porque previamente a cambiar las leyes, se nos “educa” en cambiar la forma en que las personas perciben a sus vecinos y vecinas.

La idea de que «los nuestros van primero» implica, en la práctica, asumir que existen ciudadanos de primera y de segunda categoría. Se apela al miedo y al sentimiento de pertenencia para obtener apoyo político de quienes creen que serán los beneficiados, mientras se envía a las personas migrantes —que trabajan, cuidan y contribuyen al bien común— el mensaje de que nunca serán plenamente parte de la comunidad. Quienes alimentan ese discurso buscan rentabilizar políticamente la división social.

El rechazo hacia quien es diferente no surge de manera espontánea, sino que se aprende. Es relativamente sencillo sembrar el miedo, el prejuicio o la desconfianza hacia quienes tienen otro origen y otra cultura. Mucho más difícil, pero también mucho más valioso, es educar en la igualdad, la empatía y el respeto a la dignidad inherente de todas las personas.

España se ha construido gracias a la aportación de numerosos pueblos y culturas —íberos, fenicios, romanos, suevos, visigodos, musulmanes y muchos otros—. La cooperación, la solidaridad y la capacidad de integrar la diversidad han sido factores esenciales para la supervivencia y el progreso de la humanidad a lo largo de la historia. Renunciar a ellos en favor del enfrentamiento y la exclusión no fortalece una sociedad; al contrario, la hace más frágil, más injusta y menos democrática.

Mientras miles de trabajadoras y trabajadores aportan a nuestro bienestar colectivo, quizá la pregunta que deberíamos hacernos no es quién tiene prioridad, sino que políticas hacer para que los recursos lleguen y se distribuyan de forma equitativa a todos y todas los que lo necesitan.

Eloina Terron Bañuelos, Profesora T. de Servicios a la Comunidad (Jubilada)