El listado de morosos que acabó en asesinato
En junio de 1936, el Boletín Oficial de la provincia de León publicó un listado con los vecinos del municipio de Oencia que no estaban al corriente en el pago de sus impuestos. El documento, firmado por el recaudador de contribuciones Avelino López Castro, respondía a una práctica administrativa habitual, pero acabaría teniendo consecuencias fatales.
En aquella relación figuraban varios nombres que, pocos meses después, cobrarían protagonismo en el nuevo escenario político surgido tras el golpe militar.
Octubre de 1936: detención en el ayuntamiento
La mañana del 7 de octubre de 1936, Avelino López Castro fue requerido en el ayuntamiento de Oencia por Paciano Sánchez, jefe local de Falange y alcalde impuesto por las autoridades militares.
El recaudador, cuya labor consistía en velar por el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los vecinos, fue detenido en ese mismo momento. Su trabajo, que hasta entonces había sido puramente administrativo, pasó a ser considerado un problema en el nuevo contexto de poder.
De la cárcel al asesinato
Tras su detención, López Castro fue conducido a punta de pistola hasta la prisión de partido de Villafranca del Bierzo. Aquella misma noche, fue sacado del centro y trasladado hasta las inmediaciones de La Portela de Valcarce, donde fue asesinado.
En el crimen participaron, además del propio alcalde, varios vecinos cuyos nombres aparecían en el listado de morosos: Francisco Morán, Manuel González, Domingo Iglesias y Clemente Sánchez, hermano del regidor, que además encabezaba aquella relación de deudores.
Una historia rescatada del olvido
Este episodio ha sido recuperado por el historiador Santiago Macías, uno de los principales impulsores de la Memoria Histórica en España, quien ha reconstruido los hechos a partir de documentación de la época.
El caso pone de manifiesto cómo, en los primeros compases de la Guerra Civil, la represión se entrelazó en numerosas ocasiones con venganzas personales, utilizando el nuevo poder político para saldar cuentas pendientes.
La muerte de Avelino López Castro ilustra un patrón que se repitió en muchos puntos del país: personas vinculadas a funciones públicas o administrativas fueron perseguidas en un contexto en el que la legalidad quedó completamente desdibujada.
