El PP pide explicaciones en el Congreso al Gobierno por la gestión de Ciuden
El Partido Popular de León ha vuelto a llevar al Congreso el denominado “caso Ciuden” mediante la presentación de nuevas iniciativas parlamentarias. La formación reclama al Gobierno central que aclare las informaciones sobre presuntas irregularidades en la Fundación Ciudad de la Energía y que detalle los mecanismos de control aplicados a esta entidad pública con sede en la provincia.
Las diputadas nacionales Ester Muñoz y Silvia Franco sostienen que la gestión de la fundación genera dudas en materia de seguridad, supervisión administrativa y uso de fondos públicos.
Seguridad en La Térmica Cultural
Uno de los ejes de las preguntas registradas se centra en La Térmica Cultural, espacio dependiente de Ciuden que acoge actividades culturales y eventos multitudinarios. El PP solicita información sobre la posible existencia de informes técnicos que alertaran de una “posible situación de peligro grave” y de “riesgos graves” relacionados con prevención de riesgos laborales y planes de autoprotección.
Las parlamentarias piden conocer cuándo tuvo conocimiento el Gobierno de esos informes, qué decisiones se adoptaron y si se mantuvo la actividad abierta al público pese a las advertencias. También reclaman datos sobre eventuales limitaciones de aforo, cierres temporales o suspensión de actos hasta la corrección de deficiencias en señalización, evacuación o sistemas de aviso.
“Lo primero es lo primero: la seguridad; si había informes internos alertando de riesgos graves, los leoneses tenemos derecho a saber qué se sabía, cuándo se supo y qué se hizo”, señalan Muñoz y Franco. Añaden que “estamos hablando de un espacio de pública concurrencia: no vale mirar a otro lado ni taparlo con propaganda; hacen falta explicaciones públicas y verificables”.
Control económico y contratación
El PP también ha solicitado información detallada sobre la tutela y supervisión que ejerce el Ejecutivo sobre Ciuden, así como sobre la periodicidad de los controles. “Una fundación pública no puede funcionar sin tutela real: queremos saber qué mecanismos concretos de supervisión existen, cómo se aplican y quién responde cuando fallan”, apuntan.
Entre las cuestiones planteadas figuran el régimen de control económico-financiero, las actuaciones relativas a contratación menor, posibles sistemas de pago y anticipos, y las auditorías realizadas desde 2020. “Cuando está en juego dinero público, no caben silencios ni cortinas de humo”, sostienen.
Asimismo, preguntan si se han abierto expedientes internos o adoptado medidas organizativas para prevenir irregularidades y si el Gobierno prevé reforzar los sistemas de supervisión, especialmente en materia de contratación pública.
Fondos europeos y responsabilidades
Las diputadas populares también han pedido aclaraciones sobre la protección del informante y el deber de neutralidad institucional. “En democracia, quien alerta de posibles irregularidades debe estar protegido, no señalado”, subrayan.
En paralelo, el PP quiere descartar que las dudas sobre la gestión contractual de Ciuden puedan afectar a fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “León no puede pagar las consecuencias de una gestión temeraria: si esto salpica a fondos europeos, el daño sería enorme”, advierten.
Por último, la formación exige explicaciones “inmediatas” y la asunción de responsabilidades si se confirmaran fallos en la gestión o en los controles. “La política no puede mirar hacia otro lado: si se confirma que se mantuvo la actividad pese a advertencias de riesgo o que fallaron los controles sobre el gasto y la contratación, tiene que haber consecuencias”, concluyen.
