Abai suspende temporalmente el traslado de su plantilla en León a la espera de su juicio en julio
El proceso de traslado obligatorio de 50 empleados de Abai desde León a L’Hospitalet de Llobregat, inicialmente previsto para el 10 de junio, ha quedado en suspenso. La medida se produce tras una propuesta de la empresa que pospone cualquier cambio hasta la celebración del juicio programado para el próximo 23 de julio, en el que se analizará la legalidad de la decisión empresarial.
La paralización llega justo antes de que el juzgado de lo Social valorase unas medidas cautelares solicitadas por el comité de empresa, que considera que se trata de un procedimiento encubierto de despido colectivo. Tras semanas de movilización y sin avances en la negociación, la compañía ha optado por no ejecutar de momento la reubicación de la plantilla.
Alegaciones de movilidad y teletrabajo
La plantilla afectada trabaja prestando servicios a Endesa desde León, y sostiene que la actividad se puede realizar de forma remota, dado que muchos de los empleados ya lo hacen bajo régimen de teletrabajo. Además, parte del personal figura desde hace años con cotización en Barcelona, lo que, según los representantes sindicales, invalida el argumento de movilidad geográfica para todos los casos.
El comité de empresa argumenta que la propuesta de traslado no responde a una necesidad operativa, sino a una estrategia para reducir plantilla en León, una de las sedes históricas del servicio. También cuestiona la falta de transparencia sobre los términos del contrato entre Abai y Endesa, del que apenas se les ha permitido conocer fragmentos. Una denuncia sobre la que CGT, el sindicato que en primer término denunció la situación, viene insistiendo.
Denuncias por falta de sensibilidad social
Desde el comité se ha entregado al juzgado documentación relativa a las circunstancias personales de los trabajadores afectados, como cargas familiares, situaciones de dependencia y contratos con reducción de jornada, que no habrían sido tenidas en cuenta por la empresa en su decisión. Además, se considera que las compensaciones ofrecidas —ayudas puntuales al alquiler y desplazamientos ocasionales— no son suficientes para afrontar una mudanza a un área con un coste de vida mucho más elevado.
Varios empleados ya han aceptado indemnizaciones por extinción voluntaria de contrato, en parte por temor a una futura pérdida de derechos si se produce el cierre definitivo de la sede en León. La representación sindical insiste en que esta presión forma parte de una estrategia para vaciar progresivamente el centro.
El 23 de julio, día decisivo
La decisión judicial prevista para el 23 de julio será clave para el futuro de los trabajadores. Aunque el comité considera que el servicio puede mantenerse desde León y que la plantilla tiene capacidad para seguir operando desde allí, la empresa sostiene que las exigencias del cliente justifican el traslado.
El conflicto pone el foco en la creciente tensión en el sector de la atención al cliente, donde las reestructuraciones mediante cambios de centro o teletrabajo son cada vez más habituales y, según los sindicatos, utilizadas en ocasiones como herramientas encubiertas de reducción de personal. En el caso de Abai en León, la cuenta atrás sigue en marcha.
