El abandono de Bodegas Armando en León capital se enquista con la presencia de nuevos okupas
El futuro del edificio de Bodegas Armando continúa pendiente de una solución definitiva mientras el Ayuntamiento de León avanza, aunque con lentitud, en el procedimiento de venta forzosa. El inmueble, situado al comienzo del Paseo de Salamanca y abandonado desde hace aproximadamente 25 años, mantiene un deterioro que los vecinos consideran cada vez más preocupante.
La tramitación municipal se desbloqueó el pasado mes de febrero después de años de expedientes y requerimientos sin que la propiedad acometiera las actuaciones necesarias. La vía elegida permite al Ayuntamiento impulsar la venta del inmueble mediante subasta si los propietarios no cumplen sus obligaciones urbanísticas dentro de los plazos establecidos.
Un edificio degradado durante un cuarto de siglo
El estado de Bodegas Armando se ha convertido en una fuente recurrente de malestar para los residentes del entorno. Al deterioro físico del inmueble se suman problemas de salubridad y la presencia habitual de personas que acceden al interior del edificio.
Las denuncias vecinales se han sucedido durante años. Desde 2018, el Ayuntamiento ha impuesto multas y ha formulado distintos requerimientos a los propietarios, sin que esas actuaciones hayan permitido solucionar el problema.
Los vecinos aseguran ahora que la situación continúa generando molestias y preocupación. Han trasladado de forma pública vídeos en los que, según explican, se observa en las últimas horas la entrada de okupas en el inmueble y reclaman una actuación policial que consideran insuficiente ante la reiteración de estos accesos.
La venta forzosa, la vía para desbloquear el inmueble
El Ayuntamiento ha optado por recurrir a la venta forzosa como mecanismo para tratar de poner fin al abandono. Se trata de un procedimiento mediante el cual, una vez cumplidos los trámites correspondientes, el inmueble puede salir a subasta y ser adjudicado a un nuevo propietario que deberá asumir las obligaciones urbanísticas.
En Comisión de Urbanismo dio luz verde al inicio del expediente, que debe continuar su recorrido administrativo antes de alcanzar su siguiente fase. El procedimiento se apoya en un informe de inspección urbanística que constata el empeoramiento de las condiciones del edificio y alerta del riesgo asociado al estado de sus cubiertas.
El arquitecto municipal ha fijado en 1,8 millones de euros la valoración del inmueble, una cifra que servirá como referencia dentro del proceso.
Los plazos ralentizan una solución que los vecinos esperan desde hace años
Aunque el expediente ya está en marcha, su evolución está siendo más lenta de lo que esperaban los residentes debido a los diferentes plazos administrativos que deben cumplirse antes de poder llegar a una eventual subasta.
La propiedad dispone de un periodo de un mes para formular alegaciones y, en su caso, ejecutar las actuaciones urbanísticas que tiene pendientes. Solo una vez superado ese trámite sin que se produzca el cumplimiento exigido podrá el Ayuntamiento continuar hacia la venta forzosa.
El proceso, por tanto, todavía no implica una subasta inmediata. La Administración debe respetar las distintas fases del procedimiento antes de que pueda producirse una adjudicación.
El dinero de la venta no se quedaría íntegramente en manos de los propietarios
En caso de que finalmente el inmueble sea subastado, la cantidad obtenida no supondría la pérdida automática de todos los derechos económicos de los actuales titulares. El importe de la operación se entregaría a los propietarios una vez descontados los gastos derivados de la gestión del procedimiento y las sanciones que permanezcan pendientes.
El objetivo municipal es que la venta permita desbloquear un inmueble que lleva décadas sin cumplir adecuadamente con las obligaciones de conservación y mantenimiento.
Los vecinos mantienen la presión
Mientras el expediente avanza por la vía administrativa, el problema continúa sobre el terreno. Los residentes del entorno aseguran que la entrada de personas en el edificio sigue produciéndose y que la insalubridad asociada al abandono permanece sin resolver.
Los vídeos que han aportado pretenden acreditar esa situación y reflejan, según los vecinos, que el problema no se limita al aspecto exterior del inmueble. Reclaman una respuesta más contundente para impedir nuevos accesos y evitar que el edificio siga funcionando como un foco de inseguridad y suciedad.
Bodegas Armando afronta así una nueva etapa después de casi una década de expedientes municipales y de aproximadamente 25 años de abandono. La venta forzosa abre una posible salida, pero los plazos administrativos hacen que la solución definitiva todavía quede pendiente, mientras el malestar vecinal continúa creciendo.
