Colegio de Abogados y CCOO denuncian el "colapso" de la Justicia en León por la Ley de Eficiencia
Pasada una semana desde la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia, el sector justicia de Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este martes el "grave colapso organizativo" que se está produciendo en los juzgados pertenecientes al ámbito no transferido que dependen de la gestión del Ministerio de Justicia, como consecuencia de la implantación de la Ley de Eficiencia Organizativa, una "norma impuesta sin planificación previa, sin un estudio serio de las necesidades reales de la Administración de Justicia y sin dotación presupuestaria suficiente". En la provincia de León, esto afecta tanto a los juzgados de la capital como a Ponferrada.
El sindicato coincide en su denuncia con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), desde donde se ha mostrado su "profunda preocupación" por el atasco judicial provocado por el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia que temen que genere un "colapso en los tribunales".
En un comunicado, CCOO subrayó que ha sido el único sindicato que no ha firmado ningún acuerdo con el Ministerio de Justicia para la implantación de esta ley, precisamente por advertir "desde su inicio que el verdadero problema de la Justicia no es organizativo, sino estructural". Según el informe de 2023, el sistema judicial español necesita la creación de al menos 400 nuevos juzgados, y no la redistribución de unos efectivos ya de por sí desbordados por una litigiosidad en constante crecimiento, indicó el sindicato.
Gestión centralista
Sin embargo, "el Ministerio de Justicia no solo ha ignorado estas conclusiones, sino que ha optado por una política de reorganización interna a coste cero, basada en la redistribución de personal sobrecargado, sin reforzar plantillas, sin crear nuevos órganos judiciales y sin atender las necesidades específicas de cada territorio. Esta forma de actuar evidencia una gestión centralista, con directrices férreas dictadas desde Madrid, que no ofrece soluciones reales a los problemas que se están manifestando en las distintas provincias durante la implantación de la ley, problemas que son aún más evidentes en provincias donde no estaba operativa la NOJ (Nueva Oficina Judicial)", añadió CCOO.
En este mismo, desde el sindicato se advierte que las incidencias más graves se están registrando en "edificios cuyas características arquitectónicas no permiten la agrupación física del personal en los términos exigidos por la nueva organización". Pese a ello, prosiguen, "únicamente se están realizando adaptaciones menores, tardías e insuficientes, incapaces de dar respuesta a las necesidades reales del servicio público de Justicia".
"Con respecto a los edificios de los juzgados de León y Ponferrada, esta situación no ha resultado tan gravosa, puesto que contaban con la NOJ, aunque, sobre todo en los juzgados de León (en la avenida Sáez de Miera), los cuales, actualmente se encuentran inmersos en una reforma integral de dicho edificio judicial, por lo tanto, "añadiéndose estas dificultades a los problemas generados por la implantación de los tribunales de instancia".
Sin estudios ni datos objetivos
Desde CCOO Justicia denuncian que "la redistribución del personal y de las cargas de trabajo se ha llevado a cabo sin un estudio previo serio por el Ministerio, sin datos objetivos y sin escuchar las reclamaciones de los representantes sindicales, concretamente las ofrecidas con conocimiento de causa por CCOO. Las decisiones se han adoptado en mesas de negociación donde apenas se han admitido modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, lo que demuestra una actitud continuada de imposición, opacidad y falta de transparencia".
Además, indicaron que "el caos organizativo se agrava por la falta de medios materiales y de comunicación. Hay teléfonos que no funcionan, otros no se atienden, y el directorio telefónico y de correos electrónicos del Ministerio de Justicia no ha sido actualizado, la inexistente cartelería con la identificación de cada oficina judicial, así como de sus nuevas ubicaciones, o en su caso, las instaladas recientemente, no se ajustan a la realidad", pese a las reiteradas peticiones elevadas por el sindicato. "El resultado es que, si antes era difícil para la ciudadanía y los profesionales obtener información sobre sus asuntos, ahora el sistema se ha convertido en un auténtico laberinto, sin responsables claros ni canales eficaces de comunicación", aseguran.
"A ello se suma la inexistencia de formación presencial para el personal afectado por los cambios organizativos. El Ministerio retiró a las personas encargadas de impartir dicha formación, dejando a las trabajadoras y trabajadores sin apoyo ni instrucciones claras para desempeñar sus nuevas funciones", añadió CCOO.
Justificación de fondos europeos
Igualmente, CCOO Justicia denunció que "la implantación acelerada de esta ley responde fundamentalmente a la necesidad de justificar los fondos europeos comprometidos antes del 31 de diciembre. Fondos que, además, no solucionan los problemas estructurales de la Justicia, ya que están destinados exclusivamente a mediación y digitalización, y no a la creación de nuevos juzgados, al refuerzo de plantillas ni a la mejora real de las condiciones de trabajo".
Comisiones Obreras lleva denunciando esta situación desde el inicio de manera "contundente y reiterada": el resultado de esta política es "un atropello sistemático de los derechos del personal de la Administración de Justicia, que ve comprometidas sus funciones, sus condiciones laborales y, en última instancia, la seguridad jurídica que debería garantizarse mediante una definición clara y adecuada de los puestos de trabajo".
Por todo ello, CCOO Justicia exigió este martes un "cambio radical de enfoque": "planificación real basada en datos objetivos, creación de nuevos órganos judiciales, dotación presupuestaria suficiente, inversiones en infraestructuras, actualización inmediata de los sistemas de comunicación, formación presencial efectiva y un verdadero proceso de negociación que respete a las trabajadoras y trabajadores y garantice una Justicia eficiente y de calidad", indicaron.
Preocupación del Consejo de Abogacía
Por otro lado, el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) mostró también su preocupación ante la "asunción de nuevas competencias" en los órganos judiciales, en particular las relativas a los delitos contra la libertad sexual por parte de las secciones de Violencia sobre la Mujer. “Esta ampliación competencial supondrá un notable incremento de la carga de trabajo, agravado además por la comarcalización de los juzgados en las provincias de Valladolid y León, donde serán las capitales y Ponferrada los partidos judiciales que asumirán todos los asuntos de violencia de género y sexual de la provincia”, explicó el leonés Fernando Rodríguez Santocildes, presidente del CACYL, quien lamentó que “esta situación, que obligaría a muchas víctimas a desplazarse largas distancias para prestar declaración, podría dejar a la ciudadanía de las zonas rurales en una clara situación de inferioridad y refleja, en el fondo, la tendencia a la desaparición a medio plazo de los partidos judiciales del mundo rural”.
Oficinas municipales de Justicia
La Abogacía de Castilla y León apostó, en este sentido, por reforzar las oficinas municipales de Justicia como “verdaderos puntos tecnológicos de atención”. “El objetivo es dotarlas de medios suficientes que garanticen un funcionamiento eficaz, la presencia profesional y una justicia de proximidad que no dependa de la ubicación física del tribunal”, señala el presidente del CACYL. En este contexto, destaca el papel que desempeñan las diputaciones provinciales y afirma que “desde la abogacía se impulsará de manera conjunta su colaboración para asegurar el buen funcionamiento y la eficacia de estas oficinas”.
Asimismo, el CACYL manifestó su “firme disposición” para colaborar activamente en la detección de posibles incidencias e irregularidades de la nueva organización judicial, así como en la “búsqueda coordinada de soluciones que garanticen el correcto funcionamiento del sistema”. En este sentido, Rodríguez Santocildes destaca la participación de la abogacía en la Comisión de Calidad del Servicio Público de Justicia, que tiene previsto reunirse a principios de año a instancia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, “consolidándose como un espacio estratégico para velar por la excelencia y la mejora continua de la administración de justicia en la comunidad autónoma”.