La administración de Justicia en León se bloquea con el caos provocado por la entrada en servicio de los Tribunales de Instancia en León y Ponferrada
"Ha entrado en funcionamiento los Tribunales Instancia el día 31 de diciembre tanto en León como en Ponferrada. Estos días de comienzo están siendo caóticos, lo esperado del Ministerio de Justicia ante tanta imposición e improvisación". Así de contundente lo aseguraba este jueves a Heraldo de León, Conchi González, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).
Sus palabras son el reflejo de una realidad remarcada por abogados, procuradores y auxiliares de Justicia. La puesta en marcha del nuevo sistema judicial en los dos últimos partidos judiciales de la provincia ha evidenciado importantes dificultades operativas desde el primer momento.
Tanto en la capital leonesa como en Ponferrada, STAJ y profesionales del ámbito jurídico coinciden en señalar una ralentización notable de los trámites, incidencias técnicas continuas y una falta de información práctica sobre la nueva organización interna.
Problemas
En el complejo judicial del Paseo de Sáenz de Miera, uno de los principales focos de conflicto se localizó en la tramitación de diligencias policiales.
La situación ya había sido apuntada por la parte sindical. Durante buena parte de la jornada, los cuerpos policiales encontraron serios obstáculos para remitir atestados. A ello se sumaron dificultades en el área de lo Mercantil, donde las notificaciones electrónicas quedaron bloqueadas por fallos en Lexnet.
Desorientación entre profesionales y funcionarios
Abogados, procuradores y personal de la Administración de Justicia describen un escenario de desconcierto generalizado. La nueva distribución de órganos judiciales ha obligado a localizar salas y servicios sin una señalización clara ni instrucciones previas suficientes.
En paralelo, las aplicaciones informáticas no permiten, en muchos casos, una consulta ágil de los expedientes, lo que obliga a recurrir a métodos alternativos para identificar procedimientos y avanzar en su tramitación.
La acumulación de incidencias ha provocado que numerosas comunicaciones queden pendientes y que los tiempos de respuesta se alarguen de forma significativa, afectando tanto a profesionales como a ciudadanos con procedimientos en curso.
Reorganización
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el nuevo encaje de las causas de violencia de género. El antiguo Juzgado de Instrucción número 4 de León ha dejado de asumir en exclusiva esta materia, que ahora recae en el Tribunal de Instancia de Violencia sobre la Mujer número 1. Mientras se completa la incorporación de la persona titular del órgano, la carga de trabajo está siendo atendida por un juez sustituto, lo que añade presión a un sistema ya tensionado.
Las disfunciones tecnológicas y la adaptación apresurada al nuevo modelo están complicando el funcionamiento ordinario, especialmente en un ámbito que requiere una respuesta inmediata y especializada.
Un problema de alcance estatal
Desde el sindicato STAJ se subraya que las incidencias no se limitan a León y Ponferrada, sino que forman parte de una problemática más amplia derivada de la implantación simultánea del modelo en distintos puntos del país. "Es el resultado imposición e improvisación", asegura Conchi González.
En el caso de las capitales que ya contaban con Oficina Judicial, como León, la transición se está amortiguando parcialmente gracias a la continuidad de servicios como el de Ordenación del Procedimiento y el de Ejecuciones.
No obstante, persisten dificultades relevantes en las unidades de guardia y en las secciones especializadas, donde personal sin experiencia previa en determinadas materias está asumiendo funciones sin disponer de acceso completo a aplicaciones clave como el sistema Siraj (medidas cautelares). Una situación que, según las organizaciones profesionales, incrementa el riesgo de errores en un momento especialmente delicado para la administración de justicia.
